Aunque el reporte del Departamento de Estado aclara que no se trata de una "política oficial del Gobierno" colombiano, es muy duro al anotar cierta planificación en este tipo de asesinatos.
--
Dice que, aunque en menor grado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Colombia siguieron siendo un problema en el país durante el 2009.
"El número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de una manera sistemática por parte de elementos significativos dentro de los militares", asegura.
Según el Departamento de Estado, hubo una reducción en los casos de los llamados 'falsos positivos' con relación al 2008, pero luego cita un informe de la ONU en el que se documentan varias de estas muertes en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, y Vichada.
De acuerdo al informe, durante el año se registró igualmente colaboración de miembros de las fuerzas armadas con grupos paramilitares y bandas emergentes, en violación a las órdenes del gobierno.
Esta colaboración, sostiene, pudo haber propiciado ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, se pudo haber traducido en participación directa.
Basado en cifras del CINEP, el departamento de Estado dice que en el país se presentaron 192 ejecuciones de este tipo durante el 2009 -28 menos que el año anterior- atribuidas a todos las partes en el conflicto.
Según E.U., si bien la impunidad para el caso de militares implicados siguió siendo un problema, destaca las investigaciones realizadas por el ministerio de Defensa y el traslado de procesos a la justicia ordinaria.
En su conjunto el reporte expresa nuevamente preocupación por la situación de los DDHH en el país, pero reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno.
Enumera, a su vez, casos de corrupción, persecución política, secuestros y la violencia de los grupos armados ilegales, en particular de las Farc, el Eln y los nuevos paramilitares.
También hace nota del escándalo que se generó por las interceptaciones ilegales del DAS y el caso de Agro Ingreso Seguro en el que se vio envuelto el ex ministro de agricultura y candidato Andrés Felipe Arias.
El departamento de Estado también cita estadísticas del Gobierno segn las cuales los secuestros se redujeron en un 18 por ciento, las masacres en un 13 por ciento y la condena de 421 personas 157 de ellos militares- por abusos a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
Igualmente, menciona que organismos nacionales e internacionales reportaron una disminución en el desplazamiento forzado (del 23 por ciento, segn la Cruz Roja), sin que por ello haya dejado de ser un problema.
El reporte, usando de nuevo cifras del Cinep, sostiene que las nuevas bandas emergentes o paramilitares no desmovilizados, cometieron al menos 279 asesinatos de civiles durante el año, lo que representa un incremento del 89 por ciento con relación al año anterior.
Así mismo, les atribuye el desplazamiento de cientos de personas para abrirle camino al tráfico de coca y sus ataques a periodistas, polticos, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y cualquiera que se opusiera a sus fines criminales.
Las Farc y el Eln tambin fueron responsables, según Washington, de decenas de asesinatos políticos, secuestros, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violación de mujeres y hasta homicidio de maestros, sindicalistas o personas que rotularon como colaboradores del gobierno.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Entradas
.jpg)
