Por agresión a periodista Colombia es condenada por la Corte Internacional de Derechos Humanos CIDH

Magistrado de la Corte. Foto Archivo

San José, 5 oct.- (lainformacion.com) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy su sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por las agresiones y persecuciones que sufrió el periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo a manos de militares en 1996.Según la sentencia, el 29 de agosto de 1996, el comunicador fue víctima de agresiones por parte de miembros del Ejército mientras filmaba una protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá, Colombia.

Los jueces concluyeron que las acciones del Ejército colombiano constituyeron "una violación al derecho a la integridad personal" de Vélez, su esposa e hijos.  Además, la sentencia señala que el Estado violó, con su agresión, "el derecho a la libertad de pensamiento y expresión" del periodista, debido a que los militares "intentaron impedirle que continuara grabando los acontecimientos que allí se presentaban y que difundiera las imágenes que ya había grabado".

La CorteIDH, con sede en San José, notificó hoy a las partes involucradas en el caso, es decir, al Estado colombiano y a Vélez, quien actualmente trabaja como guía turístico en Estados Unidos, donde vive exiliado con su familia desde 1997. El tribunal continental indicó que, "si bien las imágenes grabadas por el señor Vélez Restrepo fueron finalmente difundidas, ello se debió a que, a pesar de los golpes que le propinaron, aquel no soltó la cámara de vídeo y la cinta".

La Corte también condenó al Estado por amenazas y hostigamientos ocurridos con posterioridad a la agresión del 29 de agosto de 1996, como un "intento de privación arbitraria de la libertad" que se dio en contra del periodista en 1997. Para los jueces, las faltas cometidas por el Estado generaron "gran inseguridad y un fundado temor" en Vélez, "de que su vida e integridad personal estaban en riesgo de ser vulnerados si permanecían en Colombia, lo que provocó su exilio, configurándose una violación a su derecho de circulación y residencia".

A pesar de una aceptación parcial de responsabilidad que había hecho Colombia, la Corte resolvió que "el Estado no cumplió con su obligación de realizar investigaciones efectivas y diligentes de los referidos hechos de agresión, amenazas, hostigamientos e intento de privación de la libertad". La sentencia incluye medidas como una indemnización y otras de reparación para Vélez y su familia.(Agencia EFE)

Un activista colombiano injustamente detenido enfrentará juicio

Human Rights First condena la decisión de llevar a juicio a Carmelo Agamez por supuestos vínculos con los paramilitares

bowsersoderb@humanrightsfirst.org

(Nueva York – 10 de noviembre 2009) Human Rights First condena la decisión de los fiscales colombianos de llevar a juicio a Carmelo Agamez por supuestos vínculos con los paramilitares. El señor Agamez, un reconocido activista de derechos humanos colombiano, ha permanecido en Sucre injustamente detenido por casi un año. La semana pasada en Bogota el Fiscal 28 de antiterrorismo emitió una resolución acusatoria en la cual formalmente decide llevar la investigación contra el señor Agamez a juicio. La decisión viene a pesar de que el Tribunal Superior de Sucre y el Fiscal General confirmaron que el debido proceso del señor Agamez había sido violado y que existían pruebas de mala conducta por parte del fiscal que inicio el caso contra el señor Agamez.

“Es inconcebible pensar que, a pesar de las preocupaciones planteadas por altos funcionarios de la justicia colombiana, los cargos infundados contra el señor Agamez puedan llegar a juicio. El Tribunal Superior de Sucre y el Fiscal General concordaron que el derecho al debido proceso del señor Agamez fue violado y ordenaron una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra del señor Agamez,” dijo Andrew Hudson, (foto arriba) Asociado Senior de Human Rights First. “El Fiscal General debería de parar inmediatamente la continuación de esta absurda investigación.”

Carmelo Agamez es el secretario técnico del Movimiento de Víctimas del Crímenes de Estado (MOVICE) en Sucre. En noviembre del 2008 Agamez fue detenido y encarcelado con los mismos lideres paramilitares que él había denunciado. Él ha dedicado su carrera a exponer las violaciones de derechos humanos y las conexiones entre funcionarios locales y las fuerzas paramilitares. Dada su contundente y pública oposición a grupos paramilitares es poco plausible que el señor Agamez tenga vínculos con los paramilitares.

En mayo de 2009, el Tribunal Superior de Sucre decidió que el fiscal no había cumplido con el debido proceso y había violado los derechos de Agamez a una defensa justa por no haberle informado de las acusaciones en su contra. Además, según su defensa, la orden de captura en su contra fue legitimada con posterioridad y su residencia fue allanada sin el cumplimiento de los protocolos de ley. Las acusaciones contra el señor Agamez fueron basadas en testimonios inconsistentes y contradictorios hechos por dos testigos no imparciales que alegaban que el señor Agamez había participado en una reunión con paramilitares en una fecha no especificada. Uno de estos testigos, Luis Carlos Ocon, fue arrestado recientemente después de que Carmelo Agamez y MOVICE lo denunciaron públicamente por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Agamez también estuvo involucrado en el arresto del hermano y primo del segundo testigo. Varios de los otros testigos han testificado que Agamez no participo en la reunión en cuestión, mientras una testigo retractó de su testimonio explicando que el fiscal la había inducido a impugnar al señor Agamez falsamente.

En julio de 2009, el Fiscal General emitió una resolución formal en la cual citó repetidamente las preocupaciones de Human Rights First sobre la falta de imparcialidad en la investigación en contra de Agamez. Él ordenó una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra Agamez (el fiscal segundo especializado de Sincelejo, el Dr. Rodolfo Martínez Mendoza) por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agamez.

“Cuando el Fiscal General reasignó el caso a un fiscal en Bogotá, pensamos que finalmente la justicia prevalecería y que Agamez saldría en libertad. En vez de hacer esto, el nuevo fiscal ha decidido llevar el caso a juicio sin ofrecer pruebas adicionales de la culpabilidad de Agamez y sin tratar las preocupaciones planteadas por los altos funcionarios de la justicia colombiana,” dijo Hudson.

Human Rights First insta a todas las embajadas en Colombia, incluyendo a la embajada estadounidense, de plantear sus inquietudes sobre este caso con el gobierno estadounidense.

“La detención injusta de Agamez es solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande: el uso extensivo de procesos penales maliciosos y detenciones arbitrarias para silenciar a los activistas de derechos humanos,” señaló Hudson.

Human Rights First insta al Fiscal General de retirar inmediatamente los cargos en contra de Agamez. También le insta al Fiscal General para emitir una resolución que delegue a una unidad de la fiscalía la coordinación de la revisión de los procesos penales en contra de los defensores de derechos humanos. Esta unidad se encargaría de cerrar inmediatamente los casos falsos en contra de defensores y evitaría la detención injusta de otros activistas en el futuro.

La persecución en contra de Agamez fue incluida en un reciente informe de Human Rights First: Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y Señalados en Colombia. Agamez es la última persona en el informe que todavía permanece en la cárcel. Lamentablemente en los últimos seis meses muchos más defensores han sido detenidos injustamente. A continuación un extracto de este informe:

Secretario Técnico de la sección Sucre del Movimiento de Víctimas de Crimines del Estado (MOVICE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. El 13 de noviembre del 2008, cinco hombres vestidos de civil se identificaron como policías y allanaron la casa de Agamez. El 15 de noviembre del 2008 lo arrestaron y lo detuvieron. La Fiscalía en Sincelejo le acusó de concierto para de delinquir con grupos paramilitares, alegando que participó en una reunión con paramilitares en el 2002. Estuvo bajo custodia de la SIJIN por cinco días y desde entonces está preso en la cárcel La Vega. Presuntamente, el allanamiento inicial en contra de Agamez se llevó a cabo sin orden judicial y por varios días no se le notificó de los cargos en su contra. La captura de Agamez sucedió poco después de que hizo una serie de denuncias públicas acerca de la corrupción de algunos funcionarios públicos. Presuntamente, las únicas pruebas aportadas por el fiscal son dos testimonios, uno de los cuales es el de la esposa de un alcalde recientemente acusado de corrupción después de que MOVICE organizara una audiencia pública. Agamez ha recibido muchas amenazas de grupos paramilitares y apareció en una “lista de muerte” de los paramilitares en el 2006. Dada su contundente y pública oposición a grupos paramilitares es muy poco plausible que sea paramilitar. Volvera Inicio