Fenacon denuncia nuevo asesinado de concejal en el Valle. Se trata de Joh Edison Gallego

Otro concejal colombiano fue asesinado en las últimas horas. Esta vez la nueva víctima de los irracionales y los violentos fue el cabildante del municipio de Toro, departamento del Valle del Cauca, Jonh Edinson Gallego Vallejo, del partido Conservador.

Este es el noveno concejal asesinado y el segundo a quien le quitan la vida durante el presente mes de octubre, tiempo durante el cual fue ultimado el presidente del Cabildo Local de Puerto Asis, Putumayo, Luis Celimo Chalpaltal , del partido ASÍ y varios compañeros más recibieron amenazas de muerte.

“Este es un nuevo atentado en contra de la democracia y la fiel demostración de la negligencia evidenciada por parte del Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad responsable de brindar seguridad a los servidores públicos”., denunció la Presidenta de la Federación Nacional de Concejos, Carmen Lucía Agredo Acevedo.

La directiva gremial  reveló que el concejal asesinado hoy ya había reportado hostigamientos y serias amenazas en contra de su vida, razón por la cual FENACN gestionó oportunamente dicho reporte ante la UNP y el mismo Ministerio del Interior.

“Lo más grave del caso relacionado con el concejal Gallego Vallejo, es que ya le habían realizado el estudio de riesgo y se había comprobado la seriedad de las amenazas, pero se quedó sin medidas de protección por que la UNP no se las brindó”, agregó la Presidenta de FENACON.

La concejala Carmen Lucía Agredo Acevedo expresó en nombre de la Federación de Concejos, sus condolencias a los familiares, seguidores y amigos del corporado Jonh Edinson Gallego Vallejo, a las autoridades del municipio de Toro, Valle del Cauca y a los directivos del partido Conservador; al tiempo que exigió mayor efectividad en las acciones del Gobierno Nacional para contrarrestar el accionar de los violentos en detrimento de la democracia y sus dirigentes.

Bucaramanga, octubre 21 de 2013

Para mayor ampliación favor contactar:

Presidenta de FENACON, Carmen Lucía Agredo Acevedo

Celular: 3153051641
Fuente: Prensa de Fenacon

Rechazo al asesinato de 5 trabajadores de contratistas en Putumayo, exteriorizó Ecopetrol

Ecopetrol lamenta informar que esta madrugada fueron asesinados cinco trabajadores de las empresas Independence y Contransur, firmas contratistas que realizan labores de mantenimiento en el pozo Sibundoy 1, ubicado en el municipio de Puerto Caicedo, al nororiente de Putumayo.

El ataque al pozo también dejó otras tres personas heridas que están recibiendo atención médica. El resto del personal que labora en esa área se encuentra fuera de peligro.

Ecopetrol, Independence y Cotransur condenan enfáticamente el vil asesinato de los trabajadores por parte de grupos armados ilegales, que viola el derecho internacional humanitario, y exigen el respeto por la vida de las personas.

Las tres empresas quieren expresar su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas y con los heridos. Desde el primer momento se ha trabajado de la mano con las autoridades competentes, la Fuerza Pública y los aliados para atender esta situación.

Las empresas están brindando toda la información y la colaboración necesaria a la Fuerza Pública para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de seguridad que garanticen la vida de su personal y de las operaciones.

Bogotá D.C., 4 de julio de 2012 

Misión de paz condena asesinato de un dirigente campesino

La organización de apoyo al proceso de Paz de los estados Americanos  rechazó categóricamente la muerte de un reclamante de tierras, hecho ocurrido en el municipio de Montería, Córdoba el pasado viernes y pidió que todo el peso de la ley caiga contra los responsables del crimen. El pronuncia miento dice:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Contra el asesinato de un reclamante de tierras en Montería

Colombia 17 de junio 2012

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos rechaza enérgicamente el asesinato del reclamante de tierras Jairo Mejía Martínez, sucedido este viernes 15 de junio en la vereda El Anzuelo, del corregimiento Guateque, perteneciente al municipio de Montería.

El señor Mejía Martínez, estaba participando como reclamante en los procesos de restitución de tierras casi desde el inicio de la Ley 1448 y ya había sido víctima de un atentado hace casi un año atrás. Para la MAPP/OEA, la amenaza y asesinato de líderes y reclamantes de tierras es uno de los hechos más graves y preocupantes que entorpecen y dificultan seriamente el proceso de acceso a las garantías de verdad justicia y reparación integral de las víctimas en el país.

Por ello nos sumamos al llamado del Presidente de la República Juan Manuel Santos para que el Estado ponga todos los recursos a su disposición que permitan esclarecer los hechos, investigar y juzgar a las los responsables. Así mismo, reiteramos la necesidad de redoblar esfuerzos de todas las instituciones y sectores del país para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de cada una de las personas que hoy en día se encuentran participando del proceso de reparación integral y restitución de tierras en el marco de la justicia transicional en Colombia.

Marcelo Álvarez, Jefe de la Misión de la OEA en el país, expresó al respecto "enviamos toda nuestra solidaridad a la familia del señor Mejía y reiteramos ante estos hechos que con más empeño y trabajo daremos todo nuestro apoyo para acompañar a la sociedad y al Estado colombiano en sus esfuerzos por restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado y por reparar integralmente a las comunidades afectadas del país". Fuente: Prensa de la organización de paz

La presión hizo entregar a otro sospechoso del crimen de Rosa Elvira Cely

Hace pocas horas, el segundo implicado en el asesinato de Rosa Elvira Cely, se entregó en el complejo judicial de Paloquemao.

Colombia.com - Bogotá - 03/Jun/2012

Ante la presión de la Policía Nacional, y la advertencia del director designado, el General José Roberto León Riaño, se acaba de entregar el segundo sospechoso por la tortura y muerte de Rosa Elvira Cely, se trata de Esmer Mauricio Rojas Ariza.

 Noticia en desarrollo

Rechazo al asesinato de la juez Gloria C Gaona

FALTA DE GARANTIAS PARA EL LIBRE EJERCICIO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA EN CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Gloria Constanza Gaona. Foto: Caracol Radio

La CORPORACIÓN COMPROMISO en nuestra calidad de organización defensora de derechos humanos, nos permitimos manifestar nuestra preocupación ante los graves hechos ocurridos el pasado martes 22 de marzo del año en curso en el Municipio de Saravena, en los cuales fue asesinada en hechos aún por esclarecer, la Dra. GLORIA CONSTANZA GAONA jueza Penal del circuito de Saravena.

Es de señalar que la Dra. Asesinada, entre otros, llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, eventos registrados el pasado mes de octubre de 2010 en Tame, respecto de los cuales se presume algún grado de responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, más específicamente la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.

Nos unimos a las voces que repudian el aleve y grave asesinato cometido en contra de la Sr. Jueza e igualmente manifestamos nuestra preocupación por las eventuales consecuencias que se puedan derivar respecto al proceso que actualmente adelantaba en contra del Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, cuando el militar comandaba la unidad antes mencionada.

Constatamos una vez más la recurrente utilización de los diferentes mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tales como, maniobras dilatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, suplantación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora GLORIA CONSTANZA GAONA.

El asesinato de la señora jueza corrobora lo que diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos hemos venido denunciando; esto es, la falta de garantías para que las víctimas puedan efectivamente ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo mismo que el riesgo que se cierne sobre las familias de las víctimas que colaboran con sus testimonios y los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, en su interés legitimo de hacer valer los derechos de éstas.

Por esta razón la CORPORACIÓN COMPROMISO solicita:

 Se investiguen estos hechos a profundidad de tal manera que se judicialice y condene a los eventuales responsables, tanto materiales, como determinadores, así como los móviles que llevaron a que se cometiera tan execrable crimen.

 El cambio de radicación del proceso que se adelanta por los hechos sucedidos en el mes de octubre, en donde se registro la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, y en donde, se encuentra vinculados por su presunta responsabilidad integrantes de la Fuerza pública.

 Garantías para las víctimas en su legítimo derecho y ejercicio de buscar verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición y, cese de hechos y actuaciones intimidatorias contra la legítima labor de las organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos.

PROGRAMA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE - COMPROMISO

Capturan a ocho militares colombianos por ejecuciones extrajudiciales

La Fiscalía colombiana capturó a ocho militares en el marco de la investigación por el asesinato de varios jóvenes que fueron reportados como miembros de grupos ilegales muertos en combate, según un informe conocido este sábado.

De acuerdo con el organismo judicial, los militares serían responsables de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Los uniformados capturados integraban una unidad que operaba en el municipio de Ocaña, en el departamento (provincia) de Norte de Santander (noreste, fronterizo con Venezuela).

En esa región aparecieron hace varios meses los cuerpos de varios jóvenes que habían sido denunciados por sus familiares como desaparecidos, luego de que salieran de sus lugares de vivienda, en el sur de Bogotá, atraídos por ofertas de trabajo en otros lugares del país.

Sin embargo, sus cuerpos aparecieron sepultados en fosas comunes, y fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales que habían sido abatidos en combates con el Ejército en el noreste colombiano.

Una investigación de autoridades judiciales señala que varios de los desaparecidos fueron asesinados por militares para entregar informes positivos a sus jefes y de esa manera hacerse de prebendas.

Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.
Apenas hace una semana siete miembros del Ejército fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de un campesino que los uniformados hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en hechos ocurridos el 12 de enero de 2006.
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La SIP destaca condena a político colombiano por muerte de periodista

Barrancabermeja Santander, Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó hoy la condena a 28 años y ocho meses de prisión contra el político colombiano Julio César Ardila, quien fue hallado culpable del asesinato del periodista Emeterio Rivas, (grafica) ocurrido en 2003, según un pronunciamiento conocido hoy.

Bogotá. Dpa.-Un juez de la ciudad de Bucaramanga estableció que Ardila pagó 150 millones de pesos (unos 66.700 dólares al cambio actual) a un grupo paramilitar de ultraderecha para que Rivas fuera asesinado, pues desde una estación de radio éste se dedicaba a denunciar casos de corrupción en la administración pública de Barrancabermeja, 270 kilómetros al norte de Bogotá.

Ardila era el alcalde de esa ciudad del departamento de Santander cuando ocurrió el asesinato del comunicador, quien lo había denunciado en su programa radial por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y vínculos con paramilitares.Un ex paramilitar declaró en el juicio que estuvo presente cuando Ardila y varios miembros de bandas de extrema derecha planearon la muerte de Rivas.

El periodista fue citado a una reunión con paramilitares el 6 de abril de 2003 en las afueras de Barrancabermeja, donde fue acribillado junto con otras cuatro personas.

El presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos, destacó la sentencia judicial, pues se trata de una de las primeras veces que el asesinato de un periodista no queda en la impunidad en su país."Se trata de un hecho muy significativo porque por primera vez en mucho tiempo se condena al autor intelectual de un crimen contra un periodista", dijo Santos, ex director y ahora consejero de contenido del diario "El Tiempo" de Bogotá.

Santos agregó que en este caso la justicia colombiana envió "un mensaje" para erradicar la impunidad, que también genera violencia. Volver a Inicio >