Rechazo al asesinato de la juez Gloria C Gaona

FALTA DE GARANTIAS PARA EL LIBRE EJERCICIO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA EN CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Gloria Constanza Gaona. Foto: Caracol Radio

La CORPORACIÓN COMPROMISO en nuestra calidad de organización defensora de derechos humanos, nos permitimos manifestar nuestra preocupación ante los graves hechos ocurridos el pasado martes 22 de marzo del año en curso en el Municipio de Saravena, en los cuales fue asesinada en hechos aún por esclarecer, la Dra. GLORIA CONSTANZA GAONA jueza Penal del circuito de Saravena.

Es de señalar que la Dra. Asesinada, entre otros, llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, eventos registrados el pasado mes de octubre de 2010 en Tame, respecto de los cuales se presume algún grado de responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, más específicamente la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.

Nos unimos a las voces que repudian el aleve y grave asesinato cometido en contra de la Sr. Jueza e igualmente manifestamos nuestra preocupación por las eventuales consecuencias que se puedan derivar respecto al proceso que actualmente adelantaba en contra del Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, cuando el militar comandaba la unidad antes mencionada.

Constatamos una vez más la recurrente utilización de los diferentes mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tales como, maniobras dilatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, suplantación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora GLORIA CONSTANZA GAONA.

El asesinato de la señora jueza corrobora lo que diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos hemos venido denunciando; esto es, la falta de garantías para que las víctimas puedan efectivamente ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo mismo que el riesgo que se cierne sobre las familias de las víctimas que colaboran con sus testimonios y los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, en su interés legitimo de hacer valer los derechos de éstas.

Por esta razón la CORPORACIÓN COMPROMISO solicita:

 Se investiguen estos hechos a profundidad de tal manera que se judicialice y condene a los eventuales responsables, tanto materiales, como determinadores, así como los móviles que llevaron a que se cometiera tan execrable crimen.

 El cambio de radicación del proceso que se adelanta por los hechos sucedidos en el mes de octubre, en donde se registro la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, y en donde, se encuentra vinculados por su presunta responsabilidad integrantes de la Fuerza pública.

 Garantías para las víctimas en su legítimo derecho y ejercicio de buscar verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición y, cese de hechos y actuaciones intimidatorias contra la legítima labor de las organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos.

PROGRAMA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE - COMPROMISO

Red de organizaciones sociales y DDHH advierte de posible impunidad

REVOCAR LA DESTITUCIÓN DEL GENERAL ÁLVARO VELANDIA ES ABRIR OTRO CAMINO HACIA LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA

(Bogotá, 15 de marzo) La Coordinación Colombia – Europa Estados Unidos (CCEEU), red de 230 organizaciones sociales y de DDHH, expresa su preocupación por la decisión de revocar la destitución del general Álvaro Velandia tomada recientemente por una sala de conjueces del Consejo de Estado, decisión que podría tener la grave  consecuencia de permitir su reintegro a las Fuerzas Armadas.

La CCEEU considera, en primer lugar, que el general Velandia no puede ser reintegrado a su cargo porque fue responsable directo de, al menos, dos actos criminales: la desaparición forzada y el asesinato de Nydia Érika

Bautista en 1987, tal como quedó probado en 1995 en el proceso disciplinario ante la Procuraduría. Esta decisión  fue posteriormente confirmada por la Sala Plena del Consejo de Estado con participación de 27 magistrados en 2008.

Una decisión judicial de este tipo no hace otra cosa que abrir un nuevo camino hacia la impunidad en

Colombia, donde los crímenes de Estado permanecen sin sanción en la mayoría de los casos. Las pocas decisiones que han contribuido en parte a la verdad, justicia y reparación, como la sanción disciplinaria y destitución del general Velandia en el caso de Nydia Érika Bautista, no pueden en ningún caso ser revocadas por una instancia de menor rango, y menos por medio de una actuación sospechosa y sin fundamento. Este fallo vulnera los compromisos del Estado colombiano en materia de derechos humanos, contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de diferentes instancias internacionales de protección a los derechos humanos y desprestigia a los órganos de justicia. Más aún, la Fiscalía está en mora de reabrir, con base en el fallo de la sala plena del Consejo de Estado, la investigación penal que permita el juzgamiento del general Velandia por estos crímenes de lesa humanidad.

La CCEEU coincide con el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, en su valoración de que la sentencia de la Sala Plena, que ahora se pretende desconocer, fue proferida válidamente dentro de un proceso judicial previsto por el ordenamiento jurídico, con pleno respeto del derecho al debido proceso. Por lo tanto, es evidente que los conjueces tomaron su decisión sin argumentos jurídicos suficientes y alegando una supuesta violación de derechos de quien fue, paradójicamente, el máximo responsable de uno de los principales centros de violación de derechos humanos en Colombia, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (también conocido como Brigada XX), autor de la tortura, desaparición forzada y asesinato de Nidia Erika Bautista y de muchas otras personas, razón por la cual, y atendiendo insistentes recomendaciones internacionales, fue suprimido en 1997 por el Gobierno colombiano.

FUENTE: COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA - ESTADOS UNIDOS
Mesa Ejecutiva: Claudia Erazo (311 848 47 11), Marta Burbano (315 525 04 60), Ana María Rodríguez (4176 621
48 32) o Gustavo Gallón (7449333).

Denuncias sobrefacturación por $825 mil millones

Jorge Robledo

En carta al ministro de la Protección Social, el Senador Robledo lo insta a denunciar una sobrefacturación de más de 825 mil millones de pesos en medicamentos

El grupo Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca el implicado. El caso se conoce desde diciembre. ¿Qué ha hecho el Ministerio?

De acuerdo con estudio del CID-IIC de la Universidad Nacional de Colombia reconocido por el Ministerio de la Protección Social, tres EPS pertenecientes al mismo grupo –Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca– cobraron por medicamentos en promedio 5.7 veces más que lo que cobraron las demás EPS en 2009.

Mientras las tres EPS citadas facturaron y recibieron pagos del sistema de salud con un promedio de 207 mil pesos por afiliado, las 18 restantes cobraron 36 mil pesos por afiliado.

La plata recibida por Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca por encima del promedio de las demás EPS suma en total 825 mil millones de pesos, que podría ser el monto de la defraudación al patrimonio público.

“El estudio de la Universidad Nacional de Colombia además señala –siempre de acuerdo con las cifras aportadas por las propias EPS– que estas diferencias en la facturación no se originan en medicamentos especiales ni en acciones de tutela, pues todos ellos hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). El mayor valor de los 25 medicamentos más usados formulados por Saludcoop sobre el promedio de las demás EPS es de escándalo: por ejemplo, 246% en Lovastatina, 227% en Loratadina, 135% en Omeprasol, 120% en Ácido fólico, 99% en Enalapril, 87% en Acetaminofen, 37% en Diclofenaco y 34% en Ibuprofeno”, le recuerda Robledo al ministro Santamaría.
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En su carta al ministro Mauricio Santamaría, el senador del Polo le cuestiona por qué un problema que él conoce desde diciembre pasado no se lo ha informado a los colombianos. Y también le pregunta si el caso lo denunció, y en qué fecha, ante la Superintendencia de Salud, la Fiscalía y la Procuraduría, como es obvio que debió hacerse.

El senador Jorge Enrique Robledo citará debate sobre este caso en la plenaria del Senado. Se anexa la carta del senador Robledo al ministro Mauricio Santamaría.

Fuente: Oficina de Prensa Senador

Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 6 de marzo de 2011.

La carta dirigida al Ministro dice:

Doctor

MAURICIO SANTAMARÍA

Ministro de la Protección Social

Bogotá

Referencia: el Ministerio de la Protección Social debe denunciar una sobrefacturación ya pagada por 825.760 millones de pesos en medicamentos.

Cordial saludo:

Como usted sabe, de acuerdo con estudios del CID-IIC de la Universidad Nacional de Colombia ratificados por la Comisión Nacional en Salud (CRES) y los ministerios de la Protección Social y de Hacienda, en 2009, tres EPS pertenecientes al mismo grupo –Saludcoop, Café Salud y Cruz Blanca– cobraron de más gastos en medicamentos por $825.760 millones.

Mientras el promedio de las otras EPS en gastos en medicamentos fue de $36.324 por afiliado en 2009, las tres citadas dicen haber gastado en promedio $207.790 por afiliado, diferencia enorme –de 5.7 veces más– que se desglosa así: Cafésalud: $220.155 por afiliado, Saludcoop: $208.654 y Cruz Blanca: $194.562.

También pone en evidencia la desproporción entre las cifras que reportan estas tres EPS en relación con las demás el porcentaje de los medicamentos en el total de los gastos: mientras Saludcoop, Cafésalud y Cruz Blanca dicen que los medicamentos representan el 45 por ciento de sus gastos per cápita en salud (UPC), la demás informan que estos representan el 10 por ciento –4.5 veces menos.

El estudio de la Universidad Nacional de Colombia además señala –siempre de acuerdo con las cifras aportadas por las propias EPS– que estas diferencias en la facturación no se originan en medicamentos especiales ni en acciones de tutela, pues todos ellos hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). El mayor valor de los 25 medicamentos más usados formulados por Saludcoop sobre el promedio de las demás EPS es de escándalo: por ejemplo, 246% en Lovastatina, 227% en Loratadina, 135% en Omeprasol, 120% en Ácido fólico, 99% en Enalapril, 87% en Acetaminofen, 37% en Diclofenaco y 34% en Ibuprofeno.

Ante la evidente gravedad de estos hechos, que pueden constituir una defraudación de los recursos públicos por $825.760 millones y que en la práctica fueron reconocidos por usted el 29 de diciembre de 2010 (Acuerdo Nº 19 de la CRES), atentamente le pregunto:

¿Por qué su ministerio no les ha informado a los colombianos al respecto? ¿Denunció este caso ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Fiscalía? Si lo hizo, ¿en qué fechas fue? Si no hizo las respectivas denuncias, ¿por qué no?

Esta petición la hago amparado por el Artículo 258 de la Ley 5 de 1992.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República

Bogotá, 6 de marzo de 2011.

Nota: ver anexo: anexa documentos de sustento

Bombardeos de Gadafi sobre zonas rebeldes

Fuente: Yaho noticias

BREGA, Libia (AFP) - La aviación libia volvió a bombardear el jueves zonas rebeldes, pero no logró amedrentar a la oposición, que rechazó una propuesta venezolana de mediación internacional, ni aflojar la presión de Estados Unidos, que examina todas las opciones para forzar su renuncia.

Estados Unidos examina "toda la gama de opciones" para responder a "la horrible violencia" ejercida por Gadafi contra su pueblo, dijo el presidente Barack Obama, al día siguiente de que la oposición libia reclamara una intervención de la ONU para frenar a los "mercenarios" empleados por Gadafi.  LEER MÁS

Denuncian a Uribe por presuntos vínculos paramilitares

Fuente: Caracol

Febrero 25 de 2011

El Polo Democrático denunciará al expresidente Álvaro Uribe por presuntos nexos con el paramilitarismo, anunció este viernes el representante Iván Cepeda, vocero de esa colectividad en la Cámara.

Dijo que están revisando el material que se incluirá en la querella, entre ellas sentencias judiciales que indican que Uribe y miembros de su familia y de su gobierno tuvieron nexos directos con sectores del paramilitarismo.

"Está probado en los tribunales que Uribe tuvo encuentros directos con la cúpula del paramilitarismo, como el senador Miguel Alfonso de la Espriella, la exrepresentante Eleonora Pineda y recibió financiación de sectores del paramilitarismo como 'La Gata' Enilce López", señaló Cepeda.

Afirmó que miembros muy cercanos de su gobierno y personas muy próximas de su familia, además de su primo germano Mario Uribe, condenado por decisión de la Corte Suprema de Jutsicia, tuvieron vínculos con el paramilitarismo.

Según Cepeda, "es cuestión de días que nuevos miembros de la familia de Uribe aparezcan vinculados con ese sector ilegal".

El congresista, quien señaló que prácticamente todas las decisiones y actos administrativos del periodo Uribe están cuestionados, anunció que la denuncia contra Uribe por paramilitarismo sería elevada la próxima semana ante la comisión de Acusación de la Cámara.

El representante a la Cámara por el PDA, Iván Cepeda, dijo que están revisando el material que se incluirá en la querella, entre ellas sentencias judiciales que indican que Uribe y miembros de su familia y de su gobierno tuvieron nexos directos con sectores del paramilitarismo. AMPACIÓN

Hallan cocaina camuflada en bus Intermunicipal

El decomiso se cumplió saliendo de la capital colombiana 

Foto: Suministrada a Vanguardia Liberal 



El bus se dirigía de Bogotá - Bucaramanga - Barranquilla y en su interior fueron encontrados 154 kilos de Cocaína.

Tropas de la Décima  Tercera Brigada del ejéciti en apoyo con el DAS hallaron 154 kilos de la droga en un bus de la empresa copetran apenas salía de Bogotá, por la Avenida Boyacá cuando empalmaba con  La Esperanza.

El vehícolo de placas SUL 613, con numero interno 2760  quedó inmovilizado. El conductor y el auxiliar fueron retenidos para iniciar las investigaciones y tras comparecer ante un juez para legalización de la captura  fueron enviados a la cárcel en la capital de la república, Bogotá.

En Arauca: Paro cívico indefinido

Cortes de carretera indefinidos exigen la liberación de las personas detenidas recientemente en Arauca



Foto: Archivo

 Desde las 6 AM de ayer jueves 3 de febrero de 2011 grandes concentraciones de personas han cortado diferentes puntos viales en el departamento de Arauca para exigir la libertad de las siete personas detenidas el día 25 de enero en Saravena. Entre las personas acusadas de rebelión y concierto para delinquir se encuentra el presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía, cacique indígena del departamento. Cada una de las concentraciones está compuesta por unas 500 personas tanto indígenas como no indígenas del departamento que cierran indefinidamente las vías en los siguientes puntos: la salida noroccidental de Saravena (Vía Saravena-Pamplona) y Betoyes, (Vía Tame-Arauca, Tame).

Con estos hechos, las organizaciones sociales de Arauca declaran el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular en la que impiden el acceso de transporte público, maquinaria y personal trabajador a algunas instalaciones petroleras que afectan directa o indirectamente a comunidades indígenas U´wa y Sikuani de Arauca. En el mismo orden anterior de corte de vías.

Hace ocho años que en Arauca no tenía lugar una movilización masiva de esta envergadura con cortes de carretera durante un mes a causa de la movilización indígena y campesina de junio de 2003 contra las transnacionales y el accionar paramilitar en la región. Las Organizaciones Sociales de Arauca afirman que los acuerdos que posibilitaron el levantamiento de las barricadas en 2003 no han sido cumplidos.

En este caso, las exigencias son la libertad inmediata del presidente de ASCATIDAR, Ismael Uncasía, y el resto de personas detenidas el 25 de enero. Exigen también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una Comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.

Por otro lado, la convocatoría de la jornada de paro cívico exige que se den garantías para las personas que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

Para ASCATIDAR, el objetivo es que dejen en libertad a los compañeros detenidos ya que «su delito ha sido defender y hablar en defensa de los pueblos indígenas del departamento de Arauca». Así, hacen un llamado a toda la población a nivel departamental, nacional e internacional para que conozcan la realidad y la problemática que viven como indígenas originarios de Arauca.

Fuente: Oficina de prensa. Tel Cel: 310 392 4350  sinfronteras@organizacionessociales.org

Ex paras han cometido escalofriantes crímenes en Colombia

Fuente: Yahoo-noticias

Bogotá, 13 ene (EFE).- La Fiscalía General de Colombia ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada cometidos por ex paramilitares de la desaparecida organización AUC, informaron hoy fuentes judiciales en Bogotá.

La misma entidad también tiene documentadas 1.597 matanzas de responsabilidad de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad.

Los registros judiciales indican que los antiguos ultraderechistas cometieron 3.532 casos de extorsión, 3.527 de secuestro, 677 de violencia de género y 68 de narcotráfico, además de 28.167 "de otras conductas" que la fuente no precisa.

Los tipos penales han sido documentados por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, jurisdicción especial de la Fiscalía General creada en virtud de la llamada Ley de Justicia y Paz, adoptada en junio de 2005 como marco jurídico para la reinserción de las AUC.

Esta organización se disolvió a mediados de 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, que gobernó en dos períodos, de 2002 a 2010.

Las AUC fueron conformadas en 1997 con la agrupación de bandas paramilitares con trayectorias que se remontaban incluso hasta los años 1980.

Del total de desmovilizados, casi cuatro mil han sido postulados por el Ministerio del Interior y de Justicia para que comparezcan ante la jurisdicción especial, que ha solicitado audiencias de imputación o de formulación de cargos contra 498 de los admitidos.

En un informe divulgado en Bogotá, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los casos documentados se corresponden con un periodo que va desde su entrada en funciones (2005) y el pasado 1 de diciembre.

La misma dependencia de la fiscalía indicó que avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de postulados, en casos con 65.747 víctimas relacionadas.

El informe también indica que las confesiones de los ex paramilitares han permitido hallar 3.037 fosas comunes, en las que fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena.

Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, que indicó que otros 748 tienen identificación preliminar y que se tiene pendiente la entrega de 116.

Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación con ellos de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 personas (particulares), según el mismo informe. EFE

El ex senador Alirio Villamizar fue destituido e inhabilitado

Alirio Villamizar

Bogotá, 13 de enero de 2011. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 15 años al Senador de la República para el periodo 2006-2010, Alirio Villamizar Afanador, tras hallarlo responsable disciplinariamente por concusión y enriquecimiento ilícito.

El Jefe del Ministerio Público determinó que el dirigente político incurrió en las siguientes conductas:

• Abusó de su investidura al solicitarle a Luz Yaneth Rojas Portilla contraprestación en dinero por su nombramiento cono Notaria 11 del Cículo de Bucaramanga. Este comportamiento se adecua al delito de concusión, consagrado en el artículo 404 del Código Penal.

• En su calidad de Senador de la República, Villamizar Afanador incrementó injustificadamente su patrimonio en un monto de $ 1.294.820.000, entre los años 2006 a 2009. En este caso, sostiene el Doctor Ordóñez que este comportamiento se adecua al delito de enriquecimiento ilícito, consagrado en el artículo 412 del código penal.

Advierte además que el señor Villamizar Afanador solicitó a la doctora Luz Yaneth Rojas Portilla, una suma de dinero a cambio de dicho nombramiento y en consecuencia, ella accedió al cargo a partir de este acuerdo el cual, según indicó, “le demandó entregarle parte de las utilidades de su ejercicio, garantizar ese pago mediante una letra de cambio firmada en blanco y permitirle un control financiero”.

El 3 de octubre de 2006, el Gobierno Nacional creó mediante Decreto la Notaría 11 del Círculo de Bucaramanga (Santander) y mediante ese mismo acto administrativo se nombró en interinidad a Luz Yaneth Rojas Portilla, quien se posesionó el 3 de noviembre de 2006.

Dentro de la decisión disciplinaria, el Procurador General declaró lícito el allanamiento efectuado a la casa del ex senador Villamizar Afanador el 18 de agosto de 2009 por los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, tras señalar que “ésta fue una decisión legítima, porque tanto su orden como su ejecución siguieron el cauce de la Constitución y la Ley (…)” tal como lo argumentó la Sala Penal de la Corte Suprema frente al tema.

Finalmente la Procuraduría indicó que contra esta decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación personal o por edicto.

 Fecha de publicación: 13 de enero de 2011. 12:55 p.m

Destituido el alcalde de Floridablanca, Santander

Eulises Balcázar Navarro

Bogotá, 13 de enero de 2011. La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años contra el Alcalde municipal de Floridablanca (Santander), Eulises Balcázar Navarro, por las irregularidades presentadas en un proceso de contratación.

La determinación disciplinaria también afecta a los señores José del Carmen Rincón Moreno y Julio Eduardo Vargas Sarmiento, en sus condiciones de Jefe de la oficina de Contratación y Jefe de la oficina Jurídica de la Alcaldía municipal de Floridablanca, para la época de los hechos.

Las irregularidades se presentaron en el pliego de condiciones de la licitación pública abierta con el fin de contratar la prestación de los servicios de personal administrativo para las instituciones educativas que componen las 16 ciudadelas educativas del municipio de Floridablanca.

Según se estableció en la actuación, el pliego de condiciones que rigió esta licitación exigió que el proponente tuviera oficina en el municipio de Floridablanca, desde donde debía ejecutarse el contrato, lo que a juicio del Ministerio Público se constituye en una condición de carácter restrictivo y discriminatorio que impidió la libre concurrencia de oferentes.

Para el Ministerio Público es claro que el alcalde de Floridablanca, como responsable y director de la contratación administrativa, ordenó la apertura del proceso licitatorio, incluyendo el cuestionado pliego de condiciones que por contener una exigencia que restringió la participación de los interesados en este contrato, afectó el principio de selección objetiva.

En el caso del entonces Jefe de la oficina de Contratación de Floridablanca, la Procuraduría concluyó que incumplió con las funciones propias de su cargo, al intervenir en el desarrollo del proceso de la licitación pública ya mencionada y no advertirle a la administración municipal sobre la exigencia que se había plasmado en este documento y que limitó la participación de oferentes.

Por ultimo, el Ministerio Público estableció que el señor Vargas Sarmiento, como jefe de la oficina Jurídica de Floridablanca, incurrió en falta disciplinaria al revisar los documentos que sirvieron de fundamento para expedir la resolución mediante la cual se adjudicó la licitación pública e indicar que éstos cumplían con los requisitos señalados en la ley.

Concluyó la Procuraduría que la condición establecida en los pliegos de la licitación pública conllevó a la exclusión de cuatro de los proponentes que fueron apartados del proceso de contratación por no cumplir con el requisito de tener oficina en el municipio de Floridablanca.

Contra esta decisión disciplinaria de segunda instancia no procede recurso alguno.

Fecha de publicación: 13 de enero de 2011. 4:05 p.m