viernes, 19 de junio de 2009

Negada en el Senado la Ley que reparaba daños a víctimas

Colprensa

Reparación. Según el Gobierno, de haberse aprobado la Ley de Víctimas se hubiese creado un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas.

Congresistas atendieron llamado del Gobierno que pidió hundir proyecto en la conciliación. No hay plata.

Tras dos años de intensos debates y audiencias, la llamada Ley de Víctimas se hundió ayer en la plenaria del Senado con 48 votos contra el informe de conciliación presentado por la oposición y 24 a favor.

La decisión de la coalición uribista se dio tras acoger la petición del Gobierno de no aprobar el proyecto, porque se le abriría un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas las víctimas de la violencia.

En el documento de la conciliación se acogía el texto aprobado en diciembre pasado por el Senado y algunos artículos de lo que se votó en la Cámara de Representantes esta semana.

Una carta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, donde advertía que la aprobación de esa ley tendría un costo fiscal de más de $75 billones, terminó por convencer a los legisladores.

La carta del Ministro, avalada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, indicaba además que “la reparación de los perjuicios no se hace con base en criterios de justicia y menoscabo de derechos, sino en la indemnización de los daños por parte del Estado, esto es, el resarcimiento de daño emergente, lucro cesante y la totalidad de los perjuicios morales causados a las víctimas por sus victimarios”.

Zuluaga aclaró, además, que de ser sancionada la ley, tal como avanzaba en el Congreso, el fisco debería asumir directamente la restitución de la totalidad del patrimonio de las víctimas, es decir, bienes tanto muebles como inmuebles e incluso derechos incorporales.

La iniciativa contemplaba entre otros factores que las víctimas, conforme a lo previsto en el derecho internacional, tendrían una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.

El espíritu del legislador observaba además que una reparación adecuada, efectiva y rápida tendría por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, conforme a la gravedad del daño sufrido.

También señalaba que conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, el Estado concedería reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que pudieran atribuírsele y constituyeran violaciones manifiestas de las normas internacionales.

Cuando se determinara que una persona física o jurídica u otra entidad estaba obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable debería conceder reparación a ésta o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación al afectado.

Al hueco fiscal se le sumaba la creación de tres entidades públicas “sin tener en cuenta la institucionalidad vigente”, advirtió el Ministerio de Hacienda.

De haber sido aprobada la norma, se hubiese creado un “trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”, advirtió la Presidencia de la República en un comunicado de prensa expedido luego de una reunión con algunos congresistas ponentes de la iniciativa.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, aseguró que ya el Gobierno está reparando a 240.000 víctimas mediante vía administrativa.

“Este ha sido el único Gobierno que las ha reparado”, dijo tras agregar que el 20 de julio se va a presentar una ley que recoja los estándares internacionales en ayuda a las víctimas y que sea responsable para el país.

Habla el autor

El senador y autor del proyecto, Juan Fernando Cristo, desestimó las cifras entregadas por el Gobierno y dijo que él no buscaba quebrar al Estado. Aseguró que no era cierto que existiera un universo más amplio de víctimas, que se quisiera entregar esquemas de protección personal a éstas o que se pretendiera incluir a personas que no sufrieron daño. “Todo lo que está en la carta del Ministro de Hacienda es sobre supuestos”.

Agregó que lo único que se podía sentir es dolor y que el Gobierno es “mezquino y tacaño con las víctimas, no existe una política de Estado en este tema”.

Organizaciones de víctimas habían cuestionado el proyecto aprobado por la por la Cámara el martes al considerar que estaba de espaldas a los afectados por el conflicto armado, mientras que el del Senado les permitía a las víctimas de agentes del Estado lograr una reparación sin sentencia judicial.


El senador Samuel Arrieta dijo que el Ministerio de Hacienda cambió el criterio de financiación a última hora porque en el debate no se habló del presupuesto de ahora.


El senador Armando Benedetti expresó que se seguía manteniendo en apoyar el texto de la oposición, “porque se les debe pagar a las víctimas de los agentes del Estado”.

Enfrentamiento por la conciliación

Los senadores Elsa Gladys Cifuentes, Marco Cortés y Daira Galvis manifestaron que no fueron llamados a la conciliación de las dos ponencias radicalmente distintas y responsabilizaron por ello a sus colegas de la U, Armando Benedetti, y Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana.

El senador Arrieta les respondió que no es de su obligación llamarlas.

“Le hicieron un mandado al Gobierno, pues en la votación de Senado, hace varios meses, estaban de acuerdo con el texto”, agregó.
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