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El debate sobre quiénes recibieron dineros de Agro Ingreso Seguro

Colombia.- Correo reenviado que está circulando por el mundo sobre:
Personas que recibieron Agroingreso en Santander:


AGROINGRESO SEGURO PARA SANTANDEREANOS

Más de nueve mil millones de pesos recibieron solo 18 familias ricas del departamento de Santander dentro de los regalos estatales del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

La cifra más alta la representó la Cooperativa Palmicultores del municipio de Sabana de Torres, que obtuvo el regalo de dos mil 333 millones de pesos de parte del Ministerio de Agricultura.

Le sigue la empresa Pollosan S.A., una compañía avícola cuyo propietario es Guillermo Ramírez Cabrales, un rico empresario santandereano, quien recibió 1.571 millones de pesos.

Los hijos del director de Impuestos Nacionales, Néstor Díaz, también fueron beneficiados con uno de los regalos de AIS, pues son socios de la empresa Agroconucos, dedicada a la palmicultura en los Llanos Orientales, que recibió aportes estatales por 1.439 millones de pesos.

En la feria de ‘subsidios’ a ricos también percibió dineros Danny Alirio Villamizar, un joven y ahora próspero economista, hijo del detenido senador Alirio Villamizar Afanador, quien adquirió una finca para el cultivo de palma en Sabana de Torres y recibió un auxilio de 496 millones. Su padre fue ponente de la ley que creó el controvertido programa y fue el impulsor del la figura del no reembolso de los subsidios.

Otro beneficiario de AIS fue el ex gerente del Fondo Ganadero de Santander, Samuel Jácome Manzano, quien recibió el regalo de 513 millones de pesos.

Gabriel Torra Acevedo, ganadero reconocido en el municipio de la Mesa de los Santos, varias veces funcionario de la gobernación de Santander y representante del gobierno de Álvaro Uribe en la junta directiva de la Corporación Autónoma de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, obtuvo un ‘aporte’ de 44 millones pesos.

Eduardo Valdivieso Mantilla, reconocido médico director de una clínica de Bucaramanga, obtuvo por su vocación agrícola y para inversiones en una zona ganadera, un auxilio de 106 millones de pesos.

La empresa Mc Pollo Avidesa, emblemática y poderosa firma del sector avícola de Santander, recibió la suma de 917 millones de pesos.

Palmas Oleaginosas de Santander, de la cual hacen parte empresarios del Magdalena Medio, también obtuvo su regalito del ministerio de Agricultura: 489 millones de pesos.

En definitiva a los palmicultores santandereanos le ha ido bien en la feria de subsidios no reembolsables. Palmas del Cesar, compañía de reconocidos empresarios de la región, fue beneficiada con 90 millones de pesos, mientras Palmas Bucarelia, de la región de Puerto Wilches, también en la Magdalena Medio, recibió para fomento 60 millones de pesos.

Un reconocido empleado gubernamental, Fabio Villamizar Durán, director del programa de Parques Nacionales, recibió un aporte de 126 millones y no precisamente para tales parques.

Otro médico con vocación agrícola es Álvaro Africano Zafra, accionista de una famosa clínica de Bucaramanga, recibió la suma de 352 millones, para el fomento de cultivos industriales.

Una empresa de muy reciente creación según los registros de constitución de la misma, denominada Grupo Empresarial Bucaramanga, tuvo como premio a su creación la suma de 125 millones de pesos del AIS.

Otra empresa relacionada con la zona del Magdalena Medio, Procaucho, promotora de cultivos de caucho, gerenciada por el agrónomo Hernán Hernández Peñaloza, tuvo su auxilio gubernamental: 270 millones de pesos.

Un controvertido político conservador, Severiano Cala Tolosa, ex diputado de Santander y ex director administrativo del Congreso de la República, recibió un auxilio del Ministerio de Agricultura por 46 millones de pesos.

Ganadería del Fonce obtuvo la suma de 62 millones de pesos, mientras que otra empresa santandereana favorecida fue Marketol, con 314 millones.

En Día Mundial por Víctimas de Tránsito:

Fondo de Prevención Vial se une a celebración en Colombia

Bogotá, noviembre 18 de 2009. En el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas de Tránsito, el Fondo de Prevención Vial de Colombia se unió al llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, FEVR, la Liga Contra la Violencia Vial y Road Peace e invitó a toda la ciudadanía de Colombia a reflexionar sobre su responsabilidad cuando viaja, camina, pasa una calle, usa el transporte masivo, maneja un automóvil o una motocicleta.

En lo que va corrido del año, en Colombia han fallecido 4.269 personas y 27.718 personas resultaron con heridas graves, todos víctimas de colisiones, choques y estrellones entre automóviles, motocicletas y peatones en las vías nacionales que se habrían podido evitar.

“Son 4.269 familias que perdieron a uno de sus miembros, la mayoría en edades muy tempranas o en pleno período de productividad de sus vidas, y en casi todos los casos se habría podido evitar si sólo conductores y peatones hubiesen actuado con responsabilidad y conciencia a la hora de movilizarse por las diferentes vías”, dijo la Directora Ejecutiva del Fondo de Prevención Vial, Alexandra Rojas Lopera.

“Tenemos la oportunidad de salvar las próximas vidas de personas que podrían morir en las carreteras colombianas en los meses venideros. ¿Cómo? Cuidándonos nosotros mismos y a los otros, tomando las medidas de precaución y mecánicas, respetando las normas de tránsito, los pasos de calles, los límites de velocidad, usando casco cuando se requiere, encendiendo las luces de las motos a toda hora, absteniéndose de consumir licor cuando se va a estar al volante o a salir a la calle”, indicó

La directiva invitó a toda la población colombiana a que se una a las celebraciones, y se solidarizó con todas las familias que han perdido a sus seres queridos en colisiones o choques en las vías, al tiempo que destacó el apoyo de organizaciones civiles como la Liga Contra la Violencia Vial.

Recordó que la ley 1326 incrementó las penas de prisión a todas aquellas personas que ocasionen un accidente con víctimas fatales y que tenga el agravante de haber consumido licor quienes podrían ser condenadas hasta por 27 años de cárcel no excarcelables.

Fuente: Lilia Cadena García
Prensa Fondo de Prevención Vial. -  Volver a Inicio

Un activista colombiano injustamente detenido enfrentará juicio

Human Rights First condena la decisión de llevar a juicio a Carmelo Agamez por supuestos vínculos con los paramilitares

bowsersoderb@humanrightsfirst.org

(Nueva York – 10 de noviembre 2009) Human Rights First condena la decisión de los fiscales colombianos de llevar a juicio a Carmelo Agamez por supuestos vínculos con los paramilitares. El señor Agamez, un reconocido activista de derechos humanos colombiano, ha permanecido en Sucre injustamente detenido por casi un año. La semana pasada en Bogota el Fiscal 28 de antiterrorismo emitió una resolución acusatoria en la cual formalmente decide llevar la investigación contra el señor Agamez a juicio. La decisión viene a pesar de que el Tribunal Superior de Sucre y el Fiscal General confirmaron que el debido proceso del señor Agamez había sido violado y que existían pruebas de mala conducta por parte del fiscal que inicio el caso contra el señor Agamez.

“Es inconcebible pensar que, a pesar de las preocupaciones planteadas por altos funcionarios de la justicia colombiana, los cargos infundados contra el señor Agamez puedan llegar a juicio. El Tribunal Superior de Sucre y el Fiscal General concordaron que el derecho al debido proceso del señor Agamez fue violado y ordenaron una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra del señor Agamez,” dijo Andrew Hudson, (foto arriba) Asociado Senior de Human Rights First. “El Fiscal General debería de parar inmediatamente la continuación de esta absurda investigación.”

Carmelo Agamez es el secretario técnico del Movimiento de Víctimas del Crímenes de Estado (MOVICE) en Sucre. En noviembre del 2008 Agamez fue detenido y encarcelado con los mismos lideres paramilitares que él había denunciado. Él ha dedicado su carrera a exponer las violaciones de derechos humanos y las conexiones entre funcionarios locales y las fuerzas paramilitares. Dada su contundente y pública oposición a grupos paramilitares es poco plausible que el señor Agamez tenga vínculos con los paramilitares.

En mayo de 2009, el Tribunal Superior de Sucre decidió que el fiscal no había cumplido con el debido proceso y había violado los derechos de Agamez a una defensa justa por no haberle informado de las acusaciones en su contra. Además, según su defensa, la orden de captura en su contra fue legitimada con posterioridad y su residencia fue allanada sin el cumplimiento de los protocolos de ley. Las acusaciones contra el señor Agamez fueron basadas en testimonios inconsistentes y contradictorios hechos por dos testigos no imparciales que alegaban que el señor Agamez había participado en una reunión con paramilitares en una fecha no especificada. Uno de estos testigos, Luis Carlos Ocon, fue arrestado recientemente después de que Carmelo Agamez y MOVICE lo denunciaron públicamente por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Agamez también estuvo involucrado en el arresto del hermano y primo del segundo testigo. Varios de los otros testigos han testificado que Agamez no participo en la reunión en cuestión, mientras una testigo retractó de su testimonio explicando que el fiscal la había inducido a impugnar al señor Agamez falsamente.

En julio de 2009, el Fiscal General emitió una resolución formal en la cual citó repetidamente las preocupaciones de Human Rights First sobre la falta de imparcialidad en la investigación en contra de Agamez. Él ordenó una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra Agamez (el fiscal segundo especializado de Sincelejo, el Dr. Rodolfo Martínez Mendoza) por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agamez.

“Cuando el Fiscal General reasignó el caso a un fiscal en Bogotá, pensamos que finalmente la justicia prevalecería y que Agamez saldría en libertad. En vez de hacer esto, el nuevo fiscal ha decidido llevar el caso a juicio sin ofrecer pruebas adicionales de la culpabilidad de Agamez y sin tratar las preocupaciones planteadas por los altos funcionarios de la justicia colombiana,” dijo Hudson.

Human Rights First insta a todas las embajadas en Colombia, incluyendo a la embajada estadounidense, de plantear sus inquietudes sobre este caso con el gobierno estadounidense.

“La detención injusta de Agamez es solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande: el uso extensivo de procesos penales maliciosos y detenciones arbitrarias para silenciar a los activistas de derechos humanos,” señaló Hudson.

Human Rights First insta al Fiscal General de retirar inmediatamente los cargos en contra de Agamez. También le insta al Fiscal General para emitir una resolución que delegue a una unidad de la fiscalía la coordinación de la revisión de los procesos penales en contra de los defensores de derechos humanos. Esta unidad se encargaría de cerrar inmediatamente los casos falsos en contra de defensores y evitaría la detención injusta de otros activistas en el futuro.

La persecución en contra de Agamez fue incluida en un reciente informe de Human Rights First: Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y Señalados en Colombia. Agamez es la última persona en el informe que todavía permanece en la cárcel. Lamentablemente en los últimos seis meses muchos más defensores han sido detenidos injustamente. A continuación un extracto de este informe:

Secretario Técnico de la sección Sucre del Movimiento de Víctimas de Crimines del Estado (MOVICE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. El 13 de noviembre del 2008, cinco hombres vestidos de civil se identificaron como policías y allanaron la casa de Agamez. El 15 de noviembre del 2008 lo arrestaron y lo detuvieron. La Fiscalía en Sincelejo le acusó de concierto para de delinquir con grupos paramilitares, alegando que participó en una reunión con paramilitares en el 2002. Estuvo bajo custodia de la SIJIN por cinco días y desde entonces está preso en la cárcel La Vega. Presuntamente, el allanamiento inicial en contra de Agamez se llevó a cabo sin orden judicial y por varios días no se le notificó de los cargos en su contra. La captura de Agamez sucedió poco después de que hizo una serie de denuncias públicas acerca de la corrupción de algunos funcionarios públicos. Presuntamente, las únicas pruebas aportadas por el fiscal son dos testimonios, uno de los cuales es el de la esposa de un alcalde recientemente acusado de corrupción después de que MOVICE organizara una audiencia pública. Agamez ha recibido muchas amenazas de grupos paramilitares y apareció en una “lista de muerte” de los paramilitares en el 2006. Dada su contundente y pública oposición a grupos paramilitares es muy poco plausible que sea paramilitar. Volvera Inicio

Ante el Procurador general, denunciada corrupción de Floridablanca

Fuente: Vanguardia liberal.com -  Santander Colombia - IVONNE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Alzando una chupa con la que se destapan los baños, Laura Yaneth Ardila le dijo ayer al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que se requería de un elemento similar a ese para destapar toda la corrupción que se evidenciaba en Floridablanca. Ardila fue una de las 25 personas que intervino durante el foro ‘Lucha contra la Corrupción’, convocado por la Fundación Participar, en el que varios asistentes coincidieron en denunciar irregularidades sobre la administración del alcalde Eulises Balcázar.

“La chupa es el artículo más necesitado en estos momentos en Floridablanca por varias razones. Una, es que tenemos ausencia de ‘ías’, es decir, de Personería y Contraloría, ya que estos funcionarios están cobrando primas ilegales. Esto quiere decir que el Concejo les aprobó una prima técnica aparte del suelo y eso les impide hacer su trabajo”, explicó Ardila, presidenta del Comité Cívico Trapitos al Sol.

Según la líder, otra de las razones está relacionada con la Clínica Guane: “El Comité Cívico solicitó a la clínica la contratación de 2009 y encontramos nexos y hallazgos relacionados con el senador Alirio Villamizar Afanador. En la clínica están apareciendo contratos a favor de la hermana, primas y sobrinas del senador. Ya denunciamos esto ante la Corte Suprema, que se investigue el nepotismo de esta familia”.

Sobre otro hecho por investigar, la veedora se refirió a la crisis que atraviesa la Dirección de Tránsito de ese municipio. “El municipio va a entregar en concesión la Dirección de Tránsito. Con las otras veedurías haremos un sepelio simbólico de este organismo y la gran marcha de la Chupa Anticorrupción”, agregó.

También tapabocas

Otro de los símbolos para exigir a la Procuraduría investigaciones fue el tapabocas. Jaqueline Martínez, líder comunitaria, se puso uno para expresar ante el micrófono que ese elemento representa “la calidad de vida de quienes habitamos en Floridablanca”.

Martínez indicó que la comunidad está preocupada y cansada por la instalación de industrias en un sector que siempre ha sido residencial: “Cerca del casco antiguo ya hay cinco industrias que afectan a quienes viven desde la carrera tercera hasta la sexta, y desde la calle tercera hasta la quinta. Tenemos miedo de que sigan llegando más industrias”.

La líder comunal contó que el año pasado, por ejemplo, hubo un escape de gases de amoníaco que generó la intoxicación de algunos estudiantes del sector. “El impacto ambiental es terrible. Imagino que si eso sigue así, de verdad tendremos que usar tapabocas”.

A su turno, Oliva Quintero, también veedora de Floridablanca, solicitó al Procurador General que emprenda varias investigaciones sobre la gestión de la administración de Floridablanca.

“Uno de ellos debe ser la compra del lote de San Martín, donde se construiría un proyecto de vivienda de interés social para 800 familias, la mayoría beneficiarias de subsidios para el antiguo y controvertido proyecto de Altos de Bellavista”, concluyó Quintero.

preguntas y respuestas

Vanguardia Liberal aprovechó el desarrollo del foro, para preguntarle sobre otros temas al procurador general, Alejandro Ordóñez:

1-.¿Qué opina sobre el nombramiento de la terna de fiscales?

Hay que esperar. Prefiero no hablar. Eso le compete a la Corte Suprema, al Presidente y eso ojalá se tramite en bien de la institucionalidad, pero yo no me pronuncio sobre el tema.

2-.¿Está de acuerdo con que se le aplique la moción de censura al ministro de Agricultura, Andrés Fernández?

Hay que esperar. Este es uno de los controles políticos que debe surtirse de acuerdo con las normas establecidas.

3-.¿Qué hará frente a las denuncias expuestas en este foro?

Tenga la seguridad de que, como dije, sancionaré a quien deba sancionar y absolveré a quien tenga que absolver, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Muchas de las quejas presentadas hoy (ayer) se están tramitando dentro de los parámetros señalados. Frente a muchos de ellos ejercí la competencia preferente para asumirlos como casos paradigmáticos excepcionales. En su momento, proferiré las decisiones que sean del caso. Es parte de mi plan de choque para combatir la corrupción. Volver a Inicio >

Por desaparición de concejal de Rionegro S, salpicados varios políticos

Fuente: Vanguardia Liberal.com - Rionegro Santander, Colombia

Diez años y diez meses después las autoridades capturaron a los presuntos responsables de la desaparición de Carlos Julio Leal Duarte, concejal del municipio de Rionegro, Santander, quien fue secuestrado el 22 de enero de 1999.

Parte de la dirigencia política de la época en que desapareció el concejal, e incluso un funcionario del actual Concejo de Rionegro, resultaron salpicados dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir.

Se trata de Armando Medrano Cuellar, actual secretario del Concejo de Rionegro, Álvaro Roncancio Arenas, el ex alcalde de dicho municipio, Pedro José Niño Ortiz, el ex presidente de las Juntas de Acción Comunal, Nicéforo Cristancho Acosta, hermano del extinto jefe paramilitar conocido con el alias de ‘Camilo Morantes’, entre otras tres personas.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía 67, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los siete capturados serían los responsables de la desaparición del concejal de Rionegro, Santander, Carlos Julio Leal Duarte, militante del partido Liberal.

Aunque aún no se ha establecido con exactitud, se presume que los móviles del crimen de Leal Duarte fueron políticos.

La desaparición

La última vez que vieron con vida al concejal Carlos Julio Leal Duarte, de 39 años, quien fuera elegido por los habitantes de la vereda Visiguay, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander, fue el 22 de enero de 1999.

Ese día, de acuerdo con la recopilación adelantada por las autoridades, fue abordado a la salida de la sede del Concejo de Rionegro, por varios sujetos que se movilizaban en un taxi.

Los investigadores, basados en relatos de testigos y los resultados de sus trabajos de campo, aseguran que Leal Duarte fue llevado a la vereda El Conchal donde habría sido entregado al máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’.

Según la investigación, ese mismo 22 de enero de 1999 ‘Camilo Morantes’ habría asesinado al concejal Leal Duarte cuyo cuerpo habría enterrado en una fosa común en jurisdicción de San Rafael de Lebrija.

Como se recordará alias ‘Camilo Morantes’ a quien se le atribuye la muerte del concejal, fue asesinado El 11 de noviembre de 1999, por orden del entonces jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, Carlos Castaño.

Síntesis

Los operativos de captura de los siete presuntos implicados en la desaparición del concejal se dieron en Ibagué, Bucaramanga, Rionegro y Simacota, Santander.

Los delitos por los que serán juzgados los siete capturados son desaparición forzada y concierto para delinquir.

Los siete capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas deberán rendir indagatoria ante el Fiscal 67 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Concejal Liberal

Carlos Julio Leal Duarte de 39 años, había sido elegido como concejal del municipio de Rionegro, Santander, el 27 de octubre de 1997, en representación de la vereda Visiguay. Antes de su elección fue presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Rionegro. Leal Duarte residía con su familia en una finca de Rionegro. Sin embargo días antes de su desaparición había recibido una serie de amenazas por lo que optó por establecer su lugar de residencia en Bucaramanga.

Línea de tiempo

Los siete capturados

Octubre 20

En una finca ubicada en zona rural del municipio de Simacota, Santander, fue capturado Nicéforo Cristancho Acosta, de 59 años.

Octubre 21

En el casco urbano del municipio de Honda, Tolima, fue capturado Eustaquio Beltrán Basto, de 59 años de edad.

Octubre 21

Orlando Osses Noriega, conocido con el alias de ‘Kinkin’, fue capturado mientras caminaba por el casco urbano de Rionegro.

Octubre 22

Álvaro Roncancio Arenas, alcalde de Rionegro en 1999, fue capturado en ese mismo municipio.

Octubre 22

Pedro José Niño Ortiz, ex presidente de las Juntas de Acción Comunal de Rionegro, fue arrestado en ese mismo municipio.

Octubre 22

Pedro Nelson Contreras Barrera, fue privado de su libertad mientras caminaba por una de las calles de Rionegro.

Octubre 22

Armando Medrano Cuellar, secretario del Concejo del Municipio de Rionegro, fue capturado en una vivienda del barrio Provenza.  Volver a Inicio >

CONCEPTO SOBRE BASES MILITARES
Elpais.com.co -Colprensa

Este jueves en horas de la mañana llegó a la Casa de Nariño el concepto del Consejo de Estado sobre el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos, y en el cual se habilitan siete bases para la estadía de personal uniformado de los Estados Unidos.

Así lo informó el Gobierno Nacional a través de un corto comunicado de prensa en el que deja claro que lo analizará, y a la mayor brevedad ofrecerá las recomendaciones pertinentes.

"El Gobierno de inmediato conformó una Comisión integrada por los ministerios del Interior y Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, con el propósito de analizarlo e informar al Jefe de Estado sobre su alcance", señaló la comunicación.

El documento, emitido el 13 de octubre, fue entregado por la presidenta (e) del Alto Tribunal, Nohemí Hernández.  TITULARES >

El senador Oscar Suárez renunció a su curul

FUENTE: caracol.com

Para atender los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia, que le adelanta un proceso judicial, renunció a su curul en el Congreso Nacional el senador antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira.

El parlamentario, considerado un gran elector en el municipio de Bello, Antioquia, llegó al Congreso colombiano con el aval del partido Alas Equipo Colombia, con 67 mil 47 votos, y pertenecía a la Comisión Sexta del Senado de la República.

Nació en Bello, Antioquia, en 1959, el señor Suárez Mira, Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín, y ocupó varios cargos públicos en la administración municipal de Bello y de elección popular, en el departamento de Antioquia.

En su carta de renuncia al Congreso, el senador conservador dijo que renuncia “por el respeto que merecen tanto la Honorable Corte Suprema de Justicia como el Congreso”.

“…Quiero estar dispuesto para atender con toda dedicación los trámites que sean pertinentes frente a los procesos investigativos que tan ilustre ente, me está adelantando. Al Congreso, porque un senador debe contar con todas sus capacidades y tiempo puestos al servicio de sus labores…”, expresó el señor Suárez Mira en su renuncia.

Anunció que proseguirá su trabajo político en el que está comprometido frente a la jornada preelectoral que actualmente desarrolla y dirigirá todos sus esfuerzos a buscar buenos resultados para su partido Conservador en Antioquia y el país.

Quien es

El senador Óscar Suárez Mira pertenece al Partido Conservador tras haber sido elegido por Alas Equipo Colombia, el partido político creado hace varios años por el ex presidente del congreso Luis Alfredo Ramos Botero --hoy gobernador de Antioquia-- y el exsenador Álvaro Araujo, encarcelado por las investigaciones de la parapolítica.

El congresista Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, el 19 de junio de 1959, y desde muy joven expresó su afición por la política proselitista y se inició en la vida laboral como conductor en la alcaldía de Bello, donde además integró varias juntas de acción comunal y de comités deportivos.

Combinó sus tareas comunitarias y políticas con sus negocios particulares, y se convirtió en alcalde de esa localidad, en cuyo período gestionó la construcción del Hospital de Zamora, el Comando de la Policía del Aburrá Norte, la biblioteca Marco Fidel Suárez y la obra 2000, entre otras obras.

En el año 2002 llegó a la Cámara de Representantes y desde allí lideró varios proyectos de inversión por 50 mil millones de pesos para diversos programas de acuerdo con los planes de desarrollo municipales.

Es Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Antioquia, egresado en 1992, y además de la alcaldía de Bello, ocupó la gerencia de Área Metropolitana.

En las pasadas elecciones pasó de la Cámara al Senado con 71 mil 212 votos, y se convirtió en el mayor elector de Antioquia, donde consiguió 65 mil 496, de los cuales 18 mil 270 los depositaron ciudadanos de Bello, es decir el 81 por ciento de la votación de esa localidad.

Organismo judiciales y de control del Estado han recibido denuncias de personas desplazadas, residentes en las áreas rurales de Bello, según las cuales grupos de hombres armados intimidaron a los electores en las pasadas votaciones y los presionaron a votar por Suárez Mira para el Senado y por Mauricio Parodi Díaz para la Cámara de Representantes.  Volver a Inicio >

NUEVO ASESINATO CONTRA LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN SANTANDER

DENUNCIA PÚBLICA

Asesinado HONORIO LLORENTE líder social y presidente de la Junta de acción comunal central del corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches – Santander.

El pasado sábado 17 de Octubre a las 7:30 p.m., fue asesinado el compañero HONORIO LLORENTE destacado líder social del corregimiento Puente Sogamoso a manos de un grupo armado desconocido. Ese día Honorio Llorente en horas de la mañana había participado junto con otros lideres comunales de una reunión con una de las empresas contratista de ISAGEN, encargada de la construcción de la represa del río Sogamoso Hidrosogamoso, en la cual expuso sus preocupaciones y reclamaciones por los posibles impactos sociales y ambientales que afectará a la comunidad este macroproyecto.

En la actualidad el líder asesinado se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal central del corregimiento Puente Sogamoso al tiempo que laboraba al servicio de una empresa contratista de ECOPETROL.

HONORIO LLORENTE, durante toda su existencia se caracterizó por ser un líder social y sindical. En 1.986 llego a Puente Sogamoso y en 1.988 se vinculó con la Empresa de Palmas Oleaginosas Las Brisas; siempre estuvo afiliado al Sindicato, llegando a ocupar el cargo de tesorero de la Junta directiva de SINTRAINAGRO Puerto Wilches; en el año 2.007 fue despedido de esta empresa y el 21 de Octubre próximo tenia programada una audiencia con la empresa en la oficina del Ministerio del Trabajo en Puerto Wilches, dentro su reclamación laboral para reintegro.

El Compañero HONORIO LLORENTE, siempre mantuvo su vocación de promover los derechos sociales económicos y laborales para los trabajadores de la empresa palmera, al tiempo que se destaco como líder comunal y comunitario por mejores condiciones de vida para los habitantes del corregimiento Puente Sogamoso.

Se destacó en la reivindicación por constituir a este corregimiento en municipio ante el total abandono a que se ha sometido esta localidad por parte de la administración municipal y departamental. Igualmente se encontraba vinculado en la campaña por la defensa del río Sogamoso, y de sus pobladores ribereños ante la amenaza que representa la construcción de la hidroeléctrica.

El compañero Llorente participó activamente junto con numerosas delegaciones y líderes sociales del Magdalena Medio en la jornada de solidaridad denominada Minga Social y Comunitaria por la defensa del río Sogamoso que se realizó el pasado 12 de Octubre en el puente de la paz del río Sogamoso.

Las organizaciones sociales, comunales, ambientalistas, de paz y de derechos humanos de Santander y del Magdalena Medio rechazamos enérgicamente este nuevo asesinato que enluta a los movimientos sociales y a las familias campesinas de la región; consideramos este hecho como un nuevo acto de persecución contra defensores de derechos humanos y de barbarie, de violencia política y social que niega las garantías fundamentales de ciudadanía y participación democrática así como el ejercicio y las libertades de los defensores de derechos humanos.

Igualmente consideramos este hecho como parte de la sistemática represión del gobierno de la seguridad democrática contra los movimientos sociales que defienden la soberanía, el territorio y los derechos humanos; y además, un acto de represarías por la jornada realizada el pasado 12 de Octubre en defensa del río Sogamoso en la cual participaron más de 600 delegados y organizaciones sociales provenientes de diferentes regiones: del Sur de Bolívar, de Barrancabermeja, Betulia, Lebrija, San Vicente de Chucurí, de Puerto Wilches, del Área Metropolitana de Bucaramanga, de San Gil y otros municipios del departamento de Santander para rodear al Río Sogamoso y exigir que no se represen sus aguas.

Denunciamos la presencia de grupos armados que intimidan a las organizaciones sociales que luchan por los derechos y una autentica democracia, generando muerte y desplazamiento en nuestro territorio sin que las autoridades garanticen la identificación de los responsables, el desmonte de estos grupos y la justicia a estos crímenes.

Reclamamos al gobierno departamental y nacional la aplicación de mecanismos de prevención y protección a las organizaciones sociales y sus líderes en el marco de sus responsabilidades como Estado social de derecho.

Exigimos al gobierno nacional al presidente Álvaro Uribe Vélez, al gobernador del Departamento Dr. HORACIO SERPA URIBE, a la Fiscalía general de la nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a las fuerzas de seguridad del estado, que se haga justicia y cese de la represión y persecución contra los lideres sociales y defensores de los derechos humanos así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Colombiano y el gobierno nacional ante la comunidad nacional e internacional de respetar los derechos humanos y garantizar la libre y legitima labor social de lideres y liderezas defensores de los derechos humanos.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares amigos y allegados del compañero Honorio Llorente, quienes engrosan la larga lista de victimas afectadas por crímenes contra los derechos humanos, al tiempo que llamamos a la comunidad nacional e internacional y al movimiento de paz y derechos humanos para que se exprese rechazando este acto criminal ante el gobierno nacional y departamental de Santander.

Desde el corregimiento de Puente Sogamoso en el Municipio de Puerto Wilches, queda el testimonio de una vida de lucha por la dignidad del pueblo colombiano en la memoria de Honorio Llorente quien apostó con su comunidad a ser con otros y con otras un solo cuerpo colectivo, a pensar que juntos y juntas somos más que el dinero que puedan tener los Empresarios de Palmas, la empresa ISAGEN, la GreyStar y otras empresas depredadoras de la vida y del medio ambiente; pero sobretodo a sentirnos, a pensarnos y a actuar unidos como pueblos autónomos, soberanos y libres.

Bucaramanga, Octubre 19 de 2009

Suscriben:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE “COMPROMISO”, FORO SOCIAL NORORIENTAL Y DEL MAGDALENA MEDIO, CENSAT, COMITÉ DE SOLIDARIDAD PRESOS POLÍTICOS, CORPORACIÓN GUAYACÁN, FEDERACIÓN COMUNAL DE SANTANDER, MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL SOGAMOSO, MESA ORGANIZACIONES DE AMBIENTALISTAS, CONSTITUYENTE DE BETULIA, PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO, ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ.

Las comunicaciones pueden ser dirigidas a:

Presidencia de la República


Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República


Carrera 8 No.7-26, Palacio de Nariño - Bogotá.


Fax: (+57 1) 566.20.71 - E-mail: auribe@presidencia.gov.co



Vicepresidencia de la República:


Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República


Carrera 8A No 5-57 Bogotá -
Teléfono: (571) 334 4507


E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co



Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH.


Dr. Carlos Franco -Calle 7 No 5-54 -
Teléfono: (+571) 336 0311

FAX: (+571) 337 4667


Email: cefranco@presidencia.gov.co

Email: fibarra@presidencia.gov.co,

Fiscalía General de la Nación
Dr. Guillermo Mendoza Diago (e)

Diagonal 22B No 52-01

Santa Fé de Bogota

FAX: (+571) 570 2000


Email: contacto@fiscalia.gov.co

denuncie@fiscalia.gov.co

 Policía Nacional de Colombia

Conorel Oswaldo Aragón

Programa de Protección Defensores de derechos humanos

Teléfono: (571) 315-9000 ext. 9591

Fax: (571) 428-7634

Email: efrainaragon@gmail.com


Defensoría Nacional del Pueblo

Dr. Vólmar Pérez Ortiz

Calle 55 Nº 10 -32

Teléfono: 3147300.

Email: defensoria@defensor ia.org.co

secretaria_privada@ hotmail.com
 Gobernación de Santander

Dr. Horacio Serpa Uribe

Dr. Luís Fernando Cote Peña

Calle 37 No. 10-30 Palacio Amarillo

Teléfono: (57 + 7) 633 96 66
Emails: serpa@cable.net.co
lfcote@santander.gov.co

Defensoría del Pueblo Regional Santander

Dr. Dilmar Ortiz Joya

Calle 20 No 31 - 98 San Alonso

Teléfono: 6346111
Email: dilmar23@gmail.com


Defensoría del Pueblo Magdalena Medio

Dr. Marco Antonio García Hernández

Dirección: Calle 54 No. 27 - 65 Barrancabermeja

Teléfono: 6222733 - 6212999
Email: magarcia@defensoria.org




Fiscalía General de la Nación, seccional Santander

Dr. Luís Argemiro Velasco Ariza

Cra 19 No 24-61 Bucaramanga

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El peor fraude al Estado colombiano: Agro Ingreso Seguro

Andrés Felipe Arias, ex ministro de agricultura, creador del programa ‘Agro Ingreso Seguro’

El programa ‘Agro Ingreso Seguro’ que se ejecuta en el actual gobierno, se convirtió en uno de los peores fraudes con la entrega de millonarios subsidios a familias que hicieron toda clase de ‘argucias’ para estafar el tesoro público. Los beneficiarios han sido aportantes de las campañas reeleccionistas, se estableció en las primeras investigaciones.

Desde hacia muchos años en Colombia, no se presentaba un fraude de las características que rodean el famoso programa dirigido al campo colombiano, ‘Agro Ingreso Seguro’ que ha servido para que familias de estratos altos con haciendas de grandes extensiones en diferentes departamentos del país, se lucren.

Algunas de las pruebas

Algunas de las pruebas de estas millonarias defraudaciones al estado colombiano que ya han logrado ser investigadas son las siguientes:

En el departamento del Magdalena, entre las familias afortunadas con estos subsidios son:

Locauture Dangón y Pineda, $5.235 millones de pesos.

Davila Domínguez con $2.200 millones. LEER MAS >

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Corte investiga más de 700 contratos firmados en el municipio de Floridablanca
Se trata de establecer que relación hay con familiares del congresista Alirio Villamizar


La corte Suprema de justicia investiga presuntos hechos dolosos de contratos que presuntamente tengan relación con familiares del congresista Alirio Villamizar Afanador.

Según la relación de contratos firmados entre enero y agosto de este año en la administración de Floridablanca Santander, estos superan los 700. Ver video aquí >