(Yahoo noticias) Bogotá, 27 feb (EFE).- Las ejecuciones extrajudiciales de
civiles por el Ejército, conocidas como "falsos positivos", prosiguen
en Colombia, donde aumenta la violencia por parte de los grupos herederos de
los paramilitares, informó hoy la ONU, al advertir de que la Ley de Víctimas y
de Restitución de Tierras tiene "vacíos".
Estas conclusiones se desprenden del informe anual sobre
Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Representante de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, que fue presentado hoy en Bogotá por su nuevo
representante, el estadounidense Todd Howland.
En una rueda de prensa, Howland dijo que, si bien se han
dado pasos en la protección de los derechos humanos durante los dos últimos
años, que coinciden con el Gobierno de Juan Manuel Santos, al citar
expresamente la Ley de Víctimas, todavía hay un camino por recorrer.
En primer lugar, pidió protección para los beneficiarios de
la Ley de Víctimas (en vigor desde enero pasado), acosados por la persecución,
las amenazas y los asesinatos de los representantes de los reclamantes de
tierras, es decir, campesinos despojados durante el conflicto armado que vive
Colombia desde hace casi 50 años.
Al advertir de que esa ley tiene "vacíos", apuntó
a que "el reto es asegurar la protección de todos los actores
involucrados, incluidos los funcionarios del Estado", encargados de las
investigaciones.
Y es que, según el informe, "el riesgo y vulnerabilidad
de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos,
habida cuenta de los intereses criminales de los predios objeto de la
restitución".
El mejor ejemplo de la conflictividad que existe en Colombia
en torno a la tierra son "los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los
registrados en 2010, y las amenazas y agresiones", según la ONU, que no
dio una cifra cerrada pero se refirió a al menos tres dirigentes campesinos
muertos el año pasado.
La ONU además advirtió de que "la práctica de las
ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado totalmente", ya que este
organismo observó en 2011 casos en Bogotá y en los departamentos de Arauca,
Cauca y Cesar.
Hasta agosto del año pasado, la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía tenía asignados un acumulado de 1.622 casos de homicidios
atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963 miembros de la fuerza
pública, con 148 sentencias condenatorias, detalla el informe.
Esta práctica, conocida en Colombia como el escándalo de los
"falsos positivos", llegó a ejecutarse de "forma
sistemática" durante los últimos años del Gobierno del expresidente Álvaro
Úribe (2002-2010), tal y como reconoció entonces la ONU.
A estos hechos se sumó en 2011 "la expansión de grupos
armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones
paramilitares", a raíz de un acuerdo de las antiguas Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) con el Gobierno de Uribe entre 2003 y 2006.
"El número de
masacres (un total de 32 en 2011) y de víctimas atribuidas a estos grupos
continuó aumentando, principalmente en Antioquia y Córdoba", asegura el
documento, que da cuenta de que el 53 % de los mandos de esos grupos capturados
o muertos eran paramilitares desmovilizados.
Esas organizaciones "están presentes en la mayoría de
los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento,
incluyendo niñas, niños y adolescentes", matizó la ONU, al explicar que
"ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la
población y ejercen control social, imponiendo sus normas de comportamiento y
sanciones públicas".
En este sentido, el adjunto de Howland en la oficina de la
ONU en Bogotá, Juan Carlos Monge, indicó en la misma rueda de prensa que la
lucha contra esos grupos, dedicados al narcotráfico y otras actividades
ilegales, debe atajarse desde "las estructuras que los apoyan".
Y es que el informe de la ONU es claro al afirmar que
"hay evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros
de las fuerza pública con esos grupos" y que la impunidad es generalizada.
EFE - erm/ei
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