Los Diputados al Congreso que participamos en la Misión de verificación de Derechos Humanos en Colombia que entre el 23 y el 30 de enero pasado visitó Bogotá, Cali y Medellín, hemos recibido alarmantes noticias respecto a la situación de personas pertenecientes a organizaciones de defensa de Derechos Humanos que nos ayudaron en el desarrollo de la Misión.
Se nos ha comunicado la existencia de amenazas directas, y desgraciadamente creíbles, a Abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, que se encargó de toda la logística y de la organización de nuestros múltiples y plurales contactos en Medellín, que incluían instancias oficiales de muy distinta orientación política, tales como la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y el gobierno del Departamento de Antioquia.
También hemos sabido de la reproducción de amenazas a integrantes de la organización Nomadesc, que realizó una función similar en nuestra visita a Cali. Se nos han referido seguimientos y control de la vivienda de persona perteneciente a la organización Paz con Dignidad, que colaboró en la preparació y el acompañamiento de la Misión de verificación en el conjunto de la visita a Colombia.
A la vista de las noticias referidas, los Diputados Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (CDC) y Francesc Canet (ERC), que somos la totalidad de los integrantes del Congreso de los Diputados participantes en la Misión, manifestamos lo que sigue:
Entendemos que es deber de las autoridades colombianas proteger adecuadamente a las personas que ejercen el fundamental derecho de la defensa de los Derechos Humanos, y el ejercicio de tal protección por parte del Estado constituyó parte fundamental de la posición que se nos comunicó por la representación gubernamental con la que nos reunimos en la Cancillería de San Carlos, en Bogotá.
Por ello confiamos, y esperamos que así sea, que en que en los casos indicados, en los que nos sentimos especialmente implicados por nuestra presencia y contacto con las organizaciones dichas, la protección sea inmediata y efectiva, proveyendo a los afectados de las condiciones necesarias no sólo para su indemnidad sino también para continuar el ejercicio de sus legítimas y legales actividades respecto a los Derechos Humanos.
Queremos también manifestar nuestra completa solidaridad con las personas y organizaciones afectadas, cuya labor consideramos imprescindible para el objetivo común de la salvaguarda de todos los Derechos Humanos de todos.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2010.
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