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domingo, 21 de julio de 2013

Curiosidades y pena de muerte en Texas, EEUU

Recopiladas las últimas palabras de 500 condenados a muerte
Prisión de Huntsville,  Texas EEUU
Por Thomas Castroviejo | Blog de Noticias – Yahoo noticias
Una vez cada 22 días, más o menos, el estado de Texas acaba con la vida de uno de sus presos en la prisión de Huntsville, el centro que más humanos ejecuta legalmente en Estados Unidos. Por lo general son asesinos a los que la justicia ha encontrado culpables y, también generalmente, pasan una media de una década esperando el día en el que llegue la inyección letal que ponga fin a su encarcelamiento.
Sus muertes son motivo de protesta entre las muchas organizaciones internacionales que abogan contra la pena de muerte, pero eso no es lo único que las hace diferentes. También saben con certeza el momento en el que van a fallecer y lo hacen rodeados de gente.
Por eso son de las pocas personas que pueden elegir conscientemente sus últimas palabras sabiendo que estas se van a escuchar y van a acabar en un informe por los tiempos de los tiempos. De hecho, basta con entrar en la página web del Departamento de Justicia Criminal de Texas para leer estos informes y saber cómo se despiden estas personas de la vida. Ampliación

miércoles, 10 de octubre de 2012

24 años de prisión para Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso
Bogotá, 10 oct (EFE).- Un juez colombiano condenó a 24 años de prisión al antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos en 2008, por su responsabilidad en una matanza de 19 personas cometida hace casi tres lustros en el sureste del país, informaron hoy en Bogotá fuentes judiciales.
Mancuso fue también multado por el equivalente a 186.841 dólares, según precisó la Fiscalía General, que indicó que este exparamilitar compareció en juicio como coautor de homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir.
La entidad judicial precisó en un comunicado que Mancuso aceptó los cargos durante una diligencia celebrada el 13 de septiembre de 2011.
El exultraderechista compareció entonces desde la prisión del estado de Virginia en la que se encuentra recluido y el juzgado penal especializado de Villavicencio (centro) que lo enjuició.
Los cargos le habían sido imputados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que lo vinculó con la matanza como jefe de las desaparecidas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
El crimen masivo fue cometido el 4 de mayo de 1998 en Caño Jabón, aldea rural de Mapiripán, población del departamento del Meta, del que es capital Villavicencio, por unos 200 paramilitares que habían arribado previamente al caserío vecino de Puerto Alvira.
Según la investigación, en Caño Jabón, los paramilitares intimidaron a los pobladores y "acto seguido los dividieron en dos grupos, los condujeron a la pista de aterrizaje y al parque principal".
"Durante su incursión, los paramilitares ultimaron a 19 personas, saquearon propiedades, incendiaron viviendas y la pista aérea", recordó la Fiscalía, que indicó que dos de las personas asesinadas eran mujeres, una de ellas menor de edad.
Mancuso fue uno de los últimos jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que tuvo de matriz a las ACCU y que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Dos años más tarde, Mancuso y otros trece mandos de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos, donde eran reclamados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
La masiva extradición fue autorizada por Uribe, que los acusó de haber incumplido sus compromisos con el proceso de paz.
En Colombia, Mancuso ha sido vinculado con numerosos procesos por homicidio, matanzas, secuestro y desplazamiento forzado, entre otros delitos, y en varios de ellos ha recibido condenas de hasta cuarenta años de prisión. EFE

viernes, 11 de mayo de 2012

Una estafadora deberá pagar 80 meses de prisión

Foto Archivo

Acatando la solicitud de la Fiscalía el Juzgado Séptimo Penal del circuito de Bucaramanga (Santander), condenó a la pena de 80 meses de prisión y al pago de 82.66 salarios mínimos mensuales a Xiomara Rodas Mancera, por su responsabilidad en el delito de estafa agravada bajo la modalidad de delito en masa.
De acuerdo a la investigación realizadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la hoy condenada ofrecía a las personas la posibilidad de adquirir vivienda de interés social en macro proyecto denominado Pienta, liderado por la Gobernación de Santander y el Ministerio de Vivienda , para lo cual les exigía a las personas el pago de una cuota que oscilaba entre los dos millones y los dos millones quinientos mil pesos, dinero que era consignado en una cuenta a nombre de sus hijas menor de edad, pero hacía creer a sus víctimas que sería entregado a los funcionarios de la Gobernación que manejaban el proyecto para que le asignaran la vivienda.
Rodas Mancera, quien fue capturada por el CTI en enero de 2012 en un céntrico apartamento de la capital santandereana,  utilizada como fachada una fundación creada por ella misma denominada, Colombia está Contigo, que realizaba labores sociales en la zona de Morrorico en la capital santandereana y su condición de reconocida amiga de igualmente utilizaba su condición religiosa como cristiana para ganar la confianza de las personas. La condenada se encuentra recluida en la cárcel Distrital de Mujeres en Bucaramanga.

miércoles, 18 de enero de 2012

La Corte condenó a ex congresitas de Santander

Luis Alberto Gil, Luis Alfonso Riaño y Oscar Reyes 
Oscar Josue Reyes
Luis Alberto Gil
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a la penal de 90 meses de cárcel a los excongresistas santandereanos Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño por ‘parapolítica’. Colombia.com - Bogotá - 18/Ene/2012

La misma condena fue impuesta al exsenador Oscar Josué Reyes por nexos con las Autodefensas.
El exsenador Gil fue acusado de recibir apoyo electoral de parte del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', con quien habría llegado a un acuerdo tras una reunión en el 2001. Según la investigación, el excongresista llegó a ocupar su curul en el 2002 gracias al apoyo recibido por estos grupos ilegales.

La defensa de Gil señaló que si bien es cierto el exdirigente político sí asistió a dicha reunión, lo hizo para cerciorarse que no estaba en la lista negra de este grupo armado ilegal. Esto debido a la militancia de Gil, años atrás, con el M-19, sumada a las amenazas que estaba recibiendo en ese entonces.
En el caso de Riaño, la Corte encontró evidencia de su relación con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizado a mediados de 2006.
Estos dos congresistas fueron también condenados al pago de una multa de cerca de 3 mil 680 millones de pesos.
Sobre el caso de Oscar Josué Reyes, quien fue condenado a 9 años de cárcel, dice la investigación que se había comprometido a extender el proyecto paramilitar a cambio de ayuda para llegar al Legislativo.
El exparlamentario del Partido Conservador fue mencionado por Juan Fernando Morales Ballesteros y Orlando Murillo Morales, exmiembros del Bloque Central Bolívar.
Reyes deberá pagar de multa más de 6 mil 60 millones de pesos.

miércoles, 5 de mayo de 2010

En firme condena de 30 años de prisión por falsos positivos contra 10 militares

Fuente: RCN Radio

El Tribunal Superior de Medellín dejó en firme la condena de 30 años de prisión contra diez militares por la muerte de dos vendedores ambulantes que fueron reportados como supuestos guerrilleros muertos en combate.

Según las investigaciones, el 25 de mayo de 2005 en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín, los jóvenes Arley de Jesús Vallejo Cardona y John Fredy García Cardona fueron retenidos por una patrulla militar en la Comuna 13. Un día después fueron reportados como muertos en combate entre tropas oficiales y milicianos de los Comandos Armados Populares.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, a los cuerpos de Vallejo Cardona y García Cardona fueron hallados un revólver, varios explosivos y un fusil inservible.

Los condenados en calidad de autores materiales son: los sargentos Ismael Enrique Romero Martínez y César Felipe Castillo, y los soldados profesionales Carlos Alberto Villa Cañón, Gildardo Antonio Montoya López, Darío de Jesús Henao Posso, Juan Javier Gallego Varela, Joaquín Ferney Hidalgo Higuita y Román Albeiro Gutiérrez Jaramillo.

Así mismo como determinadores de homicidio en persona protegida fueron sentenciados Róbinson Jhon Édgar Lozano Garnica, capitán, y Sergio Ezequiel Rojas Ochoa, sargento orgánico del Batallón de Fuerzas Especiales de la Cuarta Brigada del Ejército.

martes, 30 de junio de 2009

Ecuador pide prisión para el ex ministro Juan Manuel Santos

Investigación Resumen de agencias

Un tribunal de Ecuador dictó ayer una orden de prisión preventiva contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por la operación militar realizada el 1 de marzo del 2008 en territorio ecuatoriano.

El juez primero Penal de la provincia de Sucumbíos, Daniel Méndez, pidió una investigación “por presunto delito contra la vida”, dentro del proceso que se adelanta por la incursión para atacar un campamento de las Farc en territorio de Ecuador.

Méndez pidió la captura de Santos al término de una audiencia en que la Fiscalía señaló al funcionario de ser el responsable del operativo.

A su vez, el defensor de oficio en favor de Santos, Walter Lombeida, rechazó la acusación. “No hay evidencias de su presunta participación, sólo publicaciones de la prensa”, insistió, aunque en la diligencia judicial los fiscales advirtieron de “indicios” para enjuiciar al ex Ministro de Defensa.

De acuerdo con el fiscal encargado del caso, Carlos Jiménez, la medida se tomó durante una audiencia que investiga la muerte de unas 26 personas durante el bombardeo en la zona selvática de Angostura, 1 de marzo del 2008. En el ataque fallecieron el jefe guerrillero Raúl Reyes, el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes universitarios de México, que se encontraban en el campamento.

Jiménez explicó que después de esta medida se abrirá un periodo de noventa días para “recabar más elementos” en busca de “justificar la existencia del delito y la presunta responsabilidad”.

Si en el transcurso de la investigación se desvirtúan los hechos que se le imputan al ex ministro Juan Manuel Santos, entonces se pondría fin a esta causa.
Internacionales >
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