El informe de Rights Watch, completo aquí
Human Rights Watch (HRW) alertó ayer de la aparición de nuevos grupos paramilitares en Colombia, como consecuencia de la fallida desmovilización que el Gobierno de Álvaro Uribe abordó entre 2003 y 2006, según argumentó el director para América de la organización, José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia.
El informe, de 126 páginas, elaborado durante dos años de trabajo de campo, supone una dura crítica al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autora de incontables y horrendos crímenes. Fue "mal concebido, mal diseñado y mal implementado", recalcó Vivanco.
Para HRW algunos de los errores que se cometieron durante esos tres años fueron no romper las redes criminales de la organización paramilitar, no confiscar sus bienes y no investigar los nexos con las autoridades locales.
"El Gobierno perdió una excelente oportunidad de desarticular estas mafias", añadió Vivanco.
Los grupos sustitutos, en muchos casos, son continuación de las AUC, aunque no hayan logrado formar una coalición única. Además, los líderes de las nuevas formaciones son mandos medios de las viejas estructuras, actúan en las mismas zonas y operan de manera similar: controlan territorios, amenazan, extorsionan, obligan a desplazarse a la gente y tienen vínculos con el narcotráfico. "Como las AUC", resumió Vivanco.
El estudio señala que, según datos de la policía, los grupos están formados por más de 4.000 miembros -aunque algunas ONG hablan de 10.000- y que actúan en 24 de los 32 departamentos del país. Si bien la visión oficial es que son bandas criminales al servicio del narcotráfico y que sólo un 12% son antiguos ex paramilitares.
"El nivel de reincidencia es muy bajo", asegura el general Óscar Naranjo, comandante de la policía.
No desconoce que sindicalistas y líderes sociales siguen siendo víctimas , pero calcula que entre el 70% y 80% de las muertes atribuidas a estos nuevos grupos son resultado de confrontación entre ellos. Otras muertes, dijo a este periódico, se dan "para silenciar voces y descalificar testimonios de paramilitares presos".
En la misma línea se mostró, desde La Haya, el fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, informa Isabel Ferrer:
"Son bandas criminales puras. Organizaciones delictivas parecidas a las maras, las pandillas que operan en Centroamérica y Estados Unidos. Aunque pueda haber unos pocos antiguos paramilitares allí dentro, su actividad es el narcotráfico, con toda su violencia añadida".
El Gobierno de Colombia, por su parte, rechazó de plano el contenido del informe de HRW. Tras conocerlo, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, canceló la reunión que tenía prevista con José Miguel Vivanco.
El estudio de HRW "desconoce de manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la Fuerza Pública por cumplir estrictamente la política de derechos humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario", indicó un comunicado difundido por el despacho de Silva.
El texto añade que "el informe no consultó ningún tipo de información estadística del Ministerio de Defensa y desconoció por completo el compromiso de la Fuerza Pública en su combate contra estos grupos delincuenciales".
Además, añade, "en su elaboración la organización no solicitó la información, las estadísticas u opiniones del Ministerio de Defensa". Para Silva, según el mismo comunicado, "las conclusiones del informe tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la Política de Seguridad Democrática", como denomina el Gobierno las políticas de seguridad.
El Ministerio de Defensa "rechaza las afirmaciones del informe que insinúan una supuesta complacencia del Gobierno o sus instituciones con las bandas criminales".
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