Por agresión a periodista Colombia es condenada por la Corte Internacional de Derechos Humanos CIDH

Magistrado de la Corte. Foto Archivo

San José, 5 oct.- (lainformacion.com) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy su sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por las agresiones y persecuciones que sufrió el periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo a manos de militares en 1996.Según la sentencia, el 29 de agosto de 1996, el comunicador fue víctima de agresiones por parte de miembros del Ejército mientras filmaba una protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá, Colombia.

Los jueces concluyeron que las acciones del Ejército colombiano constituyeron "una violación al derecho a la integridad personal" de Vélez, su esposa e hijos.  Además, la sentencia señala que el Estado violó, con su agresión, "el derecho a la libertad de pensamiento y expresión" del periodista, debido a que los militares "intentaron impedirle que continuara grabando los acontecimientos que allí se presentaban y que difundiera las imágenes que ya había grabado".

La CorteIDH, con sede en San José, notificó hoy a las partes involucradas en el caso, es decir, al Estado colombiano y a Vélez, quien actualmente trabaja como guía turístico en Estados Unidos, donde vive exiliado con su familia desde 1997. El tribunal continental indicó que, "si bien las imágenes grabadas por el señor Vélez Restrepo fueron finalmente difundidas, ello se debió a que, a pesar de los golpes que le propinaron, aquel no soltó la cámara de vídeo y la cinta".

La Corte también condenó al Estado por amenazas y hostigamientos ocurridos con posterioridad a la agresión del 29 de agosto de 1996, como un "intento de privación arbitraria de la libertad" que se dio en contra del periodista en 1997. Para los jueces, las faltas cometidas por el Estado generaron "gran inseguridad y un fundado temor" en Vélez, "de que su vida e integridad personal estaban en riesgo de ser vulnerados si permanecían en Colombia, lo que provocó su exilio, configurándose una violación a su derecho de circulación y residencia".

A pesar de una aceptación parcial de responsabilidad que había hecho Colombia, la Corte resolvió que "el Estado no cumplió con su obligación de realizar investigaciones efectivas y diligentes de los referidos hechos de agresión, amenazas, hostigamientos e intento de privación de la libertad". La sentencia incluye medidas como una indemnización y otras de reparación para Vélez y su familia.(Agencia EFE)

Caso clave ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría terminar la criminalización del activismo en Colombia

Un activista colombiano, victima de detención arbitraria, busca medidas cautelares urgentes

Por: Andrew Hudson

Nueva York – Un caso clave presentado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría marcar un momento decisivo en los esfuerzos para terminar con la judicialización de los defensores de los derechos humanos colombianos, según Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos.

Príncipe Gabriel González Arango, (foto derecha) un activista estudiantil y miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ha presentado formalmente una a petición ante la CIDH señalando que sus derechos humanos fueron violados dada su detención arbitraria y también por el actual proceso en su contra en él cual esta acusado de terrorismo. González también pidió medidas cautelares de la CIDH para evitar su regreso a la detención arbitraria.

Gabriel González en el edificio del Tribunal Supremo en Washington, DC (octubre de 2009) Foto: Andrew Hudson

“Esta petición presenta una oportunidad histórica para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revoque años de detención arbitrara y persecución injusta contra González,” dijo Andrew Hudson de Human Rights First. "La Comisión debería mostrar con convicción que no tolerará que el sistema judicial colombiano sea utilizado para intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos. También la Comisión debería adoptar urgentes medidas para asegurar que los derechos fundamentales de González no sean pisoteados mas mientras su caso este pendiente.”

La petición ante la CIDH destaca la necesidad para que la Corte Suprema de Colombia admita la casación de González y revoque la errónea condena de terrorismo en su contra. El caso fue presentado en nombre de González por Human Rights First y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Derecho de George Washington.

Ambos grupos señalan que el valor de precedente de este caso es enorme. Una fuerte decisión de la Comisión ayudaría a docenas de activistas colombianos que también son victimas de procesos penales sin fundamento. “El caso de González es solo la punta del iceberg. A lo largo de Colombia, defensores de derechos humanos son el objeto de acusaciones falsa destinadas para perseguirlos,” dijo Hudson.

Empezando en 2006, González fue detenido en Bucaramanga por más de un año y quedó encarcelado mientras esperaba un juicio por rebelión y liderazgo de una milicia urbana conectada a las FARC. Después de un juicio, el juez de primera instancia encontró que el proceso penal fue infundado y nunca debió haber sido iniciado. Por alguna razón, la absolución fue apelada por la Procuraduría y en marzo 2009, después de dos años de libertad, el Tribunal Superior de Bucaramanga emitió una sentencia condenatoria y condenó a González a siete años más en la cárcel por los mismos falsos denuncios. La fiscalía usó dos testigos: uno que no pudo identificar a González físicamente ni nombrarlo antes de su detención, y otra que confesó haber dado evidencia bajo coacción.

En junio de 2009, González apeló su caso ante la Corte Suprema de Colombia argumentado que su condena fue nula por dos razones. Primero, violó su derecho de defensa porque la fiscalía no le comunicó sobre la iniciación de la indagación preliminar. Segundo, por error de hecho por falso raciocinio por haber aceptado testimonios contradictorios e incoherentes por ex-combatientes que estaban recibiendo beneficios de reintegración del estado. Una decisión de la Corte Suprema acerca si aceptara el recurso de casación se espera en cualquier momento.

En octubre 2009, Human Rights First le otorgó a González su prestigioso premio anual de derechos humanos reconociéndolo por su extraordinaria promoción de los derechos humanos.

Varias entidades internacionales—incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos—han expresado su preocupación por el proceso contra González

Según HRF, el caso de González es emblemático de muchos otros. En febrero 2009, el grupo publicó, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y señalados en Colombia, un informe exhaustivo que documentó el frecuente uso de procesos penales sin fundamento para silenciar los defensores de derechos humanos.

Para más información:

Más información sobre el caso de González

Testimonio de González ante el Congreso de los Estados Unidos en octubre 2009

Articulo en el Huffington Post sobre González

Información sobre los defensores de derechos humanos en Colombia
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