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domingo, 21 de julio de 2013

Curiosidades y pena de muerte en Texas, EEUU

Recopiladas las últimas palabras de 500 condenados a muerte
Prisión de Huntsville,  Texas EEUU
Por Thomas Castroviejo | Blog de Noticias – Yahoo noticias
Una vez cada 22 días, más o menos, el estado de Texas acaba con la vida de uno de sus presos en la prisión de Huntsville, el centro que más humanos ejecuta legalmente en Estados Unidos. Por lo general son asesinos a los que la justicia ha encontrado culpables y, también generalmente, pasan una media de una década esperando el día en el que llegue la inyección letal que ponga fin a su encarcelamiento.
Sus muertes son motivo de protesta entre las muchas organizaciones internacionales que abogan contra la pena de muerte, pero eso no es lo único que las hace diferentes. También saben con certeza el momento en el que van a fallecer y lo hacen rodeados de gente.
Por eso son de las pocas personas que pueden elegir conscientemente sus últimas palabras sabiendo que estas se van a escuchar y van a acabar en un informe por los tiempos de los tiempos. De hecho, basta con entrar en la página web del Departamento de Justicia Criminal de Texas para leer estos informes y saber cómo se despiden estas personas de la vida. Ampliación

miércoles, 20 de junio de 2012

A 46 años de prisión condenados 10 militares del gaula

Por ejecuciones extrajudiciales de 3 celadores del norte de Bucaramanga
Por: Equipo Jurídico Pueblos 
Foto: Archivo
Bucaramanga.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la capital de Santander condenó a la pena principal de 46 años de prisión, a diez militares del Gaula adscritos a la Quinta Brigada del Ejército Nacional por el delito de homicidio agravado de tres celadores, en hechos ocurridos en el norte de Bucaramanga.
Las víctimas fueron:  MARCOS QUINTERO RIVERA, MARCOS QUINTERO NIÑO y NELSON PAEZ.
MARCOS QUINTERO RIVERA de 44 años de edad y su hijo MARCOS QUINTERO NIÑO, y NELSON PAEZ; jóvenes de 22 y 24 años de edad respectivamente; padres de familia, con escasos estudios y habitantes de barrios extremadamente pobres del norte de Bucaramanga, en la noche del 27 de marzo de 2007 fueron víctimas de ejecución extrajudicial en la zona rural del municipio de El Playón – Santander, siendo reportados como muertos en combate en un supuesto enfrentamiento con efectivos del Gaula Militar de la Quinta Brigada. En la misión táctica No. 23 “Marfil”, se señala a estas personas como supuestos “integrantes de las bandas Criminales al servicio del Narcotráfico y/o integrantes de la Cuadrilla Claudia Isabel Escobar Jerez de las ONT-ELN”.
El 6 de septiembre de 2010, después de más tres años de ocurridos los hechos, un juez de garantías ordenó la captura contra el Subteniente ANDRES ARANDA DURAN y nueve militares más del Gaula que estaban bajo su mando, imponiendo medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida; desde ese momento, el Equipo Jurídico efectuó un acompañamiento integral a las familias en su largo camino por obtener justicia. Cinco años después, los acusados fueron condenados a 46 años de prisión, luego de agotarse un juicio oral en el que se determinó más allá de toda duda razonable que jamás existió un combate.
En sus alegaciones, la representación de víctimas solicitó que el hecho fuera declarado como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los Jueces de Colombia siguen siendo temerosos a tipificarlos en tal forma, cuando la realidad ha demostrado que durante la Política de Seguridad Democrática del gobierno de URIBE VELEZ, las ejecuciones extrajudiciales denominadas mediáticamente “Falsos Positivos” fueron perpetrados de manera masiva, sistemática, obedeciendo a iguales patrones a lo largo de todo el territorio; asumiendo así cada caso en forma aislada, o lo que es igual, producto de la actuación irregular de quienes integran el escalón más bajo de la jerarquía militar.
Tal concepción de la judicatura, asumida en este proceso por la Juez de conocimiento, dificulta el camino en la búsqueda de Justicia, en la medida que impide dilucidar la responsabilidad y eventual castigo de los altos mandos militares y civiles, que promovieron políticas y trazaron directrices al interior de las Fuerza Militares, con las que se alentaron la perpetración de estos crímenes que merecen el reproche de la Humanidad.
Sin duda, para los familiares de MARCOS QUINTERO, MARCOS RIVERA Y NELSON PAEZ, las organizaciones y defensores de derechos humanos que hemos acompañado este proceso en la búsqueda de la verdad real y la justicia integral, esta condena resulta significativa;  sin embargo dejan un largo camino por recorrer e importantes retos por alcanzar, resultando vital fortalecer la labor de acompañamiento, formación y organización de las víctimas contra la impunidad frente a los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Agradecemos y resaltamos el acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y de otras víctimas, en particular, la labor fundamental de Brigada Internacionales de Paz, pues hicieron menos tortuoso y re-victimizante este proceso para los familiares, quienes asistieron cumplidamente a todas las audiencias del juicio oral. A la vez, alentamos a otras organizaciones y personas, a la sociedad en general a realizar un seguimiento al nivel de cumplimiento de los estándares de verdad, justicia y reparación en las instancias judiciales de nuestro país, por crímenes que afectaron la conciencia de la humanidad.
Bucaramanga, 20 de junio de 2012
FUENTE: EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
ASFADDES – SANTANDER - ACADEHUM

sábado, 4 de junio de 2011

Por ejecuciones extrajudiciales de civiles

Una juez de Bucaramanga condena a ocho militares

BOGOTÁ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foto: Archivo
Una juez de Bucaramanga ha condenado a ocho militares por ejecuciones extrajudiciales de civiles --conocidas como "falsos positivos"-- en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Entre ellos hay un coronel, un teniente, un sargento y cinco soldados, según ha informado la cadena colombiana Radio Caracol.
Estos miliares asesinaron en 2008 a dos jóvenes, que fueron presentados como muertos en combates con las tropas insurgentes en la zona rural del municipio de Cimitarra. El abogado defensor, Eduardo Carreño, ha señalado que la juez encontró a los soldados culpables de los delitos de desaparición forzada y homicidio. La juez también ha hecho responsables al comandante, al teniente y al sargento de delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Los ocho militares están encarcelados en la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga a la espera de conocer el sitio de reclusión una vez se dé a conocer la pena, hecho que tendrá lugar el próximo mes.
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