Abren proceso en la fiscalia contra ex prersidente Uribe

Sorpresivamente, la Fiscalía determinó iniciar investigación contra el expresidente Uribe por divulgar las coordenadas de los sitios de donde salian cabecillas de las Farc para incorporarse al proceso de paz. 

Colombia.com -

Expresidente Álvaro Uribe

Bogotá - Lunes, 20 May 2013

El proceso lo adelantará un delegado de la fiscalía ante el tribunal Superior de Bogotá, como consecuencia de la denuncia instaurada por ese hecho por el congresista Iván Cepeda contra el exmandatario.

Como se recuerda, el pasado 7 de abril, a través de su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe reveló un correo con las coordenadas de los sitios que iban a ser desmilitarizados para la salida de los cabecillas de las Farc hacia La Habana.

Al efecto, Uribe escribió:

“ Otra suspensión de operaciones militares para otra impunidad a los asesinos de otros 3 soldados de Colombia”.

Y agregó:

“Esto lo q acaba de difundir el jefe de operaciones del Ejercito: Buenas tardes: Mensaje de Jeope-6:

“Lanza acaba de llegar esta Orden del CGFM, para suspender operaciones en Coordenadas (02 45 29.8 – 74 10 40.2) ( 02 45 19.7 – 73 43 47. 7) ( 02 18 24.7 – 74 10 34.6) (02 18 18. 8 – 73 42 45.5), corresponde a áreas generales del guayabero, la macarena, vistahermos,a mesetas y la uribe, suspensión a partir del dia domingo 07 abril 19:00 horas, hasta el martes 09 abril 07:00 horas” favor difundir tripulaciones.

Inmediatamente, representante a la Cámara Iván Cepeda le pidió al fiscal General, Eduardo Montealegre, investigar al expresidente Uribe por ese hecho.

“Yo, Iván Cepeda en mi condición de representante, solicito que inicie una investigación a fin de establecer las posibles conductas penales en las que ha podido incurrir el expresidente Uribe al difundir públicamente, en su cuenta de Twitter, las coordenadas del lugar donde se realizó la suspensión de operaciones militares para el traslado de varios miembros de la guerrilla de las Farc a la ciudad de La Habana (Cuba) para posibilitar su participación en el proceso de paz”, precisó el congresista.

El parlamentario reclamó, entonces, esclarecer las circunstancias del hecho y especialmente la fuente de la cual obtuvo el expresidente la información.

Además Cepeda advirtió: “Cabe la hipótesis de que algún miembro de las fuerzas militares hubieran filtrado la información. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que él la hubiera obtenido por otros medios, lo que abriría la posibilidad de que estemos hablando de unas nuevas chuzadas”.

Tutela favorece a deudora hipotecaria desalojada

Foto archivo de un desalojo

Bucaramanga.- Un histórico fallo de tutela, produjo el Tribunal Superior de la capital de Santander, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y le ordeno al juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga devolverle el apartamento a un deudor hipotecario que había sido desalojado del mismo hace más de 5 años.

El Tribunal tutelo los derechos fundamentales de la señora ELIZABETH MATAJIRA OCHOA, quien fue desalojada al parecer arbitrariamente de su apartamento ubicado en el barrio La Floresta,  de esta ciudad, dentro del  proceso hipotecario del Banco Colpatria, en el cual no se había realizado el remate y que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga.

De igual forma El Tribunal Superior de esta capital ordeno  liquidar y pagar los perjuicios ocasionados a la señora ELIZABETH MATAJIRA OCHOA y reintegrar en el término de 48 horas la posesión del apartamento y de los bienes muebles que se encontraban en el mismo.

Este fallo de tutela del 16 de enero del 2013, radicado 480 del 2012, constituye una gran herramienta para los deudores hipotecarios que han sido desalojados de manera arbitraria e injusta de su inmuebles, dijo el abogado Sergio Eduardo Toledo.

Las personas que deseen hacer consultas sobre el particular pueden comunicarse con el conciliador Saul Ortiz Barrera al teléfono 6701023 ò en la carrera 18 No 36-24, oficina 301, Bucaramanga.

Por presunta omisión de sentencias judiciales denunciado el alcalde de Girón

Héctor Josué Quintero Jaimes
Alcalde

Ante la Unidad de fiscalías  seccional Bucaramanga, fueron denunciados varios funcionarios del municipio de Girón, por  presunta  omisión de sentencia judicial y otros cargos.

La lista de  denunciados por la Veeduría Transparencia  la encabeza el alcalde  de Girón, Héctor Josué Quintero Jaimes.

La Veeduría que preside el señor Marcel Roberto Larios entregó a la prensa una serie de documentos en los cuales sustenta las denuncias hechas contra el gobierno municipal.

Los textos de los documentos son los siguientes:

VEEDURIA ¨TRANSPARENCIA.¨

Res. No. 001-2011. Personería San Juan Girón.

Cra. 23 No. 30-A-10. Tel. 316.89.46.018. mrl.derechoshumanos@gmail.com

Girón. Santander

Girón, Enero 15 de 2013.

Señores: UNIDAD DE FISCALIAS SECCIONAL DE BUCARAMANGA.

Delitos contra DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE JUSTICIA.

Bucaramanga.

MARCEL ROBERTO LARIOS ARRIETA, respetuosamente acudo a DENUNCIAR las conductas punibles bajo la vigencia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio constitutivos de  Infracción penal contra el TITULO XVI. DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE JUSTICIA en la modalidad de Falsedad Ideológica en Documentos Públicos, Tráfico de Influencias, Prevaricato por Acción y Omisión, Fraude Procesal, etc., contra HECTOR JOSUE QUINTERO JAIMES, NEFTALI CEPEDA MALDONADO, EDELBERTO ALVAREZ TORRES, EDUARDO GOMEZ RUEDA Secretario de Gobierno y Planeación y otros,  en hechos y... Ampliación

Otorgada tutela de protección de los DD. HH

Directivos de Asogras

Bucaramanga.- Un fallo de Tutela, en favor de la Asociación  campesina del departamento,   concedió el Tribunal Administrativo de Santander, para proteger los derechos fundamentales de los directivos  de la organización. 

El comunicado expedido por la Asociación campesina, en relación con el fallo del Tribunal, dice :

HECHOS

1. El día 29 de Agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander Rama Judicial del Poder Público, profirió fallo de Tutela con Radicado 2012-0022-00, fallo en primera instancia en favor de los Directivos de la Junta Departamental de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), los compañeros FELIX ORTIZ AMAYA, MARIBEL QUINTERO GARCIA y CESAR AUGUSTO TAMAYO, quienes presentaron Tutela para que se les protegieran y garanticen los derechos fundamentales como es el derecho a la Vida y a la Seguridad personal, compañeros Amenazados por Grupos Paramilitares que operan en el Departamento de Santander, en donde Asogras tiene presencia.

Estamos defendiendo a víctimas del Conflicto Armado Interno, campesinos a quienes les han despojado sus tierras, representándolos ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierras en Santander, las amenazas por los paramilitares se han incrementado para evitar que sigamos trabajando en este proceso.

2. El fallo de Tutela ordena a la Unidad Nacional de Protección que en un término de 48 Horas se realice la valoración del riesgo a las personas que solicitan protección y se tomen las medidas de protección en favor de los Directivos de Asogras, también ordena que contesten el Derecho de Petición que fue presentado ante la Unidad Nacional de Protección.

Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias denunciadas, dentro del marco de los programas que determina el Gobierno Nacional.

1. Dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Santander, el cual da 48

horas para que se realicen los estudios de seguridad y se protejan los derechos

a la Vida y a la seguridad personal de los compañeros a través de la Unidad

Nacional de Protección.

2. Que se garanticen todos los derechos a la seguridad de los líderes de

Restitución de Tierras que hoy venimos trabajando especialmente en el

Municipio de Sabana de Torres.

Bucaramanga, 04 de Septiembre de 2.012

220 hechos delictivos del Frente Héctor Julio Peinado, legalizó la Fiscalía

20 de junio de 2012 | 11:38 AM | Bucaramanga

Foto: Archivo

Ante un magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca, la Fiscalía General concluyó la legalización de 220 hechos delictivos perpetrados por postulados del frente “Héctor Julio Peinado” de las autodefensas durante diez años de actividad delincuencial en los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

De acuerdo con el fiscal 34 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz entre esos hechos están: los homicidios de la candidata a la Alcaldía de San Alberto (Cesar), Aida Cecilia lazo y su hija de 12 años, Cindy Paola Rendón. Los homicidios del alcalde de Gonzáles (Cesar), Juvenal Osorio Lemus, y su escolta José Gregorio Galván Arévalo; y el homicidio del alcalde de San Calixto (Norte de Santander), Henry Alfonso Machado.

En esos hechos también se incluyeron las siguientes masacres: Carrotanque, perpetrada en San Martín (Cesar) ; Cerro Redondo y Santa Rosa de Caracol, cometidas en Aguachica (Cesar); y Las Flores, ejecutada en Ocaña ( Norte de Santander).

A los postulados les fueron legalizados cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, deportación en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, actos sexuales violentos en persona protegida y tortura en persona protegida.

Así, el jefe del citado frente: Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, aceptó su responsabilidad en 84 hechos delictivos. Los otros postulados a quienes les fueron legalizados hechos delictivos son: Javier Antonio Quintero Coronell, alias Pica Pica, Francisco Alberto Pacheco Romero, alias Negro, Wilson Salazar Carrascal , alias El Loro, Whoris Suelta Rodríguez, alias Chompiras; y José Lenin Medina, alias Ojitos.

El incidente de reparación de las víctimas por los hechos legalizados comenzará a mediados de julio próximo ante la magistratura de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca.

Los postulados están privados de la libertad en cárceles de Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá.

Fuente: Prensa de la fiscalía

España: Condenado Garzón por Tribunal Supremo

El magistrado, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna» que pudiera resultar aceptable

Baltazar Garzón

(ABC.es) El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el «caso Gürtel» y sus abogados, han informado fuentes jurídicas.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

La sentencia del alto tribunal, que se ha aprobado por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón por las escuchas, supone la «pérdida definitiva» de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar minimamente aceptable».

El tribunal está presidido por el magistrado Joaquín Giménez. La sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir «todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad».

El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el «pinchazo» de las entrevistas entre presos y abogados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.