La contraloría general de la
República abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por un monto total de
38 mil millones de pesos, por el presunto detrimento patrimonial.
Dice el informe de prensa que
los hechos investigados ocurrieron entre los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2008, con la aprobación de una línea de crédito para el sector
exportador.
El Ministerio de Agricultura
inyectó recursos para apoyar el sector floricultor con el objeto de financiar
las necesidades de capitalización y otorgamiento de recursos requeridos para
capital de trabajo, inversión y pago de pasivos financieros de los productores
de banano, flores y camarón, entre otros, a través de operaciones de
redescuento por parte de intermediarios financieros ante Finagro. En este caso
el intermediario financiero fue el Banco Agrario.
Los créditos tenían una
garantía a través del Fondo Agropecuario de Garantías, sin embargo se
desconoció la situación de alto riesgo del sector, las deficiencias en la
situación financiera de las compañías beneficiarias de los créditos tales como
pérdidas operativas, indicadores de liquidez negativos y disminución del
patrimonio en algunos casos.
El Banco Agrario no realizó un
seguimiento adecuado y hasta la fecha los recursos no han retornado y el Fondo
Agropecuario de Garantías levantó la garantía.
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