Informe de DD.HH. de E.U. califica de gravisimos los Falsos positivos en Colombia

Fuente: http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/informe-de-derechos-humanos-de-estados-unidos-colombia_7391887-1

Aunque el reporte del Departamento de Estado aclara que no se trata de una "política oficial del Gobierno" colombiano, es muy duro al anotar cierta planificación en este tipo de asesinatos.

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Dice que, aunque en menor grado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Colombia siguieron siendo un problema en el país durante el 2009.

"El número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de una manera sistemática por parte de elementos significativos dentro de los militares", asegura.

Según el Departamento de Estado, hubo una reducción en los casos de los llamados 'falsos positivos' con relación al 2008, pero luego cita un informe de la ONU en el que se documentan varias de estas muertes en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, y Vichada.

De acuerdo al informe, durante el año se registró igualmente colaboración de miembros de las fuerzas armadas con grupos paramilitares y bandas emergentes, en violación a las órdenes del gobierno.

Esta colaboración, sostiene, pudo haber propiciado ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, se pudo haber traducido en participación directa.

Basado en cifras del CINEP, el departamento de Estado dice que en el país se presentaron 192 ejecuciones de este tipo durante el 2009 -28 menos que el año anterior- atribuidas a todos las partes en el conflicto.

Según E.U., si bien la impunidad para el caso de militares implicados siguió siendo un problema, destaca las investigaciones realizadas por el ministerio de Defensa y el traslado de procesos a la justicia ordinaria.

En su conjunto el reporte expresa nuevamente preocupación por la situación de los DDHH en el país, pero reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno.

Enumera, a su vez, casos de corrupción, persecución política, secuestros y la violencia de los grupos armados ilegales, en particular de las Farc, el Eln y los nuevos paramilitares.

También hace nota del escándalo que se generó por las interceptaciones ilegales del DAS y el caso de Agro Ingreso Seguro en el que se vio envuelto el ex ministro de agricultura y candidato Andrés Felipe Arias.

El departamento de Estado también cita estadísticas del Gobierno segn las cuales los secuestros se redujeron en un 18 por ciento, las masacres en un 13 por ciento y la condena de 421 personas 157 de ellos militares- por abusos a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

Igualmente, menciona que organismos nacionales e internacionales reportaron una disminución en el desplazamiento forzado (del 23 por ciento, segn la Cruz Roja), sin que por ello haya dejado de ser un problema.

El reporte, usando de nuevo cifras del Cinep, sostiene que las nuevas bandas emergentes o paramilitares no desmovilizados, cometieron al menos 279 asesinatos de civiles durante el año, lo que representa un incremento del 89 por ciento con relación al año anterior.

Así mismo, les atribuye el desplazamiento de cientos de personas para abrirle camino al tráfico de coca y sus ataques a periodistas, polticos, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y cualquiera que se opusiera a sus fines criminales.

Las Farc y el Eln tambin fueron responsables, según Washington, de decenas de asesinatos políticos, secuestros, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violación de mujeres y hasta homicidio de maestros, sindicalistas o personas que rotularon como colaboradores del gobierno.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

Atención: Reporteros gráficos son agredidos en Bogotá por acompañantes de político detenido

El pasado 8 de marzo de 2010 fueron agredidos en Bogotá los reporteros gráficos Gabriel Aponte, del diario El Espectador, y Raúl Palacios, de la agencia nacional de noticias Colprensa. Los agresores fueron varios acompañantes del dirigente político Ferney Tapasco González, quien fue detenido en Manizales, Caldas, y trasladado a Bogotá.

Los hechos tuvieron lugar cuando los reporteros registraban la llegada de Tapasco a Bogotá en el aeropuerto denominado Puente Aéreo, antes de ser trasladado a la Fiscalía General de la Nación. El político se prestaba para rendir a rendir indagatoria por la investigación que se lleva en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo en Caldas.

De un momento a otro, una mujer y su acompañante se acercaron al fotógrafo Gabriel Aponte para pedirle, de forma agresiva, que no tomara fotos del capturado. Acto seguido, la señora le quitó al fotógrafo su cámara y su acompañante golpeó a Aponte en repetidas ocasiones. Varias personas presentes intervinieron para evitar que le hicieran más daño al reportero.

Por su parte, Raúl Palacios manifestó que fue empujado e insultado por varios de los acompañantes de Tapasco. Alfonso Ospina, director de Colprensa, dijo a la FLIP que a su fotógrafo no sólo lo agredieron verbalmente, sino que trataron por todos los medios de taparle el lente de la cámara, incluso, la cubrieron con una chaqueta.

Ferney Tapasco es un político caldense seriamente cuestionado por varias de sus actuaciones. Además de la investigación por presuntas relaciones con paramilitares, hace varios años fue señalado por cuatro testigos de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de Manizales, ocurrido en 2002. Sin embargo, la Fiscalía nunca vinculó a Tapasco formalmente a la investigación.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación y rechazo por esta nueva agresión contra reporteros gráficos en el ejercicio de su oficio. Es necesario que los particulares entiendan que la labor de la prensa es netamente informativa y que el trabajo de los reporteros gráficos es fundamental para el registro de noticias de interés, como en este caso, la detención del señor Ferney Tapasco González.

ISAGEN ACTUA EN CONTRA DEL INTERES REGIONAL!

--------DENUNCIA ANTE LA OPINION PUBLICA!

- No se cumple plan de responsabilidad social
- Evaden compromisos adquiridos y atentan contra pequeños mineros

La construcción de la hidroeléctrica sobre el rio sogamoso que actualmente ejecuta Isagen en la que Santander aporta recursos, la cuenca hidrográfica, el cuerpo de agua, y sacrifica el paisaje, el cambio climático y la producción agrícola, por la inundación de más de 7.000 Has; no contempla el interés de los santandereanos como lo hicieron creer en las etapas de presentación y socialización del proyecto, “que favorecerían a las comunidades del área de influencia y servirían para el desarrollo de la industria santandereana”. La realidad es totalmente contraria por los siguientes hechos:

El cumplimiento de la responsabilidad social empresarial no se está cumpliendo con claridad y transparencia en materia de contratación de mano de obra del sector o área de influencia.

La contratación del transporte (equipos, volquetes, camionetas y buses se da a medias a vehículos de la región, tienen prioridad vehículos de Antioquia y Cundinamarca.

Las directivas y contratistas de Isagen actuando a espaldas de lo propuesto como “desarrollo para Santander” solicito en el mes de junio de 2008 (antes de que se aprobara la reforma al código de minas) permisos transitorios para extraer 7´150.000 m3 de materiales de arrastre, pretendiendo desconocer el derecho adquirido y la propiedad de los titulares de los contratos de concesión minera; estos hechos afectan la expectativa generada para las empresas mineras establecidas en el sector y que además de ser titulares de los materiales de construcción, llevan más de 15 años de haber invertido en la localización de maquinaria para la explotación y la instalación de plantas procesadoras con criterio sostenible y ambientalmente humanitarito; actualmente son empresas generadoras de empleos estables y de valor agregado, tributantes de regalías, tasa retributivas e impuestos de industria y comercio .

Todas nuestras concesiones mineras serán afectadas por el cambio en el cuerpo de agua (cantidad, velocidad en M3) supresión de la sedimentación y transporte de rodaduras.

DENUNCIA (2)

Pero las pretensiones de Isagen van más allá de lo presupuestado, en el mes de enero de 2010 solicitaron la cancelación y archivo de más 37 títulos mineros vigentes entre los que se encuentran los de las empresas de amplia trayectoria de explotación y procesadoras de yeso que surten el mercado nacional.

El balance en este momento de hidrosogamoso de la relación costo-beneficio no es nada positivo ni halagüeño para los santandereanos que luchan por crear empresa y que realmente aportan al desarrollo regional. Y peor aun cuando estamos aportando todo sacrificando mucho y el actual gobierno del presidente Uribe ha anunciado la venta de Isagen a particulares (multinacionales) que son a quienes les ha entregado toda la infraestructura de servicios públicos, que constituyen el patrimonio del país.

Llamamos al sector empresarial, comunidades, autoridades departamentales y locales a conformar un amplio frente para defender el interés regional y nacional.

LOS MINEROS, TRABAJADORES Y COMUNIDADES DEL SECTOR NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE ALERTA!!!.

Redacto

JUNTA DIRECTIVA

Luis Alfredo Muñoz

Representante legal - Firma original

Bucaramanga 22/02/2010 -- ---------------------------------------------- Volver a Inicio

AUTORIDADES COLOMBIANAS DECOMISARON CARGAMENTO DE MARIHUANA

Las autoridades colombianas  incautaron  20 toneladas de marihuana; el mayor cargamento del alucinógeno decomisado en una sola operación en el país, y que pertenecía a la guerrilla de las FARC, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El general Gustavo Adolfo Ricaurte, comandante de la policía en el suroeste de Colombia, señaló en diálogo telefónico desde el lugar de los operativos que fue ocupado el "epicentro financiero" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Cauca.

"La policía se ha incautado de 20 toneladas de marihuana, 20 millones de dosis que perfectamente podrían envenenar a la mitad de la población colombiana", dijo el oficial al precisar que la droga tiene un valor cercano a los 10.000 millones de pesos (unos 2,56 millones de dólares).

El oficial precisó que se trata de "la incautación más grande de marihuana que se ha hecho en el país", y cobra especial importancia porque estaba en "centros de acopio de las FARC".

"Es el fortín y centro de finanzas de las FARC, donde se cultivaba la marihuana, se prensaba, se arreglaba y se exportaba", agregó.

Ricaurte indicó que los operativos policiales se desarrollaron en la zona del departamento del Cauca donde la guerrilla mantiene una fuerte ofensiva desde el fin de semana pasado, con ataques en las poblaciones de Caldono, Jambaló y Cajibío que han causado la muerte a dos personas y heridas a otras 15.

La policía capturó también a 13 personas acusadas de varios delitos, se incautó de varios kilos de cocaína y recuperó 13 motocicletas y seis vehículos que habían sido robados.

Investigación contra el Ministro de Protección Social

Establecerán si la Emergencia Social ha generado algún detrimento patrimonial.

Tras la denuncia de los últimos días sobre la contratación del Ministerio de la Protección Social para la elaboración de los decretos de la Emergencia Social, la Contraloría General de la República iniciará una investigación formal para establecer las presuntas irregularidades se habrían presentado.

El contralor, Julio César Turbay, dijo que se busca establecer cuáles funcionarios serían los que tendrían que responder por cualquier tipo de irregularidad que se presente y en este sentido, si el minprotección Social, Diego Palacio, tiene que ver con la contratación, también será cobijado por la investigación.

El funcionario explicó que dio instrucciones para adelantar la investigación a través del proceso de auditoría que actualmente se está llevando a cabo en la cartera de Protección Social.

"Lo que se ha denunciado es que algunos de esos contratos venían de varios años atrás, por lo que hay que establecer todos los contratos que han sido denunciados, investigar los antiguos y los nuevos, para precisar qué tipo de irregularidades podrían haberse presentado y, de acuerdo a lo que se determine entonces, definir a quién se investiga", recalcó Turbay.

La Contraloría advirtió que no tiene la competencia para emitir un concepto sobre si está de acuerdo o no con los decretos de la Emergencia Social. No obstante, con base en la investigación y aparte de la cuestionada contratación, establecerá si los decretos de Emergencia han generado algún detrimento patrimonial.

BM da crédito

El Banco Mundial (BM) informó que aprobó un crédito de 500 millones de dólares para reforzar la red de protección social en Colombia que ayude a mitigar el impacto de la crisis económica mundial.

"El proyecto tiene como objetivo reforzar el actual sistema de protección social mediante una mayor integración, eficiencia e igualdad dentro de la seguridad social", explicó el texto.

Los servicios de atención a los más necesitados deben mejorar sus sistemas de identificación y selección de beneficiarios, y los programas sociales deben simplificar igualmente sus métodos internos, señaló el texto.

Recursos para reforzar

"Con la ayuda y experiencia del Banco Mundial queremos garantizar la sostenibilidad de las reformas destinadas a compensar el impacto de la crisis financiera internacional", explicó Esteban PiedrahÍta, director general del Departamento de Planeación Nacional, citado en el texto.

El 46 por ciento de los colombianos (20 millones) se encontraban en la pobreza a finales de 2008, según un estudio.

Alarmantes noticias de Colombia, dicen parlamentarios españoles

Los Diputados al Congreso que participamos en la Misión de verificación de Derechos Humanos en Colombia que entre el 23 y el 30 de enero pasado visitó Bogotá, Cali y Medellín, hemos recibido alarmantes noticias respecto a la situación de personas pertenecientes a organizaciones de defensa de Derechos Humanos que nos ayudaron en el desarrollo de la Misión.

Se nos ha comunicado la existencia de amenazas directas, y desgraciadamente creíbles, a Abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, que se encargó de toda la logística y de la organización de nuestros múltiples y plurales contactos en Medellín, que incluían instancias oficiales de muy distinta orientación política, tales como la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y el gobierno del Departamento de Antioquia.

También hemos sabido de la reproducción de amenazas a integrantes de la organización Nomadesc, que realizó una función similar en nuestra visita a Cali. Se nos han referido seguimientos y control de la vivienda de persona perteneciente a la organización Paz con Dignidad, que colaboró en la preparació  y el acompañamiento de la Misión de verificación en el conjunto de la visita a Colombia.

A la vista de las noticias referidas, los Diputados Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (CDC) y Francesc Canet (ERC), que somos la totalidad de los integrantes del Congreso de los Diputados participantes en la Misión, manifestamos lo que sigue:

Entendemos que es deber de las autoridades colombianas proteger adecuadamente a las personas que ejercen el fundamental derecho de la defensa de los Derechos Humanos, y el ejercicio de tal protección por parte del Estado constituyó parte fundamental de la posición que se nos comunicó por la representación gubernamental con la que nos reunimos en la Cancillería de San Carlos, en Bogotá.

Por ello confiamos, y esperamos que así sea, que en que en los casos indicados, en los que nos sentimos especialmente implicados por nuestra presencia y contacto con las organizaciones dichas, la protección sea inmediata y efectiva, proveyendo a los afectados de las condiciones necesarias no sólo para su indemnidad sino también para continuar el ejercicio de sus legítimas y legales actividades respecto a los Derechos Humanos.

Queremos también manifestar nuestra completa solidaridad con las personas y organizaciones afectadas, cuya labor consideramos imprescindible para el objetivo común de la salvaguarda de todos los Derechos Humanos de todos.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2010.

Escuadrones armados en regiones de Santander

COMUNICADO:

POR SEGUNDA VEZ HACEN PRESENCIA GRUPOS ARMADOS EN LA ZONA DE PALANQUEROS, EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA (SANTANDER).

ANTE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO. LA OFICINA DD.HH. DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,  LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DD.HH, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, SINDICATOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON PRESENCIA EN COLOMBIA.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MAPP OEA, PROCURADURIA PARA LOS DD.HH DEFENSORIA REGIONAL DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER, PERSONERIA DE LEBRIJA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD EN GENERAL SANTANDEREANA.

HECHOS

La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, denuncia e Informa a la opinión pública en general, que el pasado nueve (9) de Febrero a las 09:00 A.M. del presente año se presento un grupo armado en la Finca Agua Bonita de la Vereda La Estrella, del municipio de Lebrija, muy cerca a la zona de Palanqueros, quien amenazo de muerte a la familia TORRES MURALLAS, quienes le manifestaron que debería de abandonar dicho predio.

 Es de recordar que este afiliado se encuentra en el predio antes mencionado hace (17) meses el cual estaba totalmente abandonado por mas de 20 años y que el señor CARLOS TORRES, el día 11 Noviembre de 2009, siendo aproximadamente las 10:00 A.M., manifestando que era el dueño de el predio y que debería de negociar con él o de lo contrario perdería todo su trabajo.

 El compañero se comunico con funcionarios de la Junta Departamental de Asogras e informó de los hechos, donde le manifestamos que si dicho señor volvía se comunicara con las oficinas de Asogras, en la ciudad de Bucaramanga.

Pero todo esto no paro ahí, sino que en horas de la tarde el señor BERNABE TORRES MURALLAS, se dirigió a la casa de su padre, cuando de nuevo fue abordado por los tres sujetos que en horas de la mañana lo habían amenazado de muerte, diciéndole de nuevo que tenia que abandonar el lugar, advirtiéndole que se tenia que ir de la finca Agua Bonita, como el afiliado tenia que ir a una finca cercana fue interceptado por tropas militares del Ejercito del Batallón Luciano Deluyer, quienes le hicieron algunas preguntas sobre como estaba la zona y en ese momento se presento una balacera o enfrentamiento armado entre el Ejercito y los tres sujetos que antes habían amenazado al compañero en la casa del padre de nuestro afiliado, a raíz de esta situación el afiliado hoy esta desplazado y requiere del apoyo de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para mitigar la situación que vive como desplazado.

ANTECEDENTES

La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, desde el año 2.004, ha venido trabajando por la defensa, protección y divulgación de los D.D.H.H. y el D.I.H. y por la defensa de la tierra y el territorio. Estos hechos son del conocimiento de las autoridades competentes.

SOLIDARIDAD

Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todos los estamentos que acompañen a los campesinos, como lo son la Alcaldía de Lebrija, Personería, Defensorías del Pueblo del Magdalena Medio, Defensoría del Pueblo Regional Santander, Procuraduría General de la Nación y Regional, la OEA, Naciones Unidas para los DD.HH., los Sindicatos Regionales y Nacionales, Asociaciones Campesinas Regionales, Nacionales e Internacionales, a las ONGS Defensoras de Derechos Humanos, a las organizaciones de acompañamiento internacional que están en Colombia y Medios de Comunicaciones, para que verifiquen la situación.

LLAMAMOS

A la solidaridad del Movimiento Sindical, el Movimiento Social de Paz, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales que hacen presencia en Santander, Barrancabermeja y a nivel nacional, a los Organismos de Derechos Humanos Internacionales, que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garanticen los derechos constitucionales a las comunidades campesinas de este territorio.

Bucaramanga, 17 de Febrero de 2010

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL ASOGRAS

CESAR AUGUSTO TAMAYO     MARIBEL QUINTERO GARCIA

Presidente  Departamental ----------------------Secretaria

ROSENDO DUARTE AYDE GIRALDO

Secretario de org. Dptal. Secretaria DD.HH Dptal---------------------  Volver a Inicio

Detnción masivas de campesinos en el Norte de Santander genera traslado de comisión de verificación

Comunicación de la Asociación  campesina del Catatumbo
From: ascamcat@gmail.com
To: ajacp51@hotmail.com

San José de Cúcuta, Norte de Santander. 10 febrero/ 2010.

COMISIÓN DE VERIFICACION EXTRAORDINARIA DEL 12 AL 15 DE FEBRERO A LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y SEGUIMIENTO A LAS DETENCIONES MASIVAS QUE ATENTAN CONTRA, INTEGRIDAD, HONRRA, BUEN NOMBRE Y LA PAZ LA LIBERTAD DE LOS CAMPESINOS.

Rechazamos los hechos ocurridos en los últimos días en donde han sido privados injustamente de su libertad 12 campesinas y campesinos de la región y llamamos a la solidaridad y al acompañamiento en esta jornada de todas las organizaciones sociales y derechos humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos, agencias de cooperación, Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, observadores internacionales, plataformas de derechos humanos y de paz.

Según denuncias e informaciones de los habitantes de la región, desde el sábado 6 de febrero, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la Dijin (Policía Judicial) y la Brigada 30 del Ejército Nacional, vienen adelantando operativos en zona rural de los municipios de Teorama y Convención, y en el casco urbano del municipio de El Tarra, como resultado de ello 12 campesinos y campesinas, fueron capturados basándose en los señalamientos hechos por presuntos desmovilizados de grupos armados ilegales.

La comunidad informó que los campesinos fueron sacados de sus viviendas esposados y luego llevados en helicópteros para ser trasladados a la ciudad de Cúcuta. Entre los retenidos se encuentra el señor Gabriel Quintero, inspector de Policía de Teorama y la señora Aleida Angarita, ex presidenta de la junta de acción comunal de San Pablo, quienes son líderes sociales honorables que trabajan en beneficio de la comunidad de San Pablo y que están siendo acusados de ser auxiliadores de la guerrilla y de concierto para delinquir. En el corregimiento de La Cecilia del municipio de Teorama, se realizó la captura del señor Diosemel Galvis Vergel, labriego de la región quien fuera sindicado de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Algunas de las personas retenidas no fueron informadas de tener orden de captura en su contra, las autoridades se limitaron a decirles, simplemente que tenían pendientes con la Justicia y no les informaron el motivo de su detención.

De acuerdo a las autoridades, estos operativos obedecen a una minuciosa investigación iniciada hace seis meses en la región, pero ASCAMCAT ha denunciando que desde hace más de seis meses, el Ejército Nacional le viene realizando constantes empadronamientos a la comunidad, fotografías y videos a los habitantes de la zona; prácticas ilegales que contrarían nuestro Estado Social de Derecho, y que lamentablemente ponen de nuevo a las personas de esta región, campesinos, líderes sociales y comunitarios, frente a situaciones indignas, de dolor, de zozobra, persecución, y de flagrante violación de sus derechos y libertades fundamentales; convirtiéndolos ahora, en falsos positivos judiciales.

Esta situación no es menos grave que la ocurrida cuando el escándalo de los falsos positivos, donde se presentaba a los campesinos como guerrilleros muertos en combate, hoy a pesar de respetar su vida, siguen presentado a campesinos como guerrilleros; desarrollando procesos de judicialización como un mecanismo eficaz para desarticular las organizaciones sociales y silenciar la labor de denuncia de violación a los derechos humanos.

Denunciamos que la política de Seguridad Democrática, a través de la implementación de la Red de Informantes, ha creado una cultura de delación y acusaciones, ofreciendo beneficios jurídicos y económicos. De esta manera dejan sin castigo a quienes si son los verdaderos criminales y han reconocido haber sido integrantes de grupos al margen de la ley, pero se presentan como favorecedores de la justicia.

Desde los altos mandos en el país se ha venido promoviendo una cultura de señalamiento e irrespeto, a las acciones legales y legítimas de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, motivo por el cual las organizaciones que trabajamos en esta región hemos sido víctimas de estigmatización, hostigamientos, siendo señalados y cuestionados constantemente.

Manifestamos que no tenemos ningún reparo en que el Estado Colombiano utilice sus instituciones y que actué dentro del marco del respeto de la Constitución y la Ley, para perseguir el delito, incluso hemos colaborado en este propósito, cuando hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por todos los grupos armados al margen de la ley, pero descalificamos que se vulneren los derechos de personas inocentes y de comunidades enteras que han sido víctimas durante tantos años de estos grupos, hoy sean también victimas de privaciones injustas de su libertad, por cuenta de señalamiento infundados.

Según información suministrada por los familiares y habitantes en la región, los campesinos detenidos conocidos pública y socialmente, son las siguientes personas:

Gabriel Quintero, inspector de Policía de San Pablo

Aleida Angarita ,ex presidenta de la junta de acción comunal de San Pablo

Diosemel Galvis Vergel, Corregimiento de La Cecilia, Teorama.

Diorgen Acosta quien pertenece a la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Cecilia del municipio de Teorama

Olinto Salazar Pabón trabajador del corregimiento del Aserrío municipio de Teorama.

Jesús Antonio Quintero Salazar campesino trabajador del corregimiento del Aserrío municipio de Teorama.

José Alberto Quintero Salazar campesino trabajador del corregimiento del Aserrío municipio de Teorama.

Roimar Carrascal campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convención

José de Dios Benítez campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convención

Edilson Márquez campesino trabajador del corregimiento de La Trinidad en el municipio de Convención

Héctor Saúl Carrascal, Campesino Trabajador de la vereda Piedras de Moler, Teorama.

Neyder Carrascal, Joven Trabajador de la vereda Piedras de Moler, Teorama.

COMISION DE VERIFICACION

Por ahora los familiares están a la espera de que la fiscalía de una respuesta definitiva a la situación jurídica de los detenidos, y en caso de que se mantenga la medida de aseguramiento de detención preventiva, y la calificación provisional por los delitos de rebelión, terrorismo y concurso para delinquir agravado, apelaran esta injusta decisión que mantiene privados de la libertad a los campesinos.

Ante esta situación, organizaciones defensoras de derechos humanos del orden regional, nacional e internacional están convocando y organizando una comisión de verificación extraordinaria para visitar los municipios donde ocurrieron los hechos.

RECORRIDO:

La concentración se haría con las organizaciones acompañantes en la ciudad de Ocaña, el viernes 12 de febrero a las 8:30 a.m, donde iniciaríamos el recorrido por los municipios de Teorama, Convención y El Tarra.

Para mayor información pueden comunicarse:

- Asociación Campesina del Catatumbo: 3124391149 o al correo electrónico ascamcat@gmail.com.

- Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez: 7-6455528 o al correo paraquehayajusticia@yahooes

OBJETIVOS

Recoger las denuncias de los hechos ocurridos frente a las detenciones realizadas.

Brindar acompañamiento jurídico a los familiares de las personas privadas de la libertad en sus estrategias de exigibilidad y protección de sus derechos humanos, ante las autoridades públicas encargadas de velar por la realización de los mismos.

Recolectar pruebas documentales y testimoniales de los hechos ocurridos.

Llevar un mensaje de solidaridad y tranquilidad a la comunidad que se encuentra preocupada por los hechos que se vienen presentando.

Hacerle seguimiento a la situación de derechos humanos de la región del Catatumbo, para evaluar los impactos de las acciones jurídicas adelantas por las autoridades en los últimos días.

Visibilizar la grave situación de derechos Humanos de la región, con el propósito de hacer veeduría y ejercer un mayor control sobre las actuaciones de la fuerza pública en la región.

Así las cosas, la Asociación Campesina del Catatumbo hace un llamado a la solidaridad de Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que acompañen la Comisión de Verificación y se vinculen a la labor de defensa del Territorio y del Campesinado Catatumbero.

Convocan y organizan:

Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Nororiental. (CCEEU), El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), La Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCA), Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander (CUT), Colombianos y Colombianas por la Paz (Norte de Santander), Proyecto Nunca Más, Asociación de Personeros de la Provincia de La Región del Catatumbo.

NOTA: Las personas participantes deben traer en que dormir (Hamaca o Camping), cobija, menaje, botas, repelente.

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Fuente: Asociación Campesina del Catatumbo

ascamcat@gmail.com

http://www.catatumbo-colombia.blogspot.com/

http://www.prensarural.org/

Resurgimiento paramilitar en Colombia, advierte Human Rights Watch

Aqui encuentra videos
El informe de Rights Watch, completo aquí

Human Rights Watch (HRW) alertó ayer de la aparición de nuevos grupos paramilitares en Colombia, como consecuencia de la fallida desmovilización que el Gobierno de Álvaro Uribe abordó entre 2003 y 2006, según argumentó el director para América de la organización, José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia.

El informe, de 126 páginas, elaborado durante dos años de trabajo de campo, supone una dura crítica al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autora de incontables y horrendos crímenes. Fue "mal concebido, mal diseñado y mal implementado", recalcó Vivanco.

Para HRW algunos de los errores que se cometieron durante esos tres años fueron no romper las redes criminales de la organización paramilitar, no confiscar sus bienes y no investigar los nexos con las autoridades locales.

"El Gobierno perdió una excelente oportunidad de desarticular estas mafias", añadió Vivanco.

Los grupos sustitutos, en muchos casos, son continuación de las AUC, aunque no hayan logrado formar una coalición única. Además, los líderes de las nuevas formaciones son mandos medios de las viejas estructuras, actúan en las mismas zonas y operan de manera similar: controlan territorios, amenazan, extorsionan, obligan a desplazarse a la gente y tienen vínculos con el narcotráfico. "Como las AUC", resumió Vivanco.

El estudio señala que, según datos de la policía, los grupos están formados por más de 4.000 miembros -aunque algunas ONG hablan de 10.000- y que actúan en 24 de los 32 departamentos del país. Si bien la visión oficial es que son bandas criminales al servicio del narcotráfico y que sólo un 12% son antiguos ex paramilitares.

"El nivel de reincidencia es muy bajo", asegura el general Óscar Naranjo, comandante de la policía.

No desconoce que sindicalistas y líderes sociales siguen siendo víctimas , pero calcula que entre el 70% y 80% de las muertes atribuidas a estos nuevos grupos son resultado de confrontación entre ellos. Otras muertes, dijo a este periódico, se dan "para silenciar voces y descalificar testimonios de paramilitares presos".

En la misma línea se mostró, desde La Haya, el fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, informa Isabel Ferrer:

"Son bandas criminales puras. Organizaciones delictivas parecidas a las maras, las pandillas que operan en Centroamérica y Estados Unidos. Aunque pueda haber unos pocos antiguos paramilitares allí dentro, su actividad es el narcotráfico, con toda su violencia añadida".

El Gobierno de Colombia, por su parte, rechazó de plano el contenido del informe de HRW. Tras conocerlo, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, canceló la reunión que tenía prevista con José Miguel Vivanco.

El estudio de HRW "desconoce de manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la Fuerza Pública por cumplir estrictamente la política de derechos humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario", indicó un comunicado difundido por el despacho de Silva.

El texto añade que "el informe no consultó ningún tipo de información estadística del Ministerio de Defensa y desconoció por completo el compromiso de la Fuerza Pública en su combate contra estos grupos delincuenciales".

Además, añade, "en su elaboración la organización no solicitó la información, las estadísticas u opiniones del Ministerio de Defensa". Para Silva, según el mismo comunicado, "las conclusiones del informe tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la Política de Seguridad Democrática", como denomina el Gobierno las políticas de seguridad.

El Ministerio de Defensa "rechaza las afirmaciones del informe que insinúan una supuesta complacencia del Gobierno o sus instituciones con las bandas criminales".

Heridos en bombardeo de la Fuerza Aérea varios indígenas

Fuente: Caracol |

La Organización Indígena de Antioquia, denunció que cuatro personas de un resguardo Emberá Katío, resultaron heridas, luego de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana que combate en el Urabá Antioqueño a la guerrilla de las FARC.

Según los voceros de la OIA, los hechos afectaron a la comunidad del Alto de Guayabal del resguardo Urada Jimiaguandó.

Explicaron que el helicóptero trataba de establecer la ubicación de un campamento del Frente 34 de las Farc y bombardeó el sitio, donde está asentado este resguardo indígena.

En otro helicóptero de la Fuerza Aérea fueron trasladados a Medellín dos de los indígenas heridos, una pareja de 38 y 23 años de edad, los cuales son atendidos en el Hospital San Vicente de Paúl, donde permanecen bajo observación médica.

Otras dos personas lesionadas se recuperan en el hospital de Carepa, entre ellas un menor de edad.

Un delegado de la defensoría del Pueblo llegó hasta ese lugar para evaluar lo ocurrido, mientras que la Organización Indígena de Antioquia, OIA, anunció que denunciará este bombardeo ante las autoridades competentes.

Ejército explica su acción

La Séptima División del Ejército informó que el hecho en el que resultaron heridos con esquirlas varios indígenas de la comunidad Embera Katio, del sector de Jiguamiandó, entre quienes se encuentran José Nerito Rubiano Bariquira de 22 años y la Señora Martha Ligia Majore Bailarin de 40 años, ocurrió durante el desarrollo de operaciones ofensivas conjuntas contra el Bloque Noroccidental de las Farc.

Aclararon voceros militares, que se busca con los operativos, que se desarrollan en esta zona del Urabá, neutralizar el accionar delictivo de los terroristas que perpetraron el asesinato de los líderes comunitarios de Curbaradó el pasado mes de diciembre.

Lamentaron que en una de estas misiones resultara herido el grupo de indígenas, pero explicaron que han desplegado todos los recursos disponibles para evacuar estas personas a centros médicos de la mejor calidad, hacia la ciudad de Medellín.

El Comandante de la Séptima División del Ejército, Brigadier General, Sergio Mantilla San Miguel, ha iniciado de manera personal un acercamiento con los cabildos y gobernadores de la zona, con el fin de proveer la ayuda suficiente y oportuna para resarcir los daños ocasionados. Volver a Inicio