Fernando Márquez, subdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dijo en conversación telefónica que César Pérez García fue detenido en la jornada en la sede de la Asamblea Departamental de Antioquia, en la ciudad de Medellín.
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Pérez, de 75 años, es sindicado por la Corte Suprema de Justicia de ser el determinador del homicidio colectivo de 43 personas el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia.
La Oficina de Prensa de la Corte explicó que Pérez quedó bajo detención preventiva bajo imputaciones de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
El 13 de mayo, la Corte decidió retomar la investigación contra Pérez porque de esa forma la sala penal “interpreta y aplica los tratados internacionales… (y) de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”, como masacres.
El ex congresista fue investigado en su momento por la Fiscalía como “determinador” en la masacre, pero como nunca se tomó una decisión de enjuiciarlo, el plazo para juzgarlo habría prescrito a los 20 años. Sin embargo, la Corte retomó el caso porque desde fines del año pasado cambió su jurisprudencia con el argumento de que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
La investigación que en los 80 y 90 adelantó la Fiscalía sostiene que la masacre presuntamente habría sido cometida en venganza por la derrota que los partidos tradicionales –como el Partido Liberal en el que militaba Pérez García y quien era un dirigente de la zona de la matanza– sufrieron en las elecciones para alcaldes de marzo de 1988 frente a la izquierdista Unión Patriótica (UP).
La UP fue un movimiento político que surgió de un fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo desapareció en medio del asesinato de unos 3.000 de sus miembros a manos de escuadrones de la muerte en varios años.
Un testigo, el detenido ex paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, aseguró en la Fiscalía en enero de 1996 que en referencia “a la participación del político César Pérez, ya lo dije anteriormente: éste fue quien coordinó (la masacre) con (el ex jefe paramilitar) Fidel Castaño, pidió toda la ayuda para sacar la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.
Pérez, en una entrevista con la AP en mayo, refutó lo dicho por alias “Vladimir” y recordó que tras la masacre denunció ante el Congreso, donde tenía una curul como representante a la Cámara, cómo la policía y el ejército se acantonaron y permitieron el paso de los paramilitares para que cometieran la matanza.
Al menos un teniente coronel y un mayor del ejército, así como el capitán de policía en Segovia para el momento de la masacre, ya fueron condenados por el caso.
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