Un grupo de familias de dos municipios del departamento del Cesar aspira a regresar a sus tierras, de las que fueron desalojados por grupos armados hace tres años, (julio de 2010), según lo reportó el equipo jurídico Pueblos.
La triste historia (documento del equipo juríddico)
El 24 de junio de 2010, veinte
familias de la vereda Pitalito -Municipio de Chimichagua y Curumaní- fueron
víctimas de desplazamiento forzado por parte de la irregular actuación de
diversos funcionarios públicos, quienes siguiendo indicaciones de JUAN MANUEL
FERNÁNDEZ DE CASTRO, reconocido palmicultor, supuesto ex militar y gran
terrateniente, procedieron al expulsarlos violentamente de su territorio.
Sus viviendas fueron
destruidas, sacaron sus pertenencias y cada miembro de la comunidad: hombres,
mujeres, ancianos, niños y niñas, jóvenes, fueron subidos a un camión de la
Policía, al parecer del ESMAD y trasladados a inmediaciones del casco urbano de
Curumaní.
Por aproximadamente
veintisiete años, estas familias fueron poseedoras de las tierras que conforman
la Vereda de Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua
y Curumaní en el departamento de Cesar – Colombia.
De su trabajo derivaron el
sustento de sus hijos y una vida digna para todos los miembros de la comunidad;
a la vez que protegieron el ambiente; desarrollaron una economía campesina, se
organizaron desde 1989 en la Junta de Acción Comunal; el Municipio de
Chiriguaná construyó una escuela, siendo la maestra contratada por la diócesis
de Valledupar, y en general, construyeron por años su proyecto de vida
campesina.
Como es conocido públicamente,
la población campesina y urbana de centro del departamento del Cesar fue
víctima del Terrorismo de Estado a través del accionar paramilitar, quienes
actuando en conjunto con la Fuerza Pública, despojaron de sus territorios a centenares
de familias con el objetivo de apoderarse de sus tierras, en unas ocasiones
–mediante masacres y muertes selectivas- y en otras, mediante ventas forzadas
por debajo del valor real del inmueble, obligando mediante el uso de armas a la
firma de contratos de compraventa, para después protocolizarlas ante la Notaría
o ante el Personero Municipal, tal como sucedió con la Comunidad Campesina de
Pitalito.
En los últimos años, las
familias han sufrido el rigor del desarraigo, pero al mismo tiempo han fortalecido
su proceso organizativo como Comunidad Campesina, desarrollando principios de
Autonomía y Defensa del Territorio, cuyo eje central es la reconstrucción de su
proyecto de vida campesina que se opone a los monocultivos y a cualquier
explotación minera.
A pesar que las estructuras
paramilitares no han sido desarticuladas por parte del Estado colombiano y se continúa con la adopción de medidas
económicas en beneficio de las multinacionales mineras; la Comunidad Campesina
de Pitalito ha decido retornar a sus predios, ejerciendo el legítimo derecho a
la Autodeterminación, al mismo tiempo, exigiendo del Estado condiciones
concretas del restablecimiento del derecho, entre otros, poder regresar a su
territorio.
Esta comunidad en resistencia
requiere y merece el apoyo de todos. La resistencia de los pueblos, es un
camino que conduce a su dignificación y una formula válida para hacer frente a
los intereses imperantes en sociedades desiguales y excluyentes como la
nuestra. Por la justeza de esta lucha hacemos un llamado amplio a acompañar a
las familias en retorno y rodear con nuestra solidaridad, exigiendo las
garantías de permanencia en el territorio.
Bogotá, mayo de 2013
Fuente: EQUIPO JURÍDICO
PUEBLOS -EJP-
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y
CAMPESINOS DEL CESAR -MTCC-
FUNDACIÓN COMITÉ DE
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS -FCSPP-
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