sábado, 30 de enero de 2010

Editorial del Los Angeles Times sobre judicialización en Colombia

El artículo tiene que ver con la judicialización de Gabriel González y el uso de los procesos sin fundamento para silenciar los defensores de derechos humanos en Colombia

Colaboración de Jorge Castellanos

Editorial
La justicia colombiana vs. los derechos humanos

¿Se convertirá el activista Principe Gabriel González Arango en una víctima más del desproporcionado sistema judicial colombiano?

21 de enero del 2010

Hace solo unas semanas, el activista de derechos humanos Principe Gabriel González Arango (grafica) estaba en Washington, D.C. reuniéndose con oficiales de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, testificando ante el Congreso estadounidense y estaba siendo homenajeado en Nueva York por su trabajo a favor de los presos políticos y por el alto precio personal que ha pagado por este trabajo.

González, quien proporcionaba a los presos servicios sociales y servicios educativos, fue detenido en el 2006 acusado con la calumnia estándar usada en contra de los activistas que representan un inconveniente al gobierno: la de ser un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista involucrado con el narcotráfico. Las FARC quienes llevan su lucha contra el gobierno por más de 50 años, son tan ampliamente odiadas que sólo la alegación de simpatía o lealtad con este grupo es sumamente peligrosa. Más de un activista de derechos humanos, aunque exonerado por los tribunales, ha sido asesinado.

González fue encarcelado por 15 meses mientras esperaba juicio, luego un juez descartó los cargos en su contra declarando que eran completamente infundados. Sin embargo el gobierno colombiano apeló la absolución de González y un tribunal distrital anuló la decisión del tribunal inferior y lo sentenció a prisión. Días después, González perdió su apelación sobre esta sentencia cuando la Corte Suprema de Colombia se negó admitir su caso.

Aunque la lucha de González es muy conocida en los círculos de derechos humanos, han habido miles más como él—sindicalistas, activistas de los derechos indígenas, campesinos, abogados que han expuesto los vínculos entre políticos y paramilitares—todos han sido sometidos a detenciones arbitrarias por acusaciones fabricadas.

La burla creada en el caso de González atrajo la atención mundial cuando Human Rights First, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, publicó que: uno de los testigos no podía ni nombrar ni identificar a González y la otra testigo declaró que su testimonio fue dado bajo coacción. Por otra parte, a la defensa no se le permitió interrogar a estos testigos, los cuales nunca se presentaron en la corte. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha intervenido en nombre de González, al igual que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A pesar de que González permaneció en libertad mientras apelaba su acaso ante la Corte Suprema él está en riesgo de ser encarcelado en cualquier momento.

Puede ser que el último recurso de González sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría declarar su proceso no válido bajo el derecho internacional. Pero la Comisión debería ir más allá de insistir en un proceso justo para un activista y debería instar reformas sistémicas en el sistema judicial colombiano. En su lucha contra las FARC, Colombia ha prevalecido porque ha tomado una postura firme. Pero la justicia no debe convertirse en una víctima más de la guerra civil este país. Ver artículo original

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