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lunes, 20 de mayo de 2013

Abren proceso en la fiscalia contra ex prersidente Uribe

Sorpresivamente, la Fiscalía determinó iniciar investigación contra el expresidente Uribe por divulgar las coordenadas de los sitios de donde salian cabecillas de las Farc para incorporarse al proceso de paz. 
Colombia.com -
Expresidente Álvaro Uribe
Bogotá - Lunes, 20 May 2013
El proceso lo adelantará un delegado de la fiscalía ante el tribunal Superior de Bogotá, como consecuencia de la denuncia instaurada por ese hecho por el congresista Iván Cepeda contra el exmandatario.
Como se recuerda, el pasado 7 de abril, a través de su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe reveló un correo con las coordenadas de los sitios que iban a ser desmilitarizados para la salida de los cabecillas de las Farc hacia La Habana.
Al efecto, Uribe escribió:
“ Otra suspensión de operaciones militares para otra impunidad a los asesinos de otros 3 soldados de Colombia”.
Y agregó:
“Esto lo q acaba de difundir el jefe de operaciones del Ejercito: Buenas tardes: Mensaje de Jeope-6:
“Lanza acaba de llegar esta Orden del CGFM, para suspender operaciones en Coordenadas (02 45 29.8 – 74 10 40.2) ( 02 45 19.7 – 73 43 47. 7) ( 02 18 24.7 – 74 10 34.6) (02 18 18. 8 – 73 42 45.5), corresponde a áreas generales del guayabero, la macarena, vistahermos,a mesetas y la uribe, suspensión a partir del dia domingo 07 abril 19:00 horas, hasta el martes 09 abril 07:00 horas” favor difundir tripulaciones.
Inmediatamente, representante a la Cámara Iván Cepeda le pidió al fiscal General, Eduardo Montealegre, investigar al expresidente Uribe por ese hecho.
“Yo, Iván Cepeda en mi condición de representante, solicito que inicie una investigación a fin de establecer las posibles conductas penales en las que ha podido incurrir el expresidente Uribe al difundir públicamente, en su cuenta de Twitter, las coordenadas del lugar donde se realizó la suspensión de operaciones militares para el traslado de varios miembros de la guerrilla de las Farc a la ciudad de La Habana (Cuba) para posibilitar su participación en el proceso de paz”, precisó el congresista.
El parlamentario reclamó, entonces, esclarecer las circunstancias del hecho y especialmente la fuente de la cual obtuvo el expresidente la información.
Además Cepeda advirtió: “Cabe la hipótesis de que algún miembro de las fuerzas militares hubieran filtrado la información. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que él la hubiera obtenido por otros medios, lo que abriría la posibilidad de que estemos hablando de unas nuevas chuzadas”.

lunes, 8 de octubre de 2012

De boicotear el proceso de paz, acusan al expresidente Uribe

Por mh/cjn | EFE
Ricardo Tellez (canciller de las Farc)
Ginebra, 8 oct (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe es el único que está boicoteando el diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, según denunció hoy " Ricardo Téllez", conocido como el "canciller" de las FARC.
"El diálogo lo apoyan los Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo en Colombia... El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe", afirmó Téllez en una entrevista telefónica con el diario ginebrino La Tribune de Genève.
El guerrillero, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Granda, se encuentra en la Habana preparando el inicio de las conversaciones con el Ejecutivo colombiano, que comenzarán el próximo 17 de octubre en Oslo.
Para Téllez, el objetivo de ese diálogo es "acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país, que es el cuarto más desigual del mundo".
Tras seis meses de conversaciones secretas, el Gobierno colombiano y las FARC suscribieron el 26 de agosto en La Habana un "acuerdo general para la terminación del conflicto" con el compromiso de abrir un proceso de paz y donde se traza "una hoja de ruta" con cinco puntos.
Esos puntos son el desarrollo rural y un mayor acceso a la tierra; las garantías del ejercicio de oposición política y la participación ciudadana; el fin del conflicto armado y la reinserción de los guerrilleros en la sociedad; la búsqueda de una solución al problema del narcotráfico, y los derechos de las víctimas.
"Todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente. Tienen que ver con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social..debemos re-inventar Colombia, que es un país muy injusto", concluyó.
Consultado sobre la posibilidad de establecer una tregua previa y paralela al diálogo, el guerrillero aseguró que su organización aboga por ello, pero que es el Ejecutivo quien se niega.
"Nosotros proponemos adoptar una tregua desde el inicio de las discusiones. Intentemos evitar muertos y heridos inútiles, pero el gobierno prefiere ligar la tregua a un acuerdo final. Lamentablemente, la experiencia muestra que no es muy buena idea", señaló,
Preguntado sobre si cree que el gobierno ha aceptado negociar porque está en posición de fuerza, tras años de amplias victorias contra la guerrilla, Téllez lo negó rotundamente.
"Hace diez años que el gobierno lleva a cabo una guerra masiva contra las FARC. Sin embargo, a pesar de sus importantes apoyos, a pesar de su tecnología, el Ejército no ha logrado derrotarnos. Seguimos estando presentes en todo el territorio colombiano. Si los militares pudieran vencernos, las autoridades no vendrían a la mesa de negociación", afirmó.
El guerrillero dijo estar dispuesto a dialogar "el tiempo que haga falta" y que espera que el gobierno ponga de su parte para que las conversaciones sean eficaces.
Asimismo, Tellez dijo que las FARC piensan anunciar "algunos principios fundamentales" en una rueda de prensa el 17 de octubre en Oslo.
Fundadas en 1964, las FARC es el grupo guerrillero más antiguo de América Latina y también el más numeroso de Colombia, donde llegó a tener más de 20.000 integrantes, aunque en los últimos años se han reducido a entre 8.000 y 9.000, según cifras oficiales.EFE

martes, 13 de diciembre de 2011

Se mantiene sanción de 16 años de inhabilidad para Árias

Andrés Felipe Árias

(Google) BOGOTA (AP) — La Procuraduría General colombiana ratificó el martes una sanción de 16 años de "inhabilidad política" a un ex ministro de Agricultura y cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe, por su presunta omisión en la celebración de contratos en un programa de subsidios agrícolas.
La sanción fue impuesta en julio en primera instancia y ratificada ahora en segunda, dejando al ex ministro Andrés Felipe Arias, ya en prisión preventiva, sin opción a postularse a cargos públicos por 16 años.
La decisión no es apelable, dijo en diálogo telefónico Jorge Aníbal Gómez, defensor de Arias.
"El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, confirmó la destitución e inhabilidad por 16 años al señor Andrés Felipe Arias Leiva, exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, involucrado en los hechos irregulares presentados en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS)", dijo la Procuraduría en un comunicado en su página de internet.

En Colombia, la Procuraduría investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos y sus sanciones pueden llegar hasta la destitución del cargo y la prohibición o inhabilidad política para postularse o para ocupar cargos públicos. La investigación penal corre por cuenta de la Fiscalía y los jueces.
En el mismo mes de julio, un juzgado penal de Bogotá ordenó la detención preventiva de Arias a pedido de la Fiscalía General y por considerar que el ex ministro podía obstruir la investigación del caso, referente a malos manejos en el ya desaparecido programa AIS por el cual se concedían subsidios agrícolas.
La Fiscalía no acusa al ex ministro, que permanece detenido en una instalación militar al norte de Bogotá, de robarse dinero del plan AIS, sino de idear un programa de asistencia financiera que carecía de formas de vigilar su correcta aplicación, en un programa que terminó entregando dineros a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para así obtener en más veces la asistencia estatal.
Críticos del gobierno de Uribe (2002-2010) han dicho que parte de esos subsidios de AIS terminaron en manos de empresarios que financiaron una precampaña electoral de Arias, que lo niega.
Arias fue nombrado viceministro de Agricultura en 2004 y al año siguiente asumió como titular de esa cartera. Renunció en febrero de 2009 para aspirar a la nominación presidencial representando al Partido Conservador, una candidatura que perdió en una votación interna del partido.
El ex ministro, quien por su cercanía a Uribe era apodado Uribito, fue imputado en julio por la Fiscalía por los delitos de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" y "peculado por apropiación a favor de terceros". Su proceso está en manos de la Corte Suprema de Justicia y un fallo para declararlo culpable o inocente demoraría varios meses.
Si Arias, quien niega los cargos, es hallado culpable podría ser condenado a por lo menos seis años de cárcel.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Investigar a Uribe por supuesto espionaje, piden a comisión

Fuente: Univisión -Google noticias
Alvaro Uribe, ex presidente
BOGOTÁ - Un congresista solicitó a una comisión legislativa abrir una averiguación formal en contra del ex presidente Alvaro Uribe por su presunta responsabilidad en un espionaje desde la policía secreta a a opositores, magistrados y periodistas, se informó el viernes.

Ya Uribe ha rendido declaraciones voluntarias y públicas ante esa comisión del Congreso, pero en una investigación preliminar abierta en marzo pasado y para determinar si hay méritos o no para una indagación formal.

La llamada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única instancia que según las leyes colombianas puede investigar a altos funcionarios y ex funcionarios como el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.

Sólo un visto bueno de la Comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso a que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuiciamiento del ex mandatario ante la Corte Suprema.

Tras recabar documentos de la Fiscalía y diferentes testimonios entre ellos el del ex mandatario en agosto pasado, el congresista Yahir Acuña, miembro de la Comisión, pidió la apertura de una investigación formal, en una solicitud presentada la víspera en una carta a su colega congresista Carlos Osorio, también miembro de la Comisión, según indicó la oficina asesora al grupo legislativo.

Uribe niega toda responsabilidad

Acuña y Osorio son los dos miembros de la Comisión al frente del caso de Uribe y decidir si se abre o no la averiguación formal es una decisión que sólo compete a ellos mismos, explicó en diálogo telefónico Héctor Javier Vergara, presidente de la Comisión.

Vergara declinó comentar detalles del caso.

El representante Acuña, miembro del partido o movimiento Asociación de Afrocolombianos, tampoco quiso comentar el caso cuando se le consultó telefónicamente y sólo dijo que cualquier asunto relativo a la investigación la decidía junto a su colega Osorio, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).

La Fiscalía General ha dicho hasta ahora que las órdenes del espionaje provinieron de funcionarios como Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia de Uribe, ya en prisión preventiva desde julio y quien lo niega.

Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010, también ha negado ordenar tal espionaje y dice que fue obra de funcionarios corruptos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una cuestionada policía secreta que dependía directamente de la Presidencia y cuyo cierre fue ordenado el 31 de octubre por el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Algunos críticos de Uribe han dicho que es inocua su comparecencia ante la comisión legislativa porque es una instancia conocida por su lentitud y por no producir fallos. Sin embargo, también ha destacado que el ex mandatario carece de su antigua influencia política como para poder frenar una decisión contraria.

Apartes del expediente que lleva la Fiscalía sobre el caso del espionaje --por el cual ya están detenidos al menos una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS-- y al que ha tenido acceso la AP, muestran fotos y detalles de las tareas diarias de activistas de derechos humanos y reporteros, así como estados bancarios de al menos un magistrado. Hasta ahora no ha trascendido el contenido completo de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.

lunes, 22 de agosto de 2011

El informe del Post sobre uso de ayuda de EEUU en chuzadas despierta escándalo

Por rrm/dmt | EFE – (Yahoo noticias)
Álvaro Uribe
Bogotá, 21 ago (EFE).- Un artículo publicado hoy por el diario The Washington Post en el que se asegura que la ayuda que Estados Unidos ha dado durante una década a Colombia para el combate al narcotráfico y las guerrillas se ha usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores generaron un escándalo en el país andino.

El informe del diario estadounidense tiene lugar cuando la Cámara de Representantes de Colombia investiga la trama de escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

"Este es un nuevo aspecto por el cual el expresidente tendrá que responder ante el congreso norteamericano", señaló a Caracol Radio Iván Cepeda, representante a la Cámara y una de las víctimas de las escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal).
"Yo personalmente haré inmediatamente una acción para que congresistas de EE.UU. tomen cartas en este asunto", añadió Cepeda al anunciar que demandará en Estados Unidos a Uribe.
El artículo de primera página del Washington Post, y que cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales y fiscales y exfuncionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que "las revelaciones implican la ayuda de EE.UU. en atroces abusos de poder y acciones ilegales".
Según el Post esas acciones las ha llevado a cabo el Gobierno colombiano "bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas".

Fafael Pardo
Para el jefe del Partido Liberal Colombiano (PLC), Rafael Pardo, esas revelaciones "aportan un nuevo actor" al proceso de las escuchas y seguimientos ilegales.

Según Pardo, con dinero o no de Estados Unidos, este hecho "no lo hace mas grave pero sí enrarece el debate".

Sin embargo, para el senador Juan Guillermo Cristo, también liberal, "lamentablemente" el Gobierno Uribe "fue engañado" por cuanto "se usaron recursos de Estados Unidos en actividades no tan santas".

En opinión de Cepeda, "es muy grave que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se esté utilizando para acabar con el prestigio de magistrados, periodistas y opositores políticos" en Colombia.

Según el congresista, con fondos estadounidenses el DAS supuestamente compró "equipos especiales para interceptar teléfonos" que "por órdenes del poder ejecutivo" no fueron usados para los fines que se tenían previstos.
Cepeda cree que llega el momento en que Uribe "debe empezar a responder" ante instancias internacionales por las escuchas y seguimientos ilegales.

Uribe está acusado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de concierto para delinquir para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones.

El pasado jueves el exgobernante compareció precisamente ante ese comité y se defendió durante casi tres horas y después respondió por otras dos más a las preguntas de los congresistas, para dar explicaciones sobre la trama de espionaje ilegal. EFE

viernes, 19 de agosto de 2011

A los ataques de Uribe, atribuidas amenazas contra Piedad Córdoba

Yahoo noticias -
Luís Guillermo Pérez
Bogotá, 19 ago (EFE).- Las amenazas de muerte que obligaron a Piedad Córdoba a salir de Colombia son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora expresidente Álvaro Uribe y del silencio que ha guardado el actual mandatario, Juan Manuel Santos, afirmó hoy el abogado de la excongresista opositora, Luis Guillermo Pérez.

El letrado, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista con Efe, que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.

La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos ilegales, causa a la que Córdoba concurre como víctima.

Córdoba "recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida", dijo Pérez.

"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el vicepresidente de la FIDH.

El abogado advirtió de que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".
"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.

En el segundo caso, el letrado explicó que Santos "no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".
Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno, y de los ministros de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.

"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia", enfatizó el jurista.

Una docena de rehenes han sido liberados de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) merced a gestiones de Córdoba, quien el pasado noviembre fue destituida como senadora e inhabilitada durante 18 años para ejercer cargo público por decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez.

El funcionario le siguió una investigación disciplinaria por colaborar y favorecer a esa guerrilla, imputaciones similares a las que le ha hecho el propio Uribe (2002-2010).

Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la contempla como un derecho.

"Es también un deber de todo ciudadano reclamar para que cese la violencia política en nuestro país", apuntó Pérez, quien participa en el mismo proceso parlamentario contra Uribe en la doble condición de víctima y representante de afectados.

Además de Córdoba, el abogado representa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dentro del conjunto de la parte civil en la investigación preliminar contra el expresidente.

Durante una larga "versión libre" (testimonio) ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Uribe negó el jueves que haya ordenado a la central de inteligencia del Estado misiones de espionaje a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.

El abogado colombiano Luis Guillermo Pérez afirmó que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de la exsenadora Piedad Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche. EFE/Archivo


miércoles, 20 de julio de 2011

Sanción ejemplar del Procurador general

La Procuraduría de Colombia inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, implicado en un escándalo por corrupción, en la que constituye la sanción más severa hasta ahora a un ex alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador general
La Procuraduría de Colombia inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, implicado en un escándalo por corrupción, en la que constituye la sanción más severa hasta ahora a un ex alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La sanción a Arias y a otros once ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, implicados en un escándalo de corrupción en la asignación de subsidios campesinos, fue anunciada por el procurador Alejandro Ordóñez en una declaración a la prensa, en la que señaló que las investigaciones determinaron que el ex ministro "sí era responsable de la asignación de contratos".
Andrés Felipe Árias
Ex ministro de agricultura
Esta es la sanción más severa dictada hasta ahora a un ex funcionario del gobierno de Uribe, varios de los cuales son investigados por la justicia en diversos casos.

Hace dos meses, la Fiscalía imputó al ex secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, y a la ex directora del servicio secreto DAS, María del Pilar Hurtado, actualmente asilada en Panamá, por un caso de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema, políticos opositores y periodistas.

Arias fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 16 años por su implicación en el caso del programa Agro Ingreso Seguro, de subsidios a familias campesinas, cuyos fondos terminaron en manos de importantes terratenientes, algunos de los cuales financiaron la campaña por la reelección de Uribe en 2006.
El ex ministro anunció que apelará la sanción, y que de ser necesario llevará su caso a la instancia superior de la justicia de lo contencioso administrativo.

"Acato con tranquilidad y humildad la decisión, pero no la comparto. La trampa de unos pocos particulares no puede ser mérito para sancionar a un ministro y un equipo honrado", dijo Arias en una declarción pública, en la que además sostuvo que el proyecto de subsidios agrarios "fue correctamente planeado por el ministerio".

Además de esta sanción disciplinaria, el ex ministro está a la espera de que la Fiscalía le impute cargos por ese mismo caso, en una audiencia prevista para el próximo jueves.

El escándalo de Agro Ingreso Seguro fue denunciado por la prensa en 2009. Según las primeras indagaciones, del programa de subsidios a campesinos se beneficiaron también reinas de belleza, narcotraficantes y miembros de grupos armados ilegales.

Arias, considerado uno de los hombres más cercanos y leales a Uribe, intentó sin éxito en 2010 ser el candidato del Partido Conservador a las elecciones presidenciales, que ganó el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Santos también se desempeñó como ministro de Uribe, en la cartera de Defensa, entre 2006 y 2009.

Al asumir la Presidencia, en agosto de 2010, Santos nombró a Arias como su embajador en Roma, en reemplazo de Sabas Pretelt, quien era requerido en ese momento por la justicia colombiana en una investigación por la entrega de dádivas oficiales a congresistas a cambio de apoyo a la reelección de Uribe.

Pero ante la polémica que generó su designación como embajador, el ex ministro de Agricultura declinó el ofrecimiento y anunció que permanecería en Colombia para atender los pedidos de la justicia.

lunes, 28 de febrero de 2011

Denuncian a Uribe por presuntos vínculos paramilitares

Fuente: Caracol
Febrero 25 de 2011

El Polo Democrático denunciará al expresidente Álvaro Uribe por presuntos nexos con el paramilitarismo, anunció este viernes el representante Iván Cepeda, vocero de esa colectividad en la Cámara.

Dijo que están revisando el material que se incluirá en la querella, entre ellas sentencias judiciales que indican que Uribe y miembros de su familia y de su gobierno tuvieron nexos directos con sectores del paramilitarismo.
"Está probado en los tribunales que Uribe tuvo encuentros directos con la cúpula del paramilitarismo, como el senador Miguel Alfonso de la Espriella, la exrepresentante Eleonora Pineda y recibió financiación de sectores del paramilitarismo como 'La Gata' Enilce López", señaló Cepeda.

Afirmó que miembros muy cercanos de su gobierno y personas muy próximas de su familia, además de su primo germano Mario Uribe, condenado por decisión de la Corte Suprema de Jutsicia, tuvieron vínculos con el paramilitarismo.

Según Cepeda, "es cuestión de días que nuevos miembros de la familia de Uribe aparezcan vinculados con ese sector ilegal".

El congresista, quien señaló que prácticamente todas las decisiones y actos administrativos del periodo Uribe están cuestionados, anunció que la denuncia contra Uribe por paramilitarismo sería elevada la próxima semana ante la comisión de Acusación de la Cámara.

El representante a la Cámara por el PDA, Iván Cepeda, dijo que están revisando el material que se incluirá en la querella, entre ellas sentencias judiciales que indican que Uribe y miembros de su familia y de su gobierno tuvieron nexos directos con sectores del paramilitarismo. AMPACIÓN
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