Por agresión a periodista Colombia es condenada por la Corte Internacional de Derechos Humanos CIDH

Magistrado de la Corte. Foto Archivo

San José, 5 oct.- (lainformacion.com) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy su sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por las agresiones y persecuciones que sufrió el periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo a manos de militares en 1996.Según la sentencia, el 29 de agosto de 1996, el comunicador fue víctima de agresiones por parte de miembros del Ejército mientras filmaba una protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá, Colombia.

Los jueces concluyeron que las acciones del Ejército colombiano constituyeron "una violación al derecho a la integridad personal" de Vélez, su esposa e hijos.  Además, la sentencia señala que el Estado violó, con su agresión, "el derecho a la libertad de pensamiento y expresión" del periodista, debido a que los militares "intentaron impedirle que continuara grabando los acontecimientos que allí se presentaban y que difundiera las imágenes que ya había grabado".

La CorteIDH, con sede en San José, notificó hoy a las partes involucradas en el caso, es decir, al Estado colombiano y a Vélez, quien actualmente trabaja como guía turístico en Estados Unidos, donde vive exiliado con su familia desde 1997. El tribunal continental indicó que, "si bien las imágenes grabadas por el señor Vélez Restrepo fueron finalmente difundidas, ello se debió a que, a pesar de los golpes que le propinaron, aquel no soltó la cámara de vídeo y la cinta".

La Corte también condenó al Estado por amenazas y hostigamientos ocurridos con posterioridad a la agresión del 29 de agosto de 1996, como un "intento de privación arbitraria de la libertad" que se dio en contra del periodista en 1997. Para los jueces, las faltas cometidas por el Estado generaron "gran inseguridad y un fundado temor" en Vélez, "de que su vida e integridad personal estaban en riesgo de ser vulnerados si permanecían en Colombia, lo que provocó su exilio, configurándose una violación a su derecho de circulación y residencia".

A pesar de una aceptación parcial de responsabilidad que había hecho Colombia, la Corte resolvió que "el Estado no cumplió con su obligación de realizar investigaciones efectivas y diligentes de los referidos hechos de agresión, amenazas, hostigamientos e intento de privación de la libertad". La sentencia incluye medidas como una indemnización y otras de reparación para Vélez y su familia.(Agencia EFE)

Serán garantizados los derechos ciudadanos en Puerto Wilches

Las protestas en palmicultoras de Pto Wilches, temas abordados en  consejo de seguridad 
La fuerza pública hará presencia en la zona 

Desde que se inició el conflicto laboral en las palmeras de Puerto Wilches, el gobierno departamental ha mantenido la disposición constante de mediar entre las partes. En las últimas horas esa mediación se hizo latente con el desarrollo de un consejo de seguridad, encabezado por el gobernador de Santander Horacio Serpa Uribe.

Al encuentro en el palacio amarillo asistió el General Rodolfo Palomino, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, los Alcaldes de Bucaramanga Hector Moreno y de Puerto Wilches Nelson Pinzón, además de empresarios de las palmeras, representantes del Ministerio de Protección Social, y delegados militares y policiales de Santander.

En la reunión de tres horas las autoridades hicieron un repaso a la situación laboral en la zona, y de los hechos de orden público que allí se han suscitado debido al paro de actividades en las plantas extractoras que lleva más de 60 días.

“La fuerza pública tiene instrucciones de hacer presencia en la zona para garantizar el ejercicio legítimo de los derechos, al mismo tiempo se va a insistir a través del dialogo en encontrar caminos que permitan, respetando los derechos de todos, continuar con la tarea de dilucidar los aspectos laborales”, dijo Horacio Serpa Uribe a la salida del consejo de seguridad.

Serpa, también confirmó su asistencia a una reunión de mediación, el próximo lunes 24 de octubre en horas de la tarde en la Vicepresidencia de la República, con la participación del alcalde de Puerto Wilches, y voceros de los trabajadores en conflicto.

Por su parte el General Rodolfo Palomino le hizo un llamado a los trabajadores “ esto no puede seguir así bajo ninguna circunstancia, esto implica que la policía nacional,  la fuerza pública y la policía asistida va a buscar el restablecimiento de la normalidad en la operación de estas plantas, el mensaje es muy claro, además de la dificultad a la que están sometidos los mismos  trabajadores, y algunos pequeños propietarios para quienes sus legítimos intereses económicos igualmente  se han estado viendo perjudicados”.

Se espera que el próximo lunes en la Vicepresidencia de la República, autoridades, trabajadores y propietarios palmicultores sigan explorando la posibilidad de un arreglo por la vía del dialogo y se pueda restablecer esta importante actividad económica del departamento.

Fuente: Ofiocina de prensa de la gobernación

¿Abuso de autoridad de un alferez de tránsito?

O vulnerabilidad de los derechos de los pasajeros
Así se preguntaba una y otra vez los pasajeros de un bus del servicio entre Floridablanca y Bucaramanga que fue  inmovilizado repleto de pasajeros, que a esa hora, 8 de la mañana de este martes 26 de julio de 2011  se desplazaban del sur hacia  Cabecera y el centro de la capital de Santander.

Un, al parecer desacertado, procedimiento de un alférez  estuvo a punto de generar un enfrentamiento entre comunidad,  patrulleros de tránsito y policías.

Este increible hecho,  ocurrió en plena hora pico de las 8 de la mañana, cuando un alférez de Bucaramanga, sin motivo aparente  inmovilizó un bus de la ruta Caracolí- Campo hermoso y tras media hora de espera, los pasajeros desesperados por llegar a su trabajo y estudio  decidieron bajarse  del bus y taponar la vía, provocando enfrentamiento con los patrulleros de transito que llegaron a  acompañar al imprudente alférez que quiso demostrar su autoridad en forma posiblemente abusiva, explicaron los enardecidos pasajeros que afirmaron estar siendo violentados sus derechos. 

  La situación casi pasa a mayores por el desespero de los pasajeros que calificaron a los patrulleros de transito como un atentado y un peligro para la ciudadanía. Dos abogados que viajaban en el bus explicaron a este reportero que  eso era un abuso de los patrulleros que merecían ser denunciados ante la procuraduría y ante las autoridades ordinarias por daños y perjuicios contra terceros, por cuanto los empleados y estudiantes fueron obligados indirectamente a demoras injustificadas.