Cerca de 10.000 víctimas de la violencia identificadas en Colombia

Fuente: Yahoo noticias



Foto: Archivo bersoa.com



Bogotá, 26 may (EFE).- Un total de 9.969 personas muertas de las más de 22.000 que figuraban como "N.N." desde 1971 fueron identificadas por las autoridades colombianas, informó hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El informe de la entidad responsable de la identificación ciudadana y de los comicios indica que de los ahora reconocidos que habían sido sepultados en fosas comunes, 8.810 son hombres y 1.159 corresponden a mujeres.

También se señala que las víctimas, fallecidas en distintas circunstancias, fueron identificadas a través de los cotejos de las cartas de huellas dactilares que reposan en los archivos de la Registraduría.

La entidad reveló también que los departamentos que presentaron mayor cantidad de muertos reconocidos son Valle del Cauca (suroeste) con 1.542, Antioquia (noroeste) con 1.354 y Cundinamarca (centro), con 693, así como Bogotá, con 874.

Los restantes 12.721 fallecidos analizados no se pudieron identificar porque, entre otras cosas, señaló la entidad, podría tratarse de menores de edad e incluso de extranjeros que no tenían documento de identidad o porque las reseñas de las huellas no pudieron ser cotejadas.

Las cifras fueron presentadas este jueves al revelarse los primeros resultados de un convenio entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la misma Registraduría y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las identidades de los "N.N.".

El convenio aglutina esfuerzos para el procesamiento de las necrodactilias de la Registraduría, mediante la consulta con el llamado Sistema Automático de Identificación de Huellas Digitales (Afis), para así lograr la identificación plena de personas fallecidas y cruzar estos resultados con reportes de desaparecidos.

La Registraduría reveló que, adicionalmente, logró identificar a 156 personas cuya muerte no se pudo datar.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló a periodistas que al Estado le asiste "el deber jurídico y moral" de entregar resultados sobre familias que reclaman el derecho a saber en dónde están su familiares desaparecidos.

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, resaltó la rapidez en estos procesos de identificación.

Para agilizar la tarea, la Registraduría adquirió un moderno sistema que permite adelantar hasta 12.000 búsquedas diarias.

Antes los cotejos de huellas se hacían manualmente y en promedio se podían entregar, máximo, cinco identidades en un día.

Actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con una base de datos con más 740 millones de huellas dactilares de los más de 38 millones de colombianos que han solicitado un documento de identidad.

El informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil indica que de los ahora reconocidos que habían sido sepultados en fosas comunes, 8.810 son hombres y 1.159 corresponden a mujeres. EFE/Archivo

En Día Mundial por Víctimas de Tránsito:

Fondo de Prevención Vial se une a celebración en Colombia

Bogotá, noviembre 18 de 2009. En el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas de Tránsito, el Fondo de Prevención Vial de Colombia se unió al llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, FEVR, la Liga Contra la Violencia Vial y Road Peace e invitó a toda la ciudadanía de Colombia a reflexionar sobre su responsabilidad cuando viaja, camina, pasa una calle, usa el transporte masivo, maneja un automóvil o una motocicleta.

En lo que va corrido del año, en Colombia han fallecido 4.269 personas y 27.718 personas resultaron con heridas graves, todos víctimas de colisiones, choques y estrellones entre automóviles, motocicletas y peatones en las vías nacionales que se habrían podido evitar.

“Son 4.269 familias que perdieron a uno de sus miembros, la mayoría en edades muy tempranas o en pleno período de productividad de sus vidas, y en casi todos los casos se habría podido evitar si sólo conductores y peatones hubiesen actuado con responsabilidad y conciencia a la hora de movilizarse por las diferentes vías”, dijo la Directora Ejecutiva del Fondo de Prevención Vial, Alexandra Rojas Lopera.

“Tenemos la oportunidad de salvar las próximas vidas de personas que podrían morir en las carreteras colombianas en los meses venideros. ¿Cómo? Cuidándonos nosotros mismos y a los otros, tomando las medidas de precaución y mecánicas, respetando las normas de tránsito, los pasos de calles, los límites de velocidad, usando casco cuando se requiere, encendiendo las luces de las motos a toda hora, absteniéndose de consumir licor cuando se va a estar al volante o a salir a la calle”, indicó

La directiva invitó a toda la población colombiana a que se una a las celebraciones, y se solidarizó con todas las familias que han perdido a sus seres queridos en colisiones o choques en las vías, al tiempo que destacó el apoyo de organizaciones civiles como la Liga Contra la Violencia Vial.

Recordó que la ley 1326 incrementó las penas de prisión a todas aquellas personas que ocasionen un accidente con víctimas fatales y que tenga el agravante de haber consumido licor quienes podrían ser condenadas hasta por 27 años de cárcel no excarcelables.

Fuente: Lilia Cadena García
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Negada en el Senado la Ley que reparaba daños a víctimas

Colprensa

Reparación. Según el Gobierno, de haberse aprobado la Ley de Víctimas se hubiese creado un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas.

Congresistas atendieron llamado del Gobierno que pidió hundir proyecto en la conciliación. No hay plata.

Tras dos años de intensos debates y audiencias, la llamada Ley de Víctimas se hundió ayer en la plenaria del Senado con 48 votos contra el informe de conciliación presentado por la oposición y 24 a favor.

La decisión de la coalición uribista se dio tras acoger la petición del Gobierno de no aprobar el proyecto, porque se le abriría un hueco fiscal irreparable al Estado ya que no hay presupuesto para resarcir a todas las víctimas de la violencia.

En el documento de la conciliación se acogía el texto aprobado en diciembre pasado por el Senado y algunos artículos de lo que se votó en la Cámara de Representantes esta semana.

Una carta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, donde advertía que la aprobación de esa ley tendría un costo fiscal de más de $75 billones, terminó por convencer a los legisladores.

La carta del Ministro, avalada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, indicaba además que “la reparación de los perjuicios no se hace con base en criterios de justicia y menoscabo de derechos, sino en la indemnización de los daños por parte del Estado, esto es, el resarcimiento de daño emergente, lucro cesante y la totalidad de los perjuicios morales causados a las víctimas por sus victimarios”.

Zuluaga aclaró, además, que de ser sancionada la ley, tal como avanzaba en el Congreso, el fisco debería asumir directamente la restitución de la totalidad del patrimonio de las víctimas, es decir, bienes tanto muebles como inmuebles e incluso derechos incorporales.

La iniciativa contemplaba entre otros factores que las víctimas, conforme a lo previsto en el derecho internacional, tendrían una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.

El espíritu del legislador observaba además que una reparación adecuada, efectiva y rápida tendría por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, conforme a la gravedad del daño sufrido.

También señalaba que conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, el Estado concedería reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que pudieran atribuírsele y constituyeran violaciones manifiestas de las normas internacionales.

Cuando se determinara que una persona física o jurídica u otra entidad estaba obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable debería conceder reparación a ésta o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación al afectado.

Al hueco fiscal se le sumaba la creación de tres entidades públicas “sin tener en cuenta la institucionalidad vigente”, advirtió el Ministerio de Hacienda.

De haber sido aprobada la norma, se hubiese creado un “trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”, advirtió la Presidencia de la República en un comunicado de prensa expedido luego de una reunión con algunos congresistas ponentes de la iniciativa.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, aseguró que ya el Gobierno está reparando a 240.000 víctimas mediante vía administrativa.

“Este ha sido el único Gobierno que las ha reparado”, dijo tras agregar que el 20 de julio se va a presentar una ley que recoja los estándares internacionales en ayuda a las víctimas y que sea responsable para el país.

Habla el autor

El senador y autor del proyecto, Juan Fernando Cristo, desestimó las cifras entregadas por el Gobierno y dijo que él no buscaba quebrar al Estado. Aseguró que no era cierto que existiera un universo más amplio de víctimas, que se quisiera entregar esquemas de protección personal a éstas o que se pretendiera incluir a personas que no sufrieron daño. “Todo lo que está en la carta del Ministro de Hacienda es sobre supuestos”.

Agregó que lo único que se podía sentir es dolor y que el Gobierno es “mezquino y tacaño con las víctimas, no existe una política de Estado en este tema”.

Organizaciones de víctimas habían cuestionado el proyecto aprobado por la por la Cámara el martes al considerar que estaba de espaldas a los afectados por el conflicto armado, mientras que el del Senado les permitía a las víctimas de agentes del Estado lograr una reparación sin sentencia judicial.


El senador Samuel Arrieta dijo que el Ministerio de Hacienda cambió el criterio de financiación a última hora porque en el debate no se habló del presupuesto de ahora.


El senador Armando Benedetti expresó que se seguía manteniendo en apoyar el texto de la oposición, “porque se les debe pagar a las víctimas de los agentes del Estado”.

Enfrentamiento por la conciliación

Los senadores Elsa Gladys Cifuentes, Marco Cortés y Daira Galvis manifestaron que no fueron llamados a la conciliación de las dos ponencias radicalmente distintas y responsabilizaron por ello a sus colegas de la U, Armando Benedetti, y Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana.

El senador Arrieta les respondió que no es de su obligación llamarlas.

“Le hicieron un mandado al Gobierno, pues en la votación de Senado, hace varios meses, estaban de acuerdo con el texto”, agregó. Más noticias >