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| Luís Guillermo Pérez |
Bogotá,
19 ago (EFE).- Las amenazas de muerte que obligaron a Piedad Córdoba a
salir de Colombia son el resultado de los ataques que ha recibido del
ahora expresidente Álvaro Uribe y del silencio que ha guardado el actual
mandatario, Juan Manuel Santos, afirmó hoy el abogado de la
excongresista opositora, Luis Guillermo Pérez.
El letrado, quien también es vicepresidente de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista con
Efe, que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de
Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.
La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de secuestrados
por la guerrilla de las FARC salió de Colombia horas después de que
Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su
presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos
ilegales, causa a la que Córdoba concurre como víctima.
Córdoba "recibió una información muy confidencial, confiable, de que
había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger
su vida", dijo Pérez.
"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice
(identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un
pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el
vicepresidente de la FIDH.
El abogado advirtió de que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".
"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra,
no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su
asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido
maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.
En el segundo caso, el letrado explicó que Santos "no le ha
reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y
ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".
Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno, y de los ministros
de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea
asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de
la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.
"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una
rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes
sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y
la paz de Colombia", enfatizó el jurista.
Una docena de rehenes han sido liberados de manera unilateral por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) merced a gestiones
de Córdoba, quien el pasado noviembre fue destituida como senadora e
inhabilitada durante 18 años para ejercer cargo público por decisión del
procurador general, Alejandro Ordóñez.
El funcionario le siguió una investigación disciplinaria por
colaborar y favorecer a esa guerrilla, imputaciones similares a las que
le ha hecho el propio Uribe (2002-2010).
Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva
suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la
contempla como un derecho.
"Es también un deber de todo ciudadano reclamar para que cese la
violencia política en nuestro país", apuntó Pérez, quien participa en el
mismo proceso parlamentario contra Uribe en la doble condición de
víctima y representante de afectados.
Además de Córdoba, el abogado representa al Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo (Cajar), dentro del conjunto de la parte civil en
la investigación preliminar contra el expresidente.
Durante una larga "versión libre" (testimonio) ante la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Uribe negó el
jueves que haya ordenado a la central de inteligencia del Estado
misiones de espionaje a magistrados, opositores, defensores de derechos
humanos y periodistas.
El abogado colombiano Luis Guillermo Pérez afirmó que la conjunción
de estos factores tiene en riesgo la vida de la exsenadora Piedad
Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.
EFE/Archivo
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