Integrantes de organizaciones al margen de la ley capturados en el Sur del Cesar

Bucaramanga, 14 de julio de 2014. El ejército puso a buen recaudo a presuntos integrantes  de organizaciones al margen de la ley que operan en zona limítrofe de Santander y el Cesar.

Tropas de la Quinta Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares en el sur del Cesar, capturaron a dos presuntos integrantes de bandas criminales que delinquen sobre esta región del territorito nacional.

La aprehensión de un hombre y una mujer, se produjo en la vía principal que del municipio de Gamarra conduce a Aguachica, en un puesto de control vial militar adelantado por soldados del Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte”, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional.

En el desarrollo de esta operación coordinada, se incautaron 50 canecas donde se almacenaban 300 galones de combustible, las cuales eran transportadas en un automotor.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Local de Aguachica, por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados, adelantándoseles la respectiva judicialización.

El hallazgo del combustible permite afectar las finanzas de las bandas criminales, las cuales se sustentan económicamente del contrabando de gasolina en la región, para financiar ilicitanamente su actuar delincuencial.

ST. COS EDWIN CORREA OBREGÓN

Oficial de Prensa Segunda División - Ejército Nacional 320-455-9425

Nueva Ley para le gestión de riesgos en Colombia

Por: Sandra Calvo Pinzón

Jefe Oficina Asesora de Comunicación - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo -Presidencia de la República

Presidente Santos

 El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sanciona la Ley que regula el Conocimiento, el Manejo y la Reducción de los Desastres en el país.

Bogotá, 24 de abril de 2012. Colombia cambia su historia. Hoy, después de 27 años de la tragedia de Armero, (Tolima), cuando se sembraron las semillas para el nacimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sanciona la Ley que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Esta Ley cuenta con la normatividad para la Gestión, Prevención y Atención de Desastres, que organiza al país desde el nivel nacional al territorial, con la participación de los sectores público, privado y comunitario.

Con la firma de esta Normatividad, el país cambia totalmente las estrategias de asistencia a las personas afectadas por los desastres naturales y además, el Ejecutivo Nacional cuenta con nuevas herramientas que le permitirá tomar determinaciones en momentos oportunos y ejecutar presupuestos para atender las emergencias que sean necesarias. Ampliación

Ejecuciones extrajudiciales siguen en Colombia: ONU

(Yahoo noticias) Bogotá, 27 feb (EFE).- Las ejecuciones extrajudiciales de civiles por el Ejército, conocidas como "falsos positivos", prosiguen en Colombia, donde aumenta la violencia por parte de los grupos herederos de los paramilitares, informó hoy la ONU, al advertir de que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tiene "vacíos".

Estas conclusiones se desprenden del informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue presentado hoy en Bogotá por su nuevo representante, el estadounidense Todd Howland.

En una rueda de prensa, Howland dijo que, si bien se han dado pasos en la protección de los derechos humanos durante los dos últimos años, que coinciden con el Gobierno de Juan Manuel Santos, al citar expresamente la Ley de Víctimas, todavía hay un camino por recorrer.

En primer lugar, pidió protección para los beneficiarios de la Ley de Víctimas (en vigor desde enero pasado), acosados por la persecución, las amenazas y los asesinatos de los representantes de los reclamantes de tierras, es decir, campesinos despojados durante el conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 50 años. Ampliación

Sancionados los palmicultores por intermediación laboral

Una millonaria sanción impuso el Ministerio de Trabajo a una empresa del sector palmicultor, cinco cooperativas asociadas y una empresa temporal. Colombia.com - Bogotá - 27/Ene/2012

Rafael Pardo, Mintrabajo

El ministro Rafael Pardo dijo que la multa supera los 11 mil millones de pesos y señaló que es la sanción más grande que se haya proferido en el país por intermediación laboral, figura que está prohibida en la ley.

Dijo que de esta suma, 2 mil 226 millones de pesos corresponden a la empresa Oleaginosas Las Brisas; y 9 mil 435 millones de pesos a las cinco cooperativas y la empresa temporal.

“La ley da la posibilidad de que si la empresa Oleaginosa Las Brisas S.A. voluntariamente formaliza a los trabajadores afectados (514) mediante un contrato laboral a termino indefinido se le reducirá la sanción en un 20 por ciento por cada año que los emplee, con un 100 por ciento de condonación si los mantiene más de cinco años”, indicó el ministro.

El ministro dijo que le compulsó copias a la Superintendencia de Economía Solidaria para que disuelva y liquíde las cooperativas sancionadas. También pidió al Ministerio de Salud investigar las faltas en las obligaciones al régimen de salud.

La investigación fue realizada por la dirección territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Santander por denuncias de los trabajadores en el municipio de Puerto Wilches.  

Caracol Radio

Severas sanciones al comercio de licor adulterado

Los establecimientos que almacenen, elaboren, vendan, ofrezcan, adquieran o financien licor adulterado, se cerrarán inicialmente por 30 días. Así lo contempla el proyecto de Ley que busca adoptar medidas para la prevención y control de la venta de licor adulterado.

La iniciativa de la cual es ponente el Representante a la Cámara por Bogotá, Efraín Torres Monsalvo, también tendrá una sanción pecuniaria de 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes.

Así mismo contempla que quien envenene, contamine, adultere medicamentos o productos alimenticios tendrá cárcel de seis a doce años.

“Dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Protección Social deberá implementar campañas educativas mediante las cuales se enseñe a identificar el licor adulterado, las causas y efectos del mismo en el cuerpo humano”, explicó el Representante Torres.

De acuerdo con el congresista las secretarías de salud de los departamentos y municipios también tendrán un papel muy importante pues serán las encargadas de dar a conocer dichas campañas.

“Tenemos un vacío jurídico en esta materia y por eso la necesidad de penalizar a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de licor adulterado, que causa altos índices de mortalidad en el país”, argumentó el parlamentario.

Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol entre los jóvenes es la primera causa de muerte vincula con los accidentes automovilísticos, riñas callejeras y suicidio, debido a que muchos de ellos se encuentran en estado de intoxicación.

De cada diez botellas de licor que se venden en Colombia cuatro contienen producto adulterado.

La norma comenzará su trámite en el segundo periodo de la legislatura, donde cuenta con el apoyo de la bancada del Partido de La U.

Fuente: Mabel Rocio Castillo Pineda                              

Prensa y Relaciones Públicas                            

Cel:.                   314 366 42 82

Denuncias sobrefacturación por $825 mil millones

Jorge Robledo

En carta al ministro de la Protección Social, el Senador Robledo lo insta a denunciar una sobrefacturación de más de 825 mil millones de pesos en medicamentos

El grupo Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca el implicado. El caso se conoce desde diciembre. ¿Qué ha hecho el Ministerio?

De acuerdo con estudio del CID-IIC de la Universidad Nacional de Colombia reconocido por el Ministerio de la Protección Social, tres EPS pertenecientes al mismo grupo –Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca– cobraron por medicamentos en promedio 5.7 veces más que lo que cobraron las demás EPS en 2009.

Mientras las tres EPS citadas facturaron y recibieron pagos del sistema de salud con un promedio de 207 mil pesos por afiliado, las 18 restantes cobraron 36 mil pesos por afiliado.

La plata recibida por Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca por encima del promedio de las demás EPS suma en total 825 mil millones de pesos, que podría ser el monto de la defraudación al patrimonio público.

“El estudio de la Universidad Nacional de Colombia además señala –siempre de acuerdo con las cifras aportadas por las propias EPS– que estas diferencias en la facturación no se originan en medicamentos especiales ni en acciones de tutela, pues todos ellos hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). El mayor valor de los 25 medicamentos más usados formulados por Saludcoop sobre el promedio de las demás EPS es de escándalo: por ejemplo, 246% en Lovastatina, 227% en Loratadina, 135% en Omeprasol, 120% en Ácido fólico, 99% en Enalapril, 87% en Acetaminofen, 37% en Diclofenaco y 34% en Ibuprofeno”, le recuerda Robledo al ministro Santamaría.
.

En su carta al ministro Mauricio Santamaría, el senador del Polo le cuestiona por qué un problema que él conoce desde diciembre pasado no se lo ha informado a los colombianos. Y también le pregunta si el caso lo denunció, y en qué fecha, ante la Superintendencia de Salud, la Fiscalía y la Procuraduría, como es obvio que debió hacerse.

El senador Jorge Enrique Robledo citará debate sobre este caso en la plenaria del Senado. Se anexa la carta del senador Robledo al ministro Mauricio Santamaría.

Fuente: Oficina de Prensa Senador

Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 6 de marzo de 2011.

La carta dirigida al Ministro dice:

Doctor

MAURICIO SANTAMARÍA

Ministro de la Protección Social

Bogotá

Referencia: el Ministerio de la Protección Social debe denunciar una sobrefacturación ya pagada por 825.760 millones de pesos en medicamentos.

Cordial saludo:

Como usted sabe, de acuerdo con estudios del CID-IIC de la Universidad Nacional de Colombia ratificados por la Comisión Nacional en Salud (CRES) y los ministerios de la Protección Social y de Hacienda, en 2009, tres EPS pertenecientes al mismo grupo –Saludcoop, Café Salud y Cruz Blanca– cobraron de más gastos en medicamentos por $825.760 millones.

Mientras el promedio de las otras EPS en gastos en medicamentos fue de $36.324 por afiliado en 2009, las tres citadas dicen haber gastado en promedio $207.790 por afiliado, diferencia enorme –de 5.7 veces más– que se desglosa así: Cafésalud: $220.155 por afiliado, Saludcoop: $208.654 y Cruz Blanca: $194.562.

También pone en evidencia la desproporción entre las cifras que reportan estas tres EPS en relación con las demás el porcentaje de los medicamentos en el total de los gastos: mientras Saludcoop, Cafésalud y Cruz Blanca dicen que los medicamentos representan el 45 por ciento de sus gastos per cápita en salud (UPC), la demás informan que estos representan el 10 por ciento –4.5 veces menos.

El estudio de la Universidad Nacional de Colombia además señala –siempre de acuerdo con las cifras aportadas por las propias EPS– que estas diferencias en la facturación no se originan en medicamentos especiales ni en acciones de tutela, pues todos ellos hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). El mayor valor de los 25 medicamentos más usados formulados por Saludcoop sobre el promedio de las demás EPS es de escándalo: por ejemplo, 246% en Lovastatina, 227% en Loratadina, 135% en Omeprasol, 120% en Ácido fólico, 99% en Enalapril, 87% en Acetaminofen, 37% en Diclofenaco y 34% en Ibuprofeno.

Ante la evidente gravedad de estos hechos, que pueden constituir una defraudación de los recursos públicos por $825.760 millones y que en la práctica fueron reconocidos por usted el 29 de diciembre de 2010 (Acuerdo Nº 19 de la CRES), atentamente le pregunto:

¿Por qué su ministerio no les ha informado a los colombianos al respecto? ¿Denunció este caso ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Fiscalía? Si lo hizo, ¿en qué fechas fue? Si no hizo las respectivas denuncias, ¿por qué no?

Esta petición la hago amparado por el Artículo 258 de la Ley 5 de 1992.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República

Bogotá, 6 de marzo de 2011.

Nota: ver anexo: anexa documentos de sustento

Negada en el Senado la Ley que reparaba daños a víctimas

Colprensa

Reparación. Según el Gobierno, de haberse aprobado la Ley de Víctimas se hubiese creado un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas.

Congresistas atendieron llamado del Gobierno que pidió hundir proyecto en la conciliación. No hay plata.

Tras dos años de intensos debates y audiencias, la llamada Ley de Víctimas se hundió ayer en la plenaria del Senado con 48 votos contra el informe de conciliación presentado por la oposición y 24 a favor.

La decisión de la coalición uribista se dio tras acoger la petición del Gobierno de no aprobar el proyecto, porque se le abriría un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas las víctimas de la violencia.

En el documento de la conciliación se acogía el texto aprobado en diciembre pasado por el Senado y algunos artículos de lo que se votó en la Cámara de Representantes esta semana.

Una carta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, donde advertía que la aprobación de esa ley tendría un costo fiscal de más de $75 billones, terminó por convencer a los legisladores.

La carta del Ministro, avalada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, indicaba además que “la reparación de los perjuicios no se hace con base en criterios de justicia y menoscabo de derechos, sino en la indemnización de los daños por parte del Estado, esto es, el resarcimiento de daño emergente, lucro cesante y la totalidad de los perjuicios morales causados a las víctimas por sus victimarios”.

Zuluaga aclaró, además, que de ser sancionada la ley, tal como avanzaba en el Congreso, el fisco debería asumir directamente la restitución de la totalidad del patrimonio de las víctimas, es decir, bienes tanto muebles como inmuebles e incluso derechos incorporales.

La iniciativa contemplaba entre otros factores que las víctimas, conforme a lo previsto en el derecho internacional, tendrían una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.

El espíritu del legislador observaba además que una reparación adecuada, efectiva y rápida tendría por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, conforme a la gravedad del daño sufrido.

También señalaba que conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, el Estado concedería reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que pudieran atribuírsele y constituyeran violaciones manifiestas de las normas internacionales.

Cuando se determinara que una persona física o jurídica u otra entidad estaba obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable debería conceder reparación a ésta o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación al afectado.

Al hueco fiscal se le sumaba la creación de tres entidades públicas “sin tener en cuenta la institucionalidad vigente”, advirtió el Ministerio de Hacienda.

De haber sido aprobada la norma, se hubiese creado un “trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”, advirtió la Presidencia de la República en un comunicado de prensa expedido luego de una reunión con algunos congresistas ponentes de la iniciativa.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, aseguró que ya el Gobierno está reparando a 240.000 víctimas mediante vía administrativa.

“Este ha sido el único Gobierno que las ha reparado”, dijo tras agregar que el 20 de julio se va a presentar una ley que recoja los estándares internacionales en ayuda a las víctimas y que sea responsable para el país.

Habla el autor

El senador y autor del proyecto, Juan Fernando Cristo, desestimó las cifras entregadas por el Gobierno y dijo que él no buscaba quebrar al Estado. Aseguró que no era cierto que existiera un universo más amplio de víctimas, que se quisiera entregar esquemas de protección personal a éstas o que se pretendiera incluir a personas que no sufrieron daño. “Todo lo que está en la carta del Ministro de Hacienda es sobre supuestos”.

Agregó que lo único que se podía sentir es dolor y que el Gobierno es “mezquino y tacaño con las víctimas, no existe una política de Estado en este tema”.

Organizaciones de víctimas habían cuestionado el proyecto aprobado por la por la Cámara el martes al considerar que estaba de espaldas a los afectados por el conflicto armado, mientras que el del Senado les permitía a las víctimas de agentes del Estado lograr una reparación sin sentencia judicial.


El senador Samuel Arrieta dijo que el Ministerio de Hacienda cambió el criterio de financiación a última hora porque en el debate no se habló del presupuesto de ahora.


El senador Armando Benedetti expresó que se seguía manteniendo en apoyar el texto de la oposición, “porque se les debe pagar a las víctimas de los agentes del Estado”.

Enfrentamiento por la conciliación

Los senadores Elsa Gladys Cifuentes, Marco Cortés y Daira Galvis manifestaron que no fueron llamados a la conciliación de las dos ponencias radicalmente distintas y responsabilizaron por ello a sus colegas de la U, Armando Benedetti, y Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana.

El senador Arrieta les respondió que no es de su obligación llamarlas.

“Le hicieron un mandado al Gobierno, pues en la votación de Senado, hace varios meses, estaban de acuerdo con el texto”, agregó. Más noticias >