En Arauca: Paro cívico indefinido

Cortes de carretera indefinidos exigen la liberación de las personas detenidas recientemente en Arauca



Foto: Archivo

 Desde las 6 AM de ayer jueves 3 de febrero de 2011 grandes concentraciones de personas han cortado diferentes puntos viales en el departamento de Arauca para exigir la libertad de las siete personas detenidas el día 25 de enero en Saravena. Entre las personas acusadas de rebelión y concierto para delinquir se encuentra el presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía, cacique indígena del departamento. Cada una de las concentraciones está compuesta por unas 500 personas tanto indígenas como no indígenas del departamento que cierran indefinidamente las vías en los siguientes puntos: la salida noroccidental de Saravena (Vía Saravena-Pamplona) y Betoyes, (Vía Tame-Arauca, Tame).

Con estos hechos, las organizaciones sociales de Arauca declaran el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular en la que impiden el acceso de transporte público, maquinaria y personal trabajador a algunas instalaciones petroleras que afectan directa o indirectamente a comunidades indígenas U´wa y Sikuani de Arauca. En el mismo orden anterior de corte de vías.

Hace ocho años que en Arauca no tenía lugar una movilización masiva de esta envergadura con cortes de carretera durante un mes a causa de la movilización indígena y campesina de junio de 2003 contra las transnacionales y el accionar paramilitar en la región. Las Organizaciones Sociales de Arauca afirman que los acuerdos que posibilitaron el levantamiento de las barricadas en 2003 no han sido cumplidos.

En este caso, las exigencias son la libertad inmediata del presidente de ASCATIDAR, Ismael Uncasía, y el resto de personas detenidas el 25 de enero. Exigen también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una Comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.

Por otro lado, la convocatoría de la jornada de paro cívico exige que se den garantías para las personas que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

Para ASCATIDAR, el objetivo es que dejen en libertad a los compañeros detenidos ya que «su delito ha sido defender y hablar en defensa de los pueblos indígenas del departamento de Arauca». Así, hacen un llamado a toda la población a nivel departamental, nacional e internacional para que conozcan la realidad y la problemática que viven como indígenas originarios de Arauca.

Fuente: Oficina de prensa. Tel Cel: 310 392 4350  sinfronteras@organizacionessociales.org

Capturado el ex congresistas Cesar Perez G sindicado de homicidio

Fernando Márquez, subdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dijo en conversación telefónica que César Pérez García fue detenido en la jornada en la sede de la Asamblea Departamental de Antioquia, en la ciudad de Medellín.

Cesar Perez G

Pérez, de 75 años, es sindicado por la Corte Suprema de Justicia de ser el determinador del homicidio colectivo de 43 personas el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia.

La Oficina de Prensa de la Corte explicó que Pérez quedó bajo detención preventiva bajo imputaciones de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.

El 13 de mayo, la Corte decidió retomar la investigación contra Pérez porque de esa forma la sala penal “interpreta y aplica los tratados internacionales… (y) de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”, como masacres.

El ex congresista fue investigado en su momento por la Fiscalía como “determinador” en la masacre, pero como nunca se tomó una decisión de enjuiciarlo, el plazo para juzgarlo habría prescrito a los 20 años. Sin embargo, la Corte retomó el caso porque desde fines del año pasado cambió su jurisprudencia con el argumento de que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

La investigación que en los 80 y 90 adelantó la Fiscalía sostiene que la masacre presuntamente habría sido cometida en venganza por la derrota que los partidos tradicionales –como el Partido Liberal en el que militaba Pérez García y quien era un dirigente de la zona de la matanza– sufrieron en las elecciones para alcaldes de marzo de 1988 frente a la izquierdista Unión Patriótica (UP).

La UP fue un movimiento político que surgió de un fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo desapareció en medio del asesinato de unos 3.000 de sus miembros a manos de escuadrones de la muerte en varios años.

Un testigo, el detenido ex paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, aseguró en la Fiscalía en enero de 1996 que en referencia “a la participación del político César Pérez, ya lo dije anteriormente: éste fue quien coordinó (la masacre) con (el ex jefe paramilitar) Fidel Castaño, pidió toda la ayuda para sacar la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.

Pérez, en una entrevista con la AP en mayo, refutó lo dicho por alias “Vladimir” y recordó que tras la masacre denunció ante el Congreso, donde tenía una curul como representante a la Cámara, cómo la policía y el ejército se acantonaron y permitieron el paso de los paramilitares para que cometieran la matanza.

Al menos un teniente coronel y un mayor del ejército, así como el capitán de policía en Segovia para el momento de la masacre, ya fueron condenados por el caso.