Criminales se someten a la justicia

Los miembros del grupo Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia se someterán a la justicia del país cafetero

BOGOTÁ, COLOMBIA (23/DIC/2011).- Al menos 150 integrantes de la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), se entregaron a la justicia de este país en la sureña ciudad de Villavicencio, informó la Fiscalía General de la Nación. 

El proceso para que los miembros del ERPAC se sometan a la justicia colombiana es coordinado por 250 investigadores y 12 fiscales de la Unidad Nacional contra las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim). 

El primer grupo de 150 integrantes del ERPAC se concentró en las instalaciones del Parque las Malokas en Villavicencio, capital del departamento del Meta, en donde fueron recibidos por los funcionarios de la Fiscalía. 

“En el sitio denominado el pueblito llanero se acondicionaron siete malokas para adelantar la labor judicial con los primeros 150 integrantes de esta agrupación ilegal”, dijo Carmen Maritza González, jefa de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). LEER MÁS

Capturan a ocho militares colombianos por ejecuciones extrajudiciales

La Fiscalía colombiana capturó a ocho militares en el marco de la investigación por el asesinato de varios jóvenes que fueron reportados como miembros de grupos ilegales muertos en combate, según un informe conocido este sábado.

De acuerdo con el organismo judicial, los militares serían responsables de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Los uniformados capturados integraban una unidad que operaba en el municipio de Ocaña, en el departamento (provincia) de Norte de Santander (noreste, fronterizo con Venezuela).

En esa región aparecieron hace varios meses los cuerpos de varios jóvenes que habían sido denunciados por sus familiares como desaparecidos, luego de que salieran de sus lugares de vivienda, en el sur de Bogotá, atraídos por ofertas de trabajo en otros lugares del país.

Sin embargo, sus cuerpos aparecieron sepultados en fosas comunes, y fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales que habían sido abatidos en combates con el Ejército en el noreste colombiano.

Una investigación de autoridades judiciales señala que varios de los desaparecidos fueron asesinados por militares para entregar informes positivos a sus jefes y de esa manera hacerse de prebendas.

Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.
Apenas hace una semana siete miembros del Ejército fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de un campesino que los uniformados hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en hechos ocurridos el 12 de enero de 2006.
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